Cuidado con la privatización del agua!

PERJUICIO SOCIAL

Acaparamiento de aguas

Yakarta Ríos
opinion@prensa.com

Calmante de la sed, líquido vital, hilo conductor de la vida, agua, elemento inherente a la vida y a la vez escaso y mal distribuido. Panamá enfrenta hoy los embates de la carencia de este recurso en muchos hogares, por infraestructuras deficientes u obsoletas o escasez del recurso, pero paradójicamente las fuentes de donde proviene el agua que consumimos –ríos, quebradas, y aguas subterráneas– son acaparadas día a día.

Este acaparamiento es promovido por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), que mediante la figura de “concesión permanente de agua” ha decidido regalar sistemáticamente nuestro recurso. Es tanta la desvergüenza de esta institución, que a pesar de haber sido sancionados moralmente por el Tribunal Latinoamericano del Agua, en presencia de su equipo legal por “llevar a cabo una mala gestión del uso público del agua”, insiste en la utilización de esta figura jurídica para privatizarle, desde la fuente, el agua a todos los panameños.

Cifras oficiales de la propia Anam y de la Contraloría General establecen que del año 1974 hasta el año 1997 solo se otorgaron 14 concesiones de agua para la ejecución de proyectos sociales, pero a partir de la política de privatización de los servicios públicos y empresas estatales, desde el año 1997 a 2007 se han otorgado más de 665 concesiones de agua permanentes, con volúmenes que alcanzan en algunas concesiones los 286 millones de litros anuales. Por si fuera poco, estas concesiones para toda la vida son otorgadas por la suma de 25 dólares solamente y para uso doméstico, dándole al que la solicite el mismo trato que se le da a un acueducto rural, amas de casa, comunidades indígenas o campesinas que trabajan la agricultura de subsistencia. Estas concesiones de agua, con carácter permanente, violan el artículo 259 de nuestra Constitución que establece que las concesiones de agua se pueden otorgar de forma excepcional, cuando se trate de “obras de bienestar social e interés público”, por ejemplo acueductos, proyectos comunitarios o de riego.

Hoy, la Anam concesiona aguas subterráneas para desplumar pollos, lavar establos, mientras que hay comunidades que son racionadas en su consumo, por no disponer de caudales suficientes para su abastecimiento.

Esta política de acaparamiento lleva a la inequidad, privatización y a la mala distribución del agua, que también es promovida por los diputados de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, quienes proponen el proyecto de ley 278, en el que el acceso a ríos y quebradas será restringido y, además, sugieren seguir otorgando concesiones a 30 años prorrogables a 30 años más. Por si fuera poco, introducen un artículo que permite que nuestras fuentes de aguas subterráneas y superficiales puedan ser negociadas con otros Estados, es decir, una especie de hidrocolonialismo, en el que Panamá cederá sus aguas a terceros países, declinando así su soberanía.

Con cada concesión permanente de agua mal otorgada, el Estado pierde tutela sobre el recurso y al intentar recuperarla tendrá que pagar millones al resarcir al concesionario. El poner el agua en manos de pocos, encarecerá la vida del panameño, ya que dejará de ser un servicio público, para convertirse en parte de la canasta básica de alimentos y además tendremos que resignarnos a ser presa de los vaivenes del agua, como ocurre hoy con el petróleo, con la gran diferencia de que sin agua no es posible la vida. En un futuro próximo nos veremos obligados a comprarles el agua a los dueños de los ríos, o comprar tarjetas pre-pago para poder calmar la sed, y es entonces cuando nos daremos cuenta cuan grande daño nos ocasionó la política de enajenación de la Anam.

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Tribunal Latinoamericano del Agua audicionará dos casos de Panamá

Tribunal Latinoamericano del Agua audicionará dos casos de Panamá

Burica Press. Panamá, 17 de agosto de 2008. El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) ha decidido aceptar dos casos de Panamá para que pasen la audiencia a realizarse en Antigua, Guatemala del 8 al 12 de septiembre de 2008.

Territorio Naso Teribe en Bocas del Toro, Panamá, donde el gobierno nacional de facto pretende auspiciar una hidroeléctrica

Territorio Naso Teribe en Bocas del Toro, Panamá, donde el gobierno nacional de facto pretende auspiciar la hidroeléctrica de Bonyic. Estas tierras en su conjunto forman parte a su vez de un área protegida denominada Bosque Protector de Palo Seco y Reserva de la Biósfera La Amistad. Foto: Cortesía de ACD

El primer caso aceptado es “La construcción de los proyectos hidroeléctricos Chan 75, 120 y 220 en el Río Changuinola y el proyecto Bonyic en la quebrada Bonyic-Teribe, ubicados en la cuenca del Changuinola- Teribe, el Bosque Protector Palo Seco (BPPS) y sus efectos al entorno natural y ecológico de la Reserva de la Biósfera de La Amistad y las comunidades indígenas Naso y Ngobe asentadas en la zona”. Este primer caso fue presentado por la Alianza para la Conservación y el Desarrollo con sede en la ciudad de Panamá.

El segundo caso es: “Posible acaparamiento de fuentes hídricas en Panamá”, presentado por la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá y por representantes de consumidores y usuarios (Consumo Ético) en la mesa de debate de la Comisión de Ambiente, Población y Desarrollo de la Asamblea Nacional de Diputados.

En total el TLA tendrá un total de 10 audiencias con casos de Guatemala, El Salvador, México, Brasil y Panamá.

Este año el TLA se enfocará principalmente en las controversias hídricas que afectan pueblos indígenas. En virtud de todo lo anterior y amparados en las disposiciones contenidas en la Declaración Latinoamericana del Agua, este tribunal ético ha programado una audiencia especializada en juzgar problemáticas hídricas que afecten pueblos indígenas de Latinoamérica. Esta actividad se llevará a cabo en Antigua Guatemala del 8 al 12 de septiembre del 2008 y paralelamente se realizarán foros y talleres que aborden temas afines.

Según el TLA en América Latina no existen los instrumentos necesarios para el control y administración de los sistemas hídricos. Además, tampoco se han establecido procedimientos adecuados para el manejo de las controversias suscitadas por los usos de las aguas.

Sigue en discusión Proyecto de Ley de aguas

Oportunidad para el agua

Con las modificaciones al decreto ley de 1966 se cobraría a las hidroeléctricas, se organizaría la administración del vital líquido y las concesiones otorgadas estarían sujetas a una revisión y evaluación periódica
Álvaro Ávila
aavila@prensa.com

PARTICIPACIÓN. La Asociación Nacional para la Protección del Ambiente está incluida en el quipo de trabajo que redacta el proyecto de ley sobre el agua.
LA PRENSA | Víctor Arosemena

La idea de que un interés privado se apropie de un recurso vital, como es el agua, causa alerta entre la población, pero la incertidumbre a la hora de realizar inversiones en proyectos empresariales que dependen de este líquido, como la acuicultura o la generación de energía, también representa un reto para lograr un balance en el que todos ganen.

Uno de los puntos más comentados en el actual proyecto de ley sobre el agua, que se discute en la subcomisión de medio ambiente de la Asamblea Nacional, es el relacionado con las concesiones para explotar fuentes hídricas.

El impacto económico y ambiental de esos permisos son vistos con preocupación u optimismo, dependiendo de si la ley establece claramente tarifas y tiempos para esas concesiones.

Especialistas consultados afirman que es urgente aprobar este documento que modificaría el Decreto Ley 35 de 1966, que en la actualidad rige la utilización de aguas en el país.

El administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Reynaldo Pérez-Guardia, considera que lo importante es hacer un buen uso del recurso, por ejemplo para desarrollar la acuicultura.

Pérez-Guardia explica que además de los gravámenes pagados por las concesiones -el monto depende de las hectáreas y las actividades a realizar- las nuevas empresas que llegan traen tecnología que no hay en el país.

establecer prioridades

Vitelio Ortega, presidente de la subcomisión de medio ambiente de la Asamblea Nacional y Juan Ramón Sevillano, apoderado general de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), entre otros participantes, han discutido durante varios meses el nuevo proyecto, donde la prioridad es que “el agua debe ser para el consumo humano”, señala Ortega.

Ancon ha participado en la elaboración del nuevo proyecto de ley (que se discute desde diciembre de 2006) y Sevillano aclara que “las concesiones o usos de agua son tanto para grandes como para pequeños usuarios”.

“Si no puede decirse que cuando se le otorga uso o concesión a un pequeño agricultor estamos privatizando el agua, entonces tampoco puede decirse lo mismo de uno grande”, manifiesta.

Sobre el tema de las concesiones, Ortega, cuya subcomisión elaborará esta semana el borrador final del proyecto para pasarlo a la comisión y llevarlo a debate en la asamblea, apunta que esas adjudicaciones no sugieren la privatización del recurso.

“La concesión se refiere a usar cierto volumen de agua y en lo que hemos trabajado es en eliminar los permisos continuos, esa era una preocupación de todos los involucrados. Van a existir las concesiones temporales, que al igual que las ya otorgadas, estarán sujetas a una revisión y evaluación periódica, para saber, por ejemplo, si usan el volumen de agua concedido inicialmente o abarcan más”, dice el político.

En este sentido, destaca que hay casos de hasta 15 concesiones otorgadas sobre una misma fuente. Por su parte, el presidente de la subcomisión resalta que el primer estudio que se realizó para entrar de lleno a redactar el nuevo proyecto, estableció que en el país hay más de 400 concesiones permanentes (no todas en operación), y la gran mayoría de ellas, ubicadas en la provincia de Chiriquí, son para hidroléctricas.

El apoderado de Ancon adelanta que a las hidroeléctricas se les va a cobrar por el uso racional del agua, “de repente no todo lo que algunos quisiéramos, pero otra cosa importante es que están obligadas a realizar acciones para conservar la fuente” y añade que al grande o pequeño agricultor, que haga uso inadecuado del líquido también se le sancionará administrativa, civil y penalmente.

Así, para los especialistas, esta nueva ley lograría una verdadera protección del recurso hídrico, basado en la gestión integrada donde el desarrollo económico y social, y la protección ambiental puedan compaginar.

Una ley en sintonía con el desarrollo
Juan O. Van Eps D., académico del Centro de Investigación Jurídica de la Universidad de Panamá, considera que la política hidráulica que se establezca en la nueva ley, debe estar integrada dentro de la estrategia económica y social del país.

“Si bien Panamá fue uno de los primeros países que adoptó una legislación en la materia, ésta no ha prosperado de acuerdo al desarrollo nacional, donde la inversión en y de las hidroeléctricas traería más generación de energía, entre otros beneficios”, indica el académico.

El profesor explica que aunque la Ley 35 de 1966 declara que el agua es de dominio público y que cualquier persona puede aprovecharla, con la nuevas modificaciones el Estado regularía las concesiones otorgadas.

“Hay ocasiones en que empresas públicas o privadas van a instalar acueductos y la sorpresa es que cuando llegan a trabajar se encuentran con que ese espacio ya está comprometido. No podemos pretender que se promueva este tipo de recurso, si no hay garantías básicas para quienes invierten”, manifiesta.

El académico de la Universidad de Panamá enfatiza que la ley es benéfica para el país, pero más que la regulación lo importante es que se cumpla.

La crisis del agua y el anteproyecto de ley que cursa en la Asamblea Nacional

LA CRISIS DEL AGUA Y EL ANTEPROYECTO DE LEY QUE CURSA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

1. Crisis del Agua:

La esencia de la crisis actual del agua en nuestro país, no es producto de la insuficiencia de este recurso, sino del mal uso y manejo social del mismo. Esto se expresa en el uso irracional, la contaminación irresponsable del agua, su distribución social injusta y el aumento desordenado de la demanda por el desarrollo urbano no planificado. Otros factores que inciden en la crisis es el desequilibrio económico por la mala distribución de la riqueza y particularmente la creciente demanda del Canal, que la multiplicará la iniciada ampliación, con el agravante de la enajenación de miles de millones de metros cúbicos anuales que se llevan los grandes usuarios para incrementar sus ganancias a costa de la explotación inicua de ese recurso nacional. Otro aspecto esencial que contribuye con la profundización de la crisis del agua es la creciente comercialización privada del agua, ya sea para el consumo de agua embotellada o para bebidas, cervezas y refrescos. A todo esto hay que sumar las incertidumbres que provocan las predicciones científicas en cuanto al deterioro climático global. En medio de esta crisis, se acentúa el temor por el consumo desordenado y liberal de un recurso que aún siendo renovable y abundante por su naturaleza, su disponibilidad está escaseando por el uso salvaje y anárquico.

2. La idea de ordenar su uso y racionalizarlo es justo

El agua necesita ser regulada con el propósito de alcanzar un desarrollo nacional sostenible, que cree riqueza social y progreso socio-económico. Este propósito no es posible en las condiciones del modelo económico estancado impuesto por el statu quo, que bajo la orientación del neoliberalismo lo que busca es convertir el agua en un gran negocio de la alta burocracia y de los empresarios arraigados en el rentismo, a costa del atraso productivo en la industria y la agricultura.

Hay sectores de opinión que han salido a plantear su oposición a la privatización del agua. Es oportuno señalar que desde que se estableció el capitalismo en estas tierras, este recurso fue privatizado en determinados segmentos del proceso productivo, muy especialmente en el complejo canalero, que asumió la propiedad de nuestra agua gratuitamente en manos del monopolio de Estado norteamericano. El problema se recrudece ahora, porque el capitalismo atrasado, sustentado por el modelo económico actual, se ve estremecido bajo la presión de las tenazas del capitalismo global y neoliberal cuyos intereses afectan sensiblemente los intereses nacionales.

Frente a esta realidad la salida viable y consecuente es la formulación de una estrategia nacional de desarrollo sostenible, que sirva de referencia a la planificación hídrica nacional, la cual debe establecer los mecanismos de controles para garantizar el ordenamiento del uso del agua, y trazar el valor del agua según los usos, ubicación, condición hidrológica y de calidad. Pretender normar el uso y ordenamiento del recurso agua sin esta visión estratégica, es hacerle el juego a los intereses del capitalismo global neoliberal.

3. El proyecto de ley que cursa en la Asamblea.

Sin duda en forma implícita, aunque en parte es muy explicita, el proyecto lleva en su esencia el propósito de mercado neoliberal que beneficie a los grandes intereses. La ACP pretende en esta formulación sobre el agua, lograr un tratamiento de excepción para ejercer un dominio virtualmente soberano sobre el recurso hídrico de la cuenca hídrica del canal.

Este proyecto ha sido concebido y redactado dentro de los métodos elitistas y excluyentes, preferidos por el gobierno de “Patria Nueva”, con lo que pretenden sentir, pensar y decidir por los demás. Son los métodos de una “Democracia” exclusivista, neoliberal. En un asunto como el agua, que afecta directamente a todos los integrantes de la nación panameña, es absurdo y abusivo pretender legislar sobre un recurso de todos los panameños, sin que se le entere, se le explique y se tome en cuenta ampliamente su opinión.

4. La conducta ciudadana.

La opinión pública debe expresar su protesta por este método, y exigir que este proyecto de Ley se someta a un abierto debate público, con participación de todos los estratos de la población, de forma que recoja el consenso de los diferentes intereses que concurren en nuestra nación sobre el vital recurso. No hacerlo es abrir una peligrosa zona de conflicto, de fácil identificación en el cómo y adonde comienza, pero con mucha dificultad para determinar adónde termina.

Presidium del Partido del Pueblo

Panamá, 12 de octubre de 2007

Agua y guerra

Agua y guerra… Una opinión

Leopoldo E. Santamaría
lesant@cwpanama.net

Muchos sostienen que, en todas las guerras, la primera víctima es la verdad; el martes 9 de octubre, en un programa sobre el agua, promovido como de interés público, ya que “se aclararían las dudas sobre un supuesto proyecto de privatizar el agua”, la conductora presentó a los invitados, dos miembros de la ANAM; un diputado suplente, miembro de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, donde se discutirá el proyecto de ley presentado por la ANAM; y un abogado ambientalista; ingenuamente pensé que éste último, aunque en desventaja numérica, ilustraría a la audiencia sobre las intenciones reales del nefasto proyecto; lamentablemente fue el defensor más entusiasta, quien, además, recomendó no confundir las cosas, porque no hay tal privatización, se trata de simples concesiones! Frente a la posibilidad de guerra por el agua, el Estado debe actuar para prevenir peores consecuencias, sostuvieron.

En efecto, cada vez hay menos agua, porque la devastación de los bosques y los residuos químicos han contaminado los ríos y las fuentes subterráneas. Muchos coincidimos con la delegada de la ANAM, en cuanto a las guerras por el agua; sólo que, a nuestro criterio, ya se están escenificando, pero por lo pronto, no son convencionales, con soldados y municiones; sino a través de inversionistas interesados en nuestro desarrollo, los misiles llegan en primera clase y el Comando Central está en Washington, en las sedes del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; así es como, en los años recientes, han privatizado el agua en más de 15 países de los más pobres, como Mozambique, Ruanda, Yemen, Tanzania, Benín, Camerún, Níger, Honduras, Nicaragua, y ahora, pretenden hacerlo en Panamá.

Atendiendo las recomendaciones del Banco Mundial, mediante una inofensiva concesión por 30 años, en Sudáfrica, para ordenar el suministro y ayudar a los pobres, los concesionarios subieron las tarifas hasta en 150%, lo que condujo a imposibilidad de pago y a que la población tomara agua de cualquier charco, lo que produjo una epidemia de cólera, con varios cientos de miles de infectados y una sobrecarga para el sistema de salud.

Estos empresarios, sedientos de riquezas y dispuestos al sacrificio para ordenar el suministro del agua, se han interesado en el vital líquido, pero no como fuente de vida, sino como mercancía; y como otra de las armas, tan poderosa como efectiva, son los medios de comunicación, están haciendo todo lo necesario para lograr sus protervos fines. Pero se puede entender que medios privados apliquen las viejas técnicas de guerra psicológica; lo increíble es que un medio público, como el servicio estatal de radio y televisión pueda prestarse para tan deleznable propósito. Cómo es posible que el programa sobre tan funesto proyecto, transmitido por el servicio estatal de radio y televisión, el 9 de octubre 2007, fuera un diálogo de yo conmigo; si la misión de este servicio informativo, es “ejercitar una cultura democrática”, ¿por qué no programaron un debate con igual número de panelistas, a favor y en contra; que hubiera propiciado la confrontación de ideas, es que acaso no hay personas serias, profesionales conocedores del tema u organizaciones cívicas o de consumidores, opuestos al proyecto? Así es imposible contribuir a transformar la sociedad y máxime, a generar cambios que eleven la autoestima de los panameños, como reza el texto de la misión de Canal 11. En todo caso, debieron anunciar dicho programa como promoción publicitaria. No es posible lograr una programación educativa e informativa de calidad utilizando recursos del Estado para tratar de uniformar el criterio de la audiencia. Merecemos respeto.

El problema no está en los recursos naturales, sino en el modelo económico que privilegia el canibalismo comercial, donde impera la ley del más fuerte; tampoco el tamaño del mercado, sino la codicia infinita de empresarios asociados con quienes deberían impedir sus abusos. Si continúan en su irrefrenable afán de apoderarse de nuestros recursos, con un súper pitufo probablemente no alcancen a impedir el estallido de otra bomba social… ¿Usted qué opina?

Publicado en La Estrella de Panamá, 17 de octubre de 2007.

-El autor es médico.

Herrera dice no a la privatización del agua

Comité Cívico se opone a privatizaciónLos cierres continuarán.

Sugeiris Mitre
HERRERA, PANAMA AMERICA

Los cierres continuarán.

Mas de un centenar de firmas en contra del proyecto de privatización de las fuentes hídricas de la provincia de Herrera fueron estampadas en un cartel que fue exhibido durante la protesta del Comité Cívico.

 

Leopoldo Santamaría, vocero del comité, indicó que no están de acuerdo con este proyecto que fue presentado por la ANAM y ahora reposa en la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea de Diputados.

 

Dijo que al final las fuentes de agua serán otorgadas mediante contrato a ciertas empresas.

 

El Panamá América, 6 de octubre de 2007.

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En Chitré protestan contra privatización del agua
 
 
 
(IMP)
 
Los interesados firmaron una pancarta en rechazo a la propuesta de ley. / Foto Carlos Barragán

Carlos Barragán
periodistas@estrelladepanama.com

La alerta ciudadana generada por un proyecto de ley sobre el recurso hídrico presentado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) ante la Asamblea Nacional se extendió hasta el interior del país. Ayer el Comité Cívico de Herrera y otras organizaciones civiles de diversos puntos del país, entre ellas la Organización Consumo Ético, protestaron al mediodía en el Parque La Bandera de Chitré en rechazo a la privatización del agua.

Tal como se hizo en la ciudad capital se presentó una pancarta en la que deberán firmar todos los que se oponen a la privatización del recurso hídrico.

Leopoldo Santamaría, vocero del Comité Cívico de Chitré, exhortó a los presentes a firmar y hacer patente su protesta contra este proyecto de la privatización del agua que atenta contra la vida y la humanidad.

La protesta duró 45 minutos, tiempo en el que más de un centenar de personas, entre transeúntes y quienes acudieron a apoyar la protesta, firmaron la pancarta.

Estrella de Panamá, 6 de octubre de 2007

Día Internacional del Agua en Panamá

Dia Internacional del Agua