Derechos posesorios sobre islas y costas

INSEGURIDAD.

Y dale con el derecho posesorio

Pedro M. Vallarino Cox

De lo único que podemos estar seguros con el derecho posesorio (DP) es de su gran inseguridad jurídica. Si el 70% del territorio nacional tiene esta forma de tenencia, ya nos podemos imaginar la desazón y el temor de una inmensa cantidad de ciudadanos, máxime en estos momentos cuando el desarrollo turístico y el boom inmobiliario han disparado los precios (y los apetitos) especialmente en todas las zonas costeras del país.

El DP era algo con lo que tradicionalmente nos habíamos acostumbrado a convivir debido a la incapacidad crónica del Estado para titular a todo el mundo, careciendo entonces de un sistema catastro-registro actualizado y funcional. Para compensar esa debilidad, diversas administraciones trataron de darle algún reconocimiento legal al DP: a través del Código Civil; luego lo insertaron en el Código Agrario; y posteriormente mediante la Ley 63 de 1973 se crea la oficina de Catastro y se le asigna la función de dar títulos “en terrenos baldíos y fincas constituidas propiedad de la nación”. En el año 2003 cuando comenzaron a soplar vientos del boom turístico y se despertaron apetitos incontrolados por poseer tierras con potencial, apareció la Resolución No. 062 del MEF que trató de normar, mediante un largo y engorroso proceso, la transformación de DP en títulos de propiedad. Era un reconocimiento tácito del DP por parte del Estado. En el 2005, y tras una ejemplar lucha ciudadana en contra de un anteproyecto de ley que pretendía regular la concesión y venta de islas, y la concesión de costas, al menos se logró que se incluyera un parágrafo donde se obligaba al Estado a respetar los DP existentes en las islas y costas panameñas. Nació entonces la controvertida Ley 2 del 2006, único instrumento legal que aparentemente protege cualquier tipo de derecho posesorio, a pesar de que reconocidos constitucionalistas han insistido que a través de varios artículos de nuestra Carta Magna se insinúa la existencia

plena de esa figura aunque no con ese mismo nombre.

Cuando parecía que las aguas estaban retornando a su nivel y que a través del Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat) se estaban adelantando exitosamente las transformaciones de DP en títulos de propiedad, apareció la Resolución MEF-090 de julio 20/2007 mediante la cual se elimina de un solo tajo la Resolución 062 mencionada arriba. ¿Con qué fin? El MEF aduce lanecesidad de acabar con tanta tramitología que imponía la Resolución 062, pero al mismo tiempo nos advierte de que el Estado necesita recuperar su derecho a disponer de los bienes de la nación como lo estime conveniente. Pero, ¿qué se entiende por “bienes de la nación”? ¿Entre tales bienes estarán incluidos solamente los “terrenos baldíos y fincas constituidas propiedad de la nación” o también se incluirán todos los terrenos que no están titulados actualmente, es decir, el 70% del país que esta bajo la figura del DP? ¿O será que el MEF califica como “terrenos baldíos” dicho 70% del territorio nacional? Si la respuesta es afirmativa, entonces podemos decir como nuestros abuelos: ¡se sienten pasos de animal grande!

Muchos se preguntan qué es lo que tiene tan incómodo al ejecutivo con este tema del DP, especialmente al MEF y al IPAT. Algunos dicen que es la proliferación de especuladores, otros dicen que es el hecho de las enormes ganancias que están obteniendo los particulares y que al Estado solo le toca el 10%. Y los demás opinan que lo que el gobierno desea es aplastar el DP y tener un poder decisorio total sobre cómo y quiénes desarrollarán las islas y costas del país. Lo cierto del caso es que existe una creciente incertidumbre y malestar entre todos los que ostentan DP, quienes vienen articulando interesantes cuestionamientos: ¿Qué es un “especulador con tierras” y qué dice la ley al respecto? Si el derecho posesorio es realmente un derecho, ¿puede el Estado desconocerlo o ponerle limitaciones? ¿Cuál es la verdadera fuerza jurídica del parágrafo del artículo 1 de la ley 2 del 2006? ¿Cuál es la razón para no haber reemplazado de inmediato la normativa consignada en la Resolución 062? ¿Cómo afecta la Resolución 090 a los programas de regularización que adelanta Pronat en estos momentos? El debate queda abierto y pienso que el país (abogados, constitucionalistas, funcionarios, etc.) está en mora para definir de una vez por todas todo lo concerniente a los derechos posesorios.

El autor es presidente de la Fundación para el Desarrollo Turístico del Caribe

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El derecho posesorio nació como una figura social y no como una figura especulativa.  Los especuladores se han valido de esta figura para tomarse el país y a la vez vendérselo a los extranjeros y en este gran negociado no queda dinero, ni en los lugareños que deben buscar donde acomodarse, ni en el Estado. Negocio redondo!

El interés colectivo y del ambiente y del país no está siendo protegido en todo esto.

Vendepatrias, aunque se rasguen como Tartufo las vestiduras en el Parlamento!

Buscarle el lado positivo a la ley 2 que permite la titulación de espacios costeros e insulares hasta donde rompe la ola de nuestros oceános es un robo al país, máxime cuando no serán los panameños quienes detentarán estos títulos.

Burica Press

Megaproyecto turístico se levanta en Archipiélago de Las Perlas

Se preguntará usted por qué tanto apuro en aprobar una ley insular y costera que le permite al Estado vender con título de propiedad las islas? Para permitir que estos proyectos que no pagan impuestos se adueñen y hagan el negocio de su vida de nuestras islas como el caso que a continuación presentamos. O sea nuestros intereses de ciudadanos dueños titulares de las islas según la Constitución, fueron burlados.

Para nosotros los “megas” son prefijos muy peligrosos y este parece serlo sin lugar a dudas, dado que ya nos hemos percatado que se le aprobó un EIA cat. 2 en vez de cat. 3 y lo realizó la misma consultora que hizo el EIA del Camino Ecológico, que era una aberración científica. No podemos esperar nada bueno de lo que allí está ocurriendo y de los verdaderos impactos que este megaproyecto genera.

Estamos viendo el final de nuestras islas, si no hacemos un esfuerzo serio en recuperlas de la especulación y los piratas.

Como pueden ver en este proyecto hay corrupción, ya que ANAM se hizo de la vista gorda y ni siquiera exigió un EIA de la categoría que correspondía. Este proyecto es más inmobiliario que turístico y aquí no pasa nada.

Burica Press

En España, Puerto Rico, República Dominicana y otros países se han dado campañas ciudadanas para evitar que sus costas fueran destruidas con moles de concreto, bajo el pretexto de desarrollo. Desarrollo de qué y para quién?. Fuente: http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/costas/campa-as-de-greenpeace-para-pr

Los que pretenden vendernos que las moles de concreto y afines en nuestras islas y costas son desarrollo, como si fuéramos ignorantes, sepan que existimos personas que sabemos que estas son falacias, ya que todos sabemos que el desarrollo nunca produce destrucción, ni pérdida de derechos ciudadanos sobre los bienes nacionales, legados por la Constitución. El eje transversal del desorrollo debe ser la formación del individuo, especialmente a través de la educación. Un individuo formado es un individuo libre y es por si un motor de desarrollo.
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Proyecto turístico se levanta en el Archipiélago de Las Perlas

El proyecto se enfoca a la clase media alta y de fuerte poder adquisitivo, por los altos precios residenciales.

Costará más de 500 millones de dólares y generará 800 empleos directos.

Raúl A. Bernal – La Prensa, 12 de enero de 2006
rbernal@prensa.com

El francés André Beladina llegó hace cinco años atraído por la particular belleza y encanto de Panamá. Su objetivo era establecer su residencia permanente en el país, pero poco tiempo después se encontró con un grupo de amigos e inversionistas que lo motivaron a ingresar en un “sueño” que hoy se ha constituido en uno de los proyectos más ambiciosos del sector turístico.

El proyecto residencial y turístico Isla Viveros, ubicada en el archipiélago de Las Perlas, contempla una inversión que superaría los 500 millones de dólares. En el proyecto intervienen inversionistas europeos, mexicanos y panameños, y se espera que la obra culmine en su totalidad en el 2012.

Lujosas villas, con precios que inician en 700 mil dólares, hoteles cinco estrellas, condominios; así como canchas de golf, marinas, centros comerciales, restaurantes y áreas de entretenimiento, son parte del diseño, cuya primera fase inició con la rehabilitación de una pista de aterrizaje para avionetas y jets privados. Los primeros 80 millones de dólares se destinarán a infraestructura.

Según Beladina, presidente del Grupo Viveros, el proyecto promoverá el desarrollo en el archipiélago de Las Perlas, al generar más de mil empleos directos e indirectos en su etapa de construcción y unos 800 permanentes una vez culminen las obras.

El proyecto se promueve a nivel internacional en las 300 oficinas de la inmobiliaria CB Richard Ellis, en su sitio web y en revistas locales. Según Luigi Bemporad, ejecutivo de la empresa, ya existen reservaciones y una lista de clientes potenciales.

Y tiembla la tierra

A pesar de que sus promotores aseguran que el proyecto conserva el aspecto natural de la isla y que se ha cumplido con los estudios de impacto ambiental exigidos, hay voces que protestan contra lo que consideran un atentado hacia las áreas verdes.

El ambientalista Ariel Rodríguez lo considera un proyecto “antiecológico”, porque se miden las ganancias económicas y no las pérdidas ambientales.

Según Rodríguez, la cantidad de desechos sólidos y líquidos que generaría un desarrollo de esa magnitud coparía la capacidad de carga ecológica de ese territorio insular.

Además, hace dos meses el abogado Juan Ramón Sevillano presentó una denuncia en la Fiscalía 12 contra el proyecto, por haberse excedido en la quema y tala de árboles para construir una pista de aterrizaje. Pero Grupo Viveros asegura que en mayo pasado la Autoridad Nacional del Ambiente aprobó el estudio de impacto ambiental, que incluye la renovación de la pista de aterrizaje.

El país está en venta y eso a nadie le importa!

Esto es el inicio de gran negociado con nuestro patrimonio nacional, que de concretarse la aprobación de ley 132, será la privatización total del patrimonio común de las presentes y las futuras generaciones.

Dónde están nuestros derechos ciudadanos frente a la privatización de nuestros recursos?

Por qué el Estado vende sus islas que la constitución y el código agrario protegen como derechos de TERCERA GENERACIÓN
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Island Real Estate – Islands for sale in Panama
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San Pedro Island
Under Contract
1000 hectares

Isla Paradita
US$ 3.7 million
65 acres

Pacific Island
US$ 365,000
8.5 acres

Santo Island
Enquire
47 acres

Isla de Puerco
US$ 2 million
250 acres

Las Perlas
US$ 1.3 million
17 acres

Isla Chica
US$ 65,000
2/3 acre

Panama Island Two
US$ 152,500

Panama Island Three
US$ 150,000

Isla Aguja
US$ 395,000
17 acres

Boca Chica Island
US$ 850,000
103 hectares

Las Perlas Island
US$ 1.1 million
17 acres