La tierra prometida no se vende

PATRIMONIO NACIONAL

La tierra prometida no se vende

Jorge Gamboa Arosemena
opinion@prensa.com

Moisés llevó a los israelitas a la tierra prometida donde tendrían espacio para habitar libremente, para trabajar, para producir alimentos, bienes de consumo y servicios; y esos espacios ¿qué son? Nada menos que pedazos de patria. Mateo Iturralde decía: “la patria no se vende”.

Detrás del proyecto de ley que promueven sectores políticos, cuyo supuesto objetivo es legalizar la tenencia de la tierra a quienes la han habitado o trabajado durante muchos años, se esconden intereses bastardos. El legalizar la tenencia mediante la titulación es correcto, lo fraudulento está en que se hace en un momento de especulación inmobiliaria, cuando los sectores adinerados pretenden acaparar o hacerse de las tierras, que por su ubicación, entran en una vorágine especulativa.

Se pretende titular 40 mil predios en las áreas costeras e insulares. Se habla de entre un 80% y 90% de ciudadanos pobres que se harían acreedores a la titulación. Una vez tituladas las tierras, estas personas tendrían la potestad de “vender su tierra”. Para que la tierra, “pedazos de la patria”, cumpla su función social y no afecte la integridad y la seguridad nacional, la titulación no puede ser aplicada ingenuamente, porque estaríamos entregando ese patrimonio a ciudadanos que, si fueran ciudadanos no pobres, hoy con derechos posesorios, ellos generarían una vorágine especulativa o si fueran los ciudadanos pobres, serían pasto fácil de esta vorágine.

Pensemos: si a 20 jefes de familias pobres, en un área de potencial turístico, se les titula 50 hectáreas de tierras, no pasaría mucho tiempo antes de que sean tentados a “vender” esas tierras por, digamos 20 mil dólares cada uno. Esto sumaría 400 mil dólares. Los inversionistas, vendiendo a 10 dólares el metro cuadrado, recogerían 5 millones de dólares. Y quien las desarrolle, por lo bajo según la ubicación, recogería 20 millones de dólares, si las vendiera a 40 dólares, más la ganancia de la venta por mejoras. Uno se ganaría más de 4 millones, luego de costos, y el otro más de 10 millones luego de costos, solo en vender parcelas de patria.

Para evitar esta especulación, si los proponentes de la ley fueran gente bien intencionada propondrían una norma que frenara la especulación. En caso de que ocurra tal especulación, el Estado debería garantizar que quienes tengan tierras tituladas en áreas donde no se dé esa especulación, tengan como resarcimiento la diferencia entre el valor real dado por Catastro, bajo móviles sociales de equidad, y el valor de la transacción especulativa.

Por una mentalidad de capitalismo salvaje, como decía Juan Pablo II, se ha distorsionado el supuesto valor de la tierra, es decir, de las parcelas de patria. La tierra no puede tener un valor comercial, como un bien manufacturado por una industria o artesano, porque la manufactura tiene una plusvalía y la tierra estaba ahí antes de que llegáramos a esta vida y estará ahí una vez abandonemos este mundo.

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La Constitución Nacional establece propiedad de dominio público y justo las costas e islas tienen el principio constitucional de dominio público para usufructo generacional.

Burica Press

Siguen justificando venta de tierras inalienables de la nación

LENTITUD. En dos años, Catastro sólo ha entregado 12 títulos de propiedad

70% de islas y área costera tienen derecho posesorio

Sus ocupantes temen que de la noche a la mañana aparezcan inversionistas nacionales y extranjeros con mucho dinero y les arrebaten la tierra que han ocupado durante años.

Yaritza Mojica

PA-DIGITAL

Costumbre Por generaciones, los lugares han ocupado la tierra con derechos posesorios.

Más del 70% de las tierras que están en áreas insulares y costeras del país están registradas bajo la figura de derecho posesorio, lo que las mantiene en un limbo jurídico.Actualmente, el temor de los más de mil lugareños e isleños que tienen su propiedad con derecho posesorio, es que sus tierras sean vendidas a grandes inversionistas.Según el director del Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), Rolando Armuelles, el 30% de los terrenos insulares y costeros posee título de propiedad y el resto del territorio pertenece al Estado.

Armuelles recomienda a los lugareños que tienen terrenos por posesión que no los vendan.

“Existe un sector con mucha influencia que ve peligroso el que exista un mercado de tierras con titulación”, destacó.

El 55% de los terrenos a nivel nacional en áreas urbanas, rurales y playas también presenta el mismo problema; solo tienen sus derechos posesorios.

La mayoría de los dueños de estas islas y costas solo puede luchar por sus tierras amparándose en un derecho posesorio, que actualmente la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no reconoce.

La Ley 63 del 31 de julio de 1973 establece que Catastro sólo reconocerá como dueños a aquellas personas que tienen sus terrenos y fincas inscritas en el Registro Público.

Proyecto.

Con el anteproyecto de Ley 459, que modifica el Código Agrario, y que presentó el diputado Freidi Torres, se busca que Catastro pueda reconocer el derecho posesorio.

Esta figura tiene diferentes expresiones y formas de reconocerse si están en manos de los municipios, el Banco Hipotecario, la Reforma Agraria o Catastro.

Una fuente oficial del MEF aseguró que Reforma Agraria otorga los títulos de tierra de manera discrecional, “de allí la agilidad de los trámites”, sostuvo.

Eficiencia.

En los últimos dos años, Catastro sólo ha otorgado 12 títulos de propiedad; 6 en costa arriba de Colón; 2 en Los Santos y 4 en Farallón.

Mientras que PRONAT ha gestionado más de 60 mil títulos de propiedad a nivel nacional, principalmente, en Veraguas, Herrera, Los Santos y el oriente de Chiriquí.

A partir del 13 de noviembre pasado, una modificación al Código Agrario permite que PRONAT a través de Reforma Agraria otorgue títulos en islas y playas.

Antes, esta potestad era solo de Catastro que con la Ley 42 del 2 de mayo de 1974 era el único que concedía títulos para islas y costas.

Las discusiones en la Comisión de Hacienda sobre la Ley 459, el jueves pasado dejó claro que los lugareños e isleños no quieren que Catastro maneje los títulos.

El temor de ellos es que Catastro les venda sus propiedades a otros mejores postores, además aseguran que la demora puede ser de varios años.

Diputados insisten en vender lo que no es suyo

DENUNCIAN QUE HAY INVERSIONISTAS que TRATAN DE SACAR PROVECHO DEL PROYECTO

Proponen vender islas y costas a precios irrisorios

Corredores de bienes raíces calificaron el proyecto de ley como una iniciativa que no beneficia las arcas del Estado.

DIFERENCIAS. Los diputados Freidi Torres y Pedro Miguel González, de la bancada oficialista, presentan las modificaciones enviadas por el Ejecutivo. LA PRENSA/Eric Batista1130959

Rafael E. Berrocal R.
José Quintero De León

panorama@prensa.com

En un intento por enmendar el negocio detrás de la titulación y venta de islas y costas, la Comisión de Hacienda de la Asamblea modificó, luego de presiones del Ejecutivo, el proyecto de ley 459 para establecer precios específicos para los nuevos inversionistas que van entre 50 centésimos y 5 dólares el metro cuadrado.

Para los corredores de bienes raíces se trata de precios “irrisorios” que no guardan realidad con el mercado, y que le causarán una gran pérdida al Estado. La tabla establece 13 regiones con diferentes precios que no superan los 5 dólares, eliminando el mecanismo de avalúo a través de la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas (ver cuadro). Para hacer más fácil el negocio, el proyecto fija plazos de pago de 10 años.

“Es irresponsable ponerle desde ya un precio a estas propiedades. Es como vender la leche antes de ordeñar la vaca”, dijo Iván Carlucci, directivo de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir).

Carlucci indicó que detrás de todo esto debe haber un “gran negociado” de personas que ya tienen toda una “estructura montada” para aprovecharse de estas valiosas tierras.

Mientras tanto, un grupo de lugareños que han ocupado espacios de tierra por más de 10 años ininterrumpidos pidieron ayer la diferenciación de sus casos con la de los inversionistas y especuladores. En la modificación, los lugareños podrán titular sus tierras pagando un precio de 100 dólares la hectárea, también con facilidades de pago de 10 años.

La Constitución, en su artículo 291, solo prevé dos formas para que personas naturales o jurídicas extranjeras puedan comprar área insular. Una de ellas es declarar el lugar como área de desarrollo especial. Precisamente eso fue lo que hizo la Asamblea en 2006 con la Ley 2 de 11 de enero, promovida por el diputado Pedro Miguel González, que permitió vender islas y costas para aprovechamiento turístico.

Mireya Acevedo, presidenta del Comité de Playa Uverito en Los Santos, indicó que el programa de titulación es importante para muchas personas humildes que están amenazadas con ser desplazadas por grandes intereses económicos.

Pero aceptó que el proyecto de titulación debe ser manejado con transparencia para evitar el abuso.

Mariano Quintero, director de Catastro, expresó que su despacho no podía estar de acuerdo con el proyecto original, ya que defenestraba las competencias de esta entidad en favor de Reforma Agraria. Considera, sin embargo, que es de justicia reconocerle al lugareño sus derechos posesorios.

El presidente de la comisión, Pedro Miguel González, bajó la guardia y dijo ayer que el proyecto se va discutir con calma y con participación amplia, incluyendo a la Dirección de Catastro. El debate en la comisión se reanuda el próximo jueves.

Torrijos se beneficiaríade proyecto

El alcalde del distrito de Antón, Roger River, dijo ayer que de aprobarse el proyecto de ley que busca titular y vender las zonas costeras, se beneficiarían todas las concesiones otorgadas en Farallón y Playa Blanca, incluyendo la propiedad donde el presidente, Martín Torrijos, tiene su mansión de playa.

Se trata de la finca Quintas Sol y Mar, donde también han levantado sus casas de playa los amigos íntimos del Presidente: Félix Pille González e Ilianna Krupnik y donde Ubaldino Real tiene un terreno sin construir.

En el área también se está instalando la cadena de hoteles Hard Rock Café, ubicado entre el proyecto Casa de Campo Farallón y la casa de Torrijos. El nuevo hotel 5 estrellas utilizará parte de la concesión que le cedió Farallon Aquaculture, la empresa exportadora de larvas de camarones.

Rapiña con las tierras costeras e insulares inalienables

El diputado Pedro Miguel González hizo a petición de partes interesadas la Ley 2 2007 que vendía nuestras islas y costas. Ahora viene con el borde del mar y las islas. Hizo esa ley invocando urgencia notoria y fue aprobada por la aplanadora de sirios y troyanos. Fue aplastante la posición del PRD y la oposición (si se le puede llamar oposición).

Por el fuero de impunidad de los diputados no se les puede investigar los delitos que existen detrás de la aprobación de leyes a solicitud de partes interesadas. Qué barbaridad! Hasta donde llegará la venta inescrupulosa y corrupción en este país!

Que alguien le regale el pavo y el jamón de navidad y año nuevo a los diputados Pedro Miguel Gonzalez y Freidi Torres para que no tengan necesidad de vender lo poco que le queda libre del país! Qué avaros e inescrupulosos!

Se pueden ustedes imaginar el impacto ambiental sobre los recursos costeros e insulares como resultado de este mercantilismo salvaje del patrimonio de todos los panameños.

Quien vende a su patria, vende a su madre. Y razón tienen los muchachos universitarios cuando en sus manifestaciones gritan: Aquí están, eso son, los que venden la nación. Más evidente no puede ser.

Ojalá el Presidente Martín Torrijos le quedara un poco de escrúpulos y tachara por vendepatria este nuevo negocio de año nuevo de los diputados de su partido.

Que alguien le regale el pavo y el jamón de navidad y año nuevo a los diputados Pedro Miguel Gonzalez y Freidi Torres para que no tengan necesidad de vender lo poco que le queda libre del país!

Burica Press

MEF SE OPONE A LA INICIATIVA.

Proponen vender costas e islas

Diputados liderados por Pedro Miguel González y Freidi Torres buscan aprobar hoy en primer debate un proyecto de ley para vender estas propiedades.

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

A pesar de la advertencia hecha por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional pretende aprobar hoy en primer debate un proyecto de ley que busca poner en venta las costas e islas del país.

El MEF envió una carta a la Comisión de Hacienda, pidiendo la suspensión del proyecto, solicitud que no fue atendida por los diputados. Tampoco se dio la explicación con la que el MEF sustenta la suspensión del proyecto.

Por el contrario, el presidente de la Comisión, Pedro Miguel González, ordenó darle celeridad a la discusión con el objetivo de aprobarlo hoy martes en primer debate, o a más tardar el próximo jueves 11 de diciembre.

La iniciativa pretende titular o vender todas las propiedades que se encuentran dentro de los 200 metros de costa después de la marea alta y las islas del país, poniendo como precio máximo para la venta, seis dólares por metro cuadrado.

Además, el proyecto le quita la potestad a la dirección de Catastro del MEF de administrar estos bienes del Estado, y se lo traspasa a la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).

El viceministro del Mida, Adonai Ríos, también solicitó a los diputados analizar sin apuros el proyecto de ley, aduciendo que se trata de un tema complicado.

De acuerdo con informes del Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat), existen en costas e islas unos 45 mil predios que se manejan actualmente con derechos posesorios.

EN JUEGO ESTÁN LAS TIERRAS MÁS COTIZADAS DEL PAÍS

Pondrán en venta islas y costas panameñas

Detrás de la iniciativa de un grupo de diputados hay fuertes intereses económicos, disputas legales y diferencias entre las propias instituciones del gobierno. Aun así le darán celeridad a su aprobación.

NATURALEZA EN PELIGRO. El proyecto de Ley 459 pondrá en venta las costas e islas panameñas, aunque se han excluido ahora las zonas protegidas y las comarcas. LA PRENSA/Carlos Lemos

Rafael E. Berrocal R.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓNrberrocal@prensa.com

Como en todo fin de año, los diputados se preparan para dar otro golpe de gracia, donde al parecer existen grandes intereses económicos y las tierras más cotizadas del país.

La Asamblea Nacional tiene en primer debate un proyecto de ley que permitirá la repartición de todas las islas y costas panameñas a precio de seis dólares el metro cuadrado, un valor irrisorio si se comprara con lo que se cotiza en el mercado.

El programa de titulación y venta ha generado controversia a lo interno del gobierno ya que el Ministerio de Economía y Finanzas perderá la potestad de administrar estas propiedades. Hasta ahora los terrenos dentro de la franja de 200 metros en las costas después de la marea alta y las islas solo podían ser dadas en concesión para el desarrollo de proyectos turísticos.

Ahora estas funciones se pretenden pasar a la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario para que legalice los derechos posesorios que hay asignados en costas e islas, y se proceda a la venta del resto de estas codiciadas tierras.

En total Panamá cuenta con mil 450 kilómetros de costas y el Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat) sostiene que existen 45 mil predios por asignar en estas zonas.

Pronat ya se ha adelantado a realizar un informe catastral de todas las islas y costas panameñas, empezando por Los Santos, costa arriba de Colón y Punta Burica en Chiriquí.

En la primera reunión de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Adonai Ríos, recomendó no acelerar el debate del proyecto de ley ya que acepta que es un tema complicado que debe ser analizado a profundidad.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Pedro Miguel González, ordenó todo lo contrario: darle celeridad a la discusión de la iniciativa con el fin de aprobarla en primer debate hoy, martes, o a más tardar el jueves 11.

Detrás del impulso del proyecto existe un grupo de inversionistas que ha designado a Pedro Vallarino para que trate de impulsar el proyecto dentro de la Asamblea Nacional.

Se trata de representantes de empresas que han adquirido derechos posesorios y que ahora buscan titular a no más de seis dólares el metro cuadrado como establece el proyecto del ley en discusión.

El precio de venta no parece ser prioridad para los diputados que impulsan el proyecto ni para los funcionarios públicos. “Sabemos que en las costas e islas residen tanto campesinos como personas muy pudientes, pero la idea es quitar la subjetividad de los procesos y darle el título de propiedad”, dijo Nadia Moreno, directora de Reforma Agraria.

Rolando Armuelles, director de Pronat, señaló que el precio calculado no puede estar basado en el valor de mercado porque el Estado es solo un administrador de estas tierras. “Es algo diferente a lo que sucedió con las áreas revertidas”, dijo Armuelles.

Tras la ilegalidad

Además del problema de especulación que puede generar el proyecto de ley, también resalta el tema de la legalidad de los derechos posesorios otorgados.

Pronat reconoce que dentro de las costas e islas existen “miles” de conflictos legales por traslape y sobreposesión de propiedades que complican el tema de la titulación y venta.

En medio de la bonanza inmobiliaria que vive el país, las gobernaciones y alcaldías del país también han emitido derechos posesorios sobre propiedades en costas e islas que ya tenían ocupantes, generando cientos de conflictos legales.

Según abogados consultados sobre el tema, estos derechos posesorios deberían ser declarados ilegales porque el único ente autorizado para hacerlo es la dirección de Reforma Agraria, y bajo condiciones que comprometen el uso de las tierras.

La situación ha generado preocupación entre personas que tienen estos problemas, porque quedará en manos de Reforma Agraria definir qué derecho posesorio será el validado.

Este es el caso de la familia Domínguez, que tiene un título de propiedad en la playa Uverito en Las Tablas, el cual data de 1935, antes que se prohibiera la titulación dentro de los 200 metros en costa después de la marea alta. Ahora la propiedad que reclama la familia Domínguez aloja a más de 10 personas que dicen tener un derechos posesorios sobre estas tierras, incluyendo al diputado oficialista Olivares Frías.

“Este tema nos preocupa porque estamos luchando contra invasores que tienen poder político y cualquier cosa puede pasar”, dijo Abel Domínguez.

Pero así como la familia Domínguez, solo en las costas de la provincia de Los Santos se han reportado 42 casos donde existen duplicación de derechos posesorios y acusaciones de invasión de terreno de forma ilegal.

Erick Jiménez, ex director de Reforma Agraria, reconoció que se trata de un tema muy delicado que debe ser manejado con mucho detenimiento.

Indicó que muchos de los problemas han sido ocasionados por las autoridades locales como los gobernadores, que a veces desconociendo la legislación han cometido exabruptos legales. “Han ordenado desalojos de humildes ocupantes para beneficiar intereses privados sin tener la competencia para hacerlo”, dijo Jiménez.

MEF pidió suspender la discusión del proyecto

Freidi Torres, diputado oficialista y proponente del proyecto de ley, sustenta que la modificación es necesaria porque la dirección de Catastro, bajo el paraguas del MEF, no podía atender esta demanda. “Ellos tienen miles y miles de expedientes en trámite y el proceso es más engorroso”, dijo Torres.

En la Comisión de Hacienda se mencionó que Catastro tiene 6 mil expedientes sin procesar, pero el director a cargo de esta institución, Mariano Quintero, no atendió a la invitación del primer debate de este proyecto de ley.

Quintero tampoco participó de la consultas previas.

Oydén Ortega (hijo) representó al MEF en la reunión, pero retiró una carta que había levantado la dirección legal de esta institución en contra del proyecto de Ley que busca aprobarse en primer debate hoy.

La carta sostenía que se debía suspender la discusión del proyecto de ley. Ortega dijo que necesitaba hacer otras consultas.

Aun así grupos organizados de empresarios y residentes de las áreas costeras se han presentado a defender el proyecto que les permitirá concretar sus negocios.

Asamblea y Corte intentan cometer crimen de lesa patria

PROYECTO

Concesiones costeras en la mira

ALEXIS CHARRIS PALACIOS
acharris@laestrella.com.pa

Portada PANAMÁ. En la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, el diputado del PRD, Freidi Torres ha propuesto reformar el Código Agrario y la legislación vigente sobre concesiones de tierra.

Actualmente la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) administra las concesiones de tierras en los primeros 200 metros costa adentro. La propuesta pide que se cambie hasta los 10 metros y que la Dirección de Reforma Agraria se encargue de las concesiones de ahí en adelante, excepto en áreas urbanas y comarcas indígenas.

Además modifica la Ley 2 de 2006, que regula la inversión turística dejando esa potestad en manos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y no en el MEF como actualmente funciona. En ese caso las concesiones se manejarían con el Código Agrario y no con la agenda turística.

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En el año 2005 fue aprobada con urgencia notoria una ley que vendía nuestras islas y costas al mejor postor, cual mercado persa.

La sociedad civil y líderes turísticos serios se opusieron a esta ley que evidentemente alguien poderoso la había negociado con Pedro Miguel Gonzalez, exPresidente de la Comisión de Hacienda que prohijó el proyecto y lo llevo a tambor batiente y la aprobaron en el año nuevo de 2006.

El tiempo ha demostrado que esta ley ha sido nefasta para salvaguardar el patrimonio nacional y ha habido piñata con lo que antes era de todos los panameños.

Hoy Freidi Torres y Alberto Cigarruista (Asamblea y Corte Suprema) buscan la manera de pelechar lo últimos metros de playas hasta donde rompe la ola de bajamar.

Que alguien amarre la corrupción rampante que golpea al país.

Y qué dice Ruben Blades de todo esto?  Después se enoja de los atinados artículos de Paco Gómez que desenmascara su inacción de defender las costas e islas de la rapiña del PRD, aliados y empresarios inescrupulosos.

Promover la venta o titulación de tierras hasta donde llega la pleamar es un crimen de lesa patria!

Burica Press

Desalojos forzados en islas y costas de Panamá

Alerta por aumento de desalojos en las costas

Desalojo en Pedasí.LA PRENSA/Cortesía/ Augusto López

JOSÉ aRCIA
jarcia@prensa.com

El Consejo Consultivo del Programa Nacional de Administración de Tierras, integrado por la sociedad civil, alertó de desalojos a vecinos de comunidades costeras.

César Carrasquilla, presidente del Consejo, denunció ante la Defensoría del Pueblo una “violación de los derechos humanos” de 33 familias desalojadas en Pedasí, provincia de Los Santos, que tienen más de 30 años de vivir ahí. El Consejo ha recibido unas 500 quejas de diferentes partes del país por avisos de desalojo.

El abogado Guillermo Márquez consideró que los desalojos realizados son “arbitrarios”.

programa de gobierno empieza a incomodar a moradores costaneros

Residentes de las costas, en ascuas por sus tierras

Pequeñas comunidades costeras desaparecen ante el ‘boom’ inmobiliario y turístico. Las casas son derrumbadas y los residentes, desalojados.

PAISAJE. Los terrenos de Donatilo Jiménez llegan a la playa La Colorada, en la costa arriba de Colón, con vistas muy atractivas para proyectos turísticos. LA PRENSA/Maydée Romero

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Una ola de desalojos inunda las comunidades costeras del país y arrasa, en algunos casos, con cuatro décadas de vida familiar.

La voz de auxilio se escucha tanto en el lado atlántico como en el pacífico. El boom inmobiliario y turístico es la causa, señalan los moradores. Aunado a unas autoridades locales y centrales que “no están reconociendo los derechos posesorios”, añade el jurista Guillermo Márquez Amado.

En medio está el Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat) que busca hacer una titulación masiva. Las comunidades se organizan para protestar en contra de la iniciativa porque, por un lado sus tierras son cedidas a “poderosos” y, por otro lado, el costo para obtener la titulación es “impagable”.

Donatilo Jiménez aún se pregunta cómo la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concedió, en abril del año pasado, a la sociedad Hoteles Decameron un globo de terreno en Cocuye, en Santa Isabel de Colón, que él heredó de su padre y que también perteneció a su abuelo.

Después de luchar en contra de la decisión gubernamental, con el apoyo del Consejo Consultivo de Pronat –integrado por la sociedad civil–, el pasado 10 de octubre Catastro revocó la decisión.

Ahora, Jiménez se siente complacido, pero su preocupación sigue latente. Es un área atractiva para el desarrollo turístico, “al que no nos oponemos, pero si desconocen nuestro derecho, lo defenderemos”, dijo.

“Lo que le pasó a Donatilo le puede ocurrir a cualquiera de nosotros”, añade Alfredo Reid, uno de los residentes de Santa Isabel.

Mientras los colonenses respiran, por el momento, con tranquilidad, los residentes de playa El Toro y La Garita, en Pedasí, y la comunidad indígena Cayo de Agua, en el Archipiélago de Bocas del Toro, están en la zozobra.

El pasado 10 octubre, 17 policías llegaron a la comunidad de Cayo de Agua para derrumbar unos 15 ranchos indígenas, habitadas por alrededor de 100 familias, dijo Félix Sánchez.

Seis días después, la misma orden llegó a la costa de Pedasí. Ese día, un grupo de residentes se preparaba para ir de pesca, cuando entró la maquinaria a derrumbar las casas, narró ayer Amada Caballero.

La acción, dijo, es porque ahora aparece un supuesto dueño de una tierra que ha sido ocupada desde hace 40 años por los moradores.

Por este caso, el Consejo Consultivo de Pronat hizo una solicitud a la Defensoría del Pueblo para que investigue, alegando que el programa se ejecuta a través de convenios con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que establecieron en sus cláusulas el reconocimiento del derecho de los ocupantes de las tierras. En el documento se advierte de que los desalojos “pueden ser causal del término del financiamiento”.

Este diario intentó contactar a la viceministra de Economía y Finanzas, Gisela Álvarez de Porras, y al coordinador técnico de Pronat, Rolando Armuelles, durante dos días, sin embargo ninguno de los dos respondió.

Megaproyecto turístico se levanta en Archipiélago de Las Perlas

Se preguntará usted por qué tanto apuro en aprobar una ley insular y costera que le permite al Estado vender con título de propiedad las islas? Para permitir que estos proyectos que no pagan impuestos se adueñen y hagan el negocio de su vida de nuestras islas como el caso que a continuación presentamos. O sea nuestros intereses de ciudadanos dueños titulares de las islas según la Constitución, fueron burlados.

Para nosotros los “megas” son prefijos muy peligrosos y este parece serlo sin lugar a dudas, dado que ya nos hemos percatado que se le aprobó un EIA cat. 2 en vez de cat. 3 y lo realizó la misma consultora que hizo el EIA del Camino Ecológico, que era una aberración científica. No podemos esperar nada bueno de lo que allí está ocurriendo y de los verdaderos impactos que este megaproyecto genera.

Estamos viendo el final de nuestras islas, si no hacemos un esfuerzo serio en recuperlas de la especulación y los piratas.

Como pueden ver en este proyecto hay corrupción, ya que ANAM se hizo de la vista gorda y ni siquiera exigió un EIA de la categoría que correspondía. Este proyecto es más inmobiliario que turístico y aquí no pasa nada.

Burica Press

En España, Puerto Rico, República Dominicana y otros países se han dado campañas ciudadanas para evitar que sus costas fueran destruidas con moles de concreto, bajo el pretexto de desarrollo. Desarrollo de qué y para quién?. Fuente: http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/costas/campa-as-de-greenpeace-para-pr

Los que pretenden vendernos que las moles de concreto y afines en nuestras islas y costas son desarrollo, como si fuéramos ignorantes, sepan que existimos personas que sabemos que estas son falacias, ya que todos sabemos que el desarrollo nunca produce destrucción, ni pérdida de derechos ciudadanos sobre los bienes nacionales, legados por la Constitución. El eje transversal del desorrollo debe ser la formación del individuo, especialmente a través de la educación. Un individuo formado es un individuo libre y es por si un motor de desarrollo.
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Proyecto turístico se levanta en el Archipiélago de Las Perlas

El proyecto se enfoca a la clase media alta y de fuerte poder adquisitivo, por los altos precios residenciales.

Costará más de 500 millones de dólares y generará 800 empleos directos.

Raúl A. Bernal – La Prensa, 12 de enero de 2006
rbernal@prensa.com

El francés André Beladina llegó hace cinco años atraído por la particular belleza y encanto de Panamá. Su objetivo era establecer su residencia permanente en el país, pero poco tiempo después se encontró con un grupo de amigos e inversionistas que lo motivaron a ingresar en un “sueño” que hoy se ha constituido en uno de los proyectos más ambiciosos del sector turístico.

El proyecto residencial y turístico Isla Viveros, ubicada en el archipiélago de Las Perlas, contempla una inversión que superaría los 500 millones de dólares. En el proyecto intervienen inversionistas europeos, mexicanos y panameños, y se espera que la obra culmine en su totalidad en el 2012.

Lujosas villas, con precios que inician en 700 mil dólares, hoteles cinco estrellas, condominios; así como canchas de golf, marinas, centros comerciales, restaurantes y áreas de entretenimiento, son parte del diseño, cuya primera fase inició con la rehabilitación de una pista de aterrizaje para avionetas y jets privados. Los primeros 80 millones de dólares se destinarán a infraestructura.

Según Beladina, presidente del Grupo Viveros, el proyecto promoverá el desarrollo en el archipiélago de Las Perlas, al generar más de mil empleos directos e indirectos en su etapa de construcción y unos 800 permanentes una vez culminen las obras.

El proyecto se promueve a nivel internacional en las 300 oficinas de la inmobiliaria CB Richard Ellis, en su sitio web y en revistas locales. Según Luigi Bemporad, ejecutivo de la empresa, ya existen reservaciones y una lista de clientes potenciales.

Y tiembla la tierra

A pesar de que sus promotores aseguran que el proyecto conserva el aspecto natural de la isla y que se ha cumplido con los estudios de impacto ambiental exigidos, hay voces que protestan contra lo que consideran un atentado hacia las áreas verdes.

El ambientalista Ariel Rodríguez lo considera un proyecto “antiecológico”, porque se miden las ganancias económicas y no las pérdidas ambientales.

Según Rodríguez, la cantidad de desechos sólidos y líquidos que generaría un desarrollo de esa magnitud coparía la capacidad de carga ecológica de ese territorio insular.

Además, hace dos meses el abogado Juan Ramón Sevillano presentó una denuncia en la Fiscalía 12 contra el proyecto, por haberse excedido en la quema y tala de árboles para construir una pista de aterrizaje. Pero Grupo Viveros asegura que en mayo pasado la Autoridad Nacional del Ambiente aprobó el estudio de impacto ambiental, que incluye la renovación de la pista de aterrizaje.