La lucha por el medio ambiente de Raisa Banfield

Raisa BanfieldEl espeso y hermoso bosque se ha convertido en un imán de venta para el sector inmobiliario que ha visto en los pulmones del país, un escenario ideal para invertir. Foto Jihan Rodríguez, editada por Burica Press

La lucha por el medio ambiente

 
Grandes proyectos turísticos y residenciales están en el ojo de la tormenta. ¿Funciona la figura de los estudios de impacto ambiental (EIA)? El método de aprobación de este requisito es cuestionado por ambientalistas y juristas
 
JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

 

Cortesía.

1. INMOBILIARIA. El proyecto Red Frog Beach mantiene a los ambientalistas en pie de guerra porque se construye en un área de amortiguamiento del Parque Marino de Bastimentos.

La Prensa | David Mesa

2.TENACIDAD. Raisa Banfield lideró varias protestas para proteger reservas forestales en la ciudad capital. Ahora está pendiente de los proyectos que se desarrollan en Bocas del Toro.

La Prensa | Jihan Rodríguez.

3.autoridad. Bolívar Zambrano, director nacional de Ordenamiento Ambiental de la Anam, tiene la responsabilidad de aprobar o rechazar los estudios de impacto ambiental.

El espeso bosque se ha convertido en un imán de venta para el sector inmobiliario que ha visto en los pulmones del país, un escenario ideal para invertir.

El proyecto Red Frog Beach, en la provincia de Bocas del Toro, que incluye tres fases de construcción —sólo en las dos primeras se destinarán 400 millones de dólares— es un claro ejemplo del provecho que sacan inversionistas del Panamá aún verde.

Pero este ambicioso plan, al igual que otros en el resto del país, ha encontrado una “piedra en su camino” al no contar con el aval de los ambientalistas que cuestionan los estudios de impacto ambiental (EIA) que hacen las promotoras, a través de consultores ambientales independientes, como parte de los requisitos previos a la aprobación de sus proyectos.

El espíritu de la ley general del ambiente que establece los EIA se ha “distorsionado”. Esa es la percepción de Raisa Banfield que en mayo de 2002 inició una lucha abierta por la protección de los bosques panameños al oponerse, al igual que los residentes de Clayton, al proyecto residencial Camino de Cruces que se pretendía desarrollar en un área boscosa del Parque Nacional Camino de Cruces.

El proyecto está suspendido provisionalmente, ya que la Corte Suprema de Justicia acogió una demanda de la Asociación de Residentes de Clayton.

Ahora Banfield como el resto de los ambientalistas tiene su mirada puesta sobre la isla de Bastimentos en Bocas del Toro, donde el pasado jueves se realizó un foro público para discutir el EIA de la segunda fase del proyecto Red Frog Beach que con una inversión de 340 millones construirá 650 casas, un campo de golf y una marina.

Aunque la empresa alega tomar todas las medidas de mitigación, los ambientalistas no le ven viabilidad al proyecto por los “efectos negativos” que ocasionará al ecosistema marino. Una de las principales preocupaciones es el deterioro de los corales, debido a los agroquímicos que se requiere utilizar para el mantenimiento del campo de golf.

No es para menos. En los indicadores ambientales preparados por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) se reconoce que los recursos marino-costeros del país no están al margen de los grandes problemas ambientales que la sociedad mundial enfrenta actualmente. Uno de esos problemas es la degradación de las zonas costeras por el desarrollo industrial, turístico y la urbanización incontrolada.

Otra de las alertas que lanzan los ambientalistas cuando hablan del tema, es que el proyecto se desarrolla dentro del área de amortiguamiento del Parque Marino Bastimentos.

Panamá, como pocos países en el mundo, posee costas en ambos océanos que son áreas de asentamiento de importantes ecosistemas como los arrecifes de coral, los manglares y las playas de arenas.

El presidente de Red Frog Beach, Joe Haley, se defiende de los ambientalistas y alega haber tomado todas las medidas de mitigación. “Por el hecho de que el proyecto está próximo a las áreas del parque, la empresa ha puesto en ejecución las medidas necesarias para minimizar los impactos en el medio ambiente”.

Y es así como proyectan levantar las residencias en áreas de menor impacto ambiental. Adicional, realizarán un programa de reforestación que consiste en plantar tecas. ¿Será suficiente?

Peligro en la altura

El complejo turístico Red Frog Beach no es el único que está en el ojo de los ambientalistas. Los ejemplos sobran, dice Banfield.

El punto más alto de la ciudad de Panamá, el cerro Ancón, área protegida y reserva natural del distrito, también es custodiada de cerca.

Allí la Anam aprobó el EIA para construir un teleférico, sin embargo, un análisis realizado por la Universidad Tecnológica de Panamá determinó que la capacidad geológica de la reserva no era apta para desarrollar un proyecto de tal magnitud.

Banfield se pregunta cómo la Anam puede aprobar estudios de impacto ambiental de proyectos que a todas luces pueden ocasionar daños al ecosistema.

Es por eso que los ambientalistas, como Banfield, cuestionan los EIA principalmente de proyectos inmobiliarios, turísticos y de generación de energía eléctrica.

Durante el periodo del 1 de septiembre al 31 de agosto de 2005 ingresaron a la Anam 812 EIA (Ver cuadro: EIA ingresados al proceso de evaluación).

En la Anam hay 582 personas naturales y 110 personas jurídicas registradas para realizar EIA. Estas consultorías se hacen por un precio superior a los 10 mil dólares, dependiéndio de la categoría del estudio, que es definida por los consultores y los promotores, según los parámetros establecidos en el Decreto 59 de 16 de marzo de 2000, que reglamenta la ley general de ambiente de 1998.

De acuerdo a la magnitud del proyecto y del lugar donde se realice el EIA puede ser categoría I (bajo impacto ambiental), II (mediano impacto ambiental) y de categoría III (cuando el proyecto implica un gran impacto ambiental).

Según Banfield este requisito se ha quedado en la “buena intención” para proteger al medio ambiente.

El asunto es que la Anam no tiene una metodología de seguimiento de los proyectos para hacer cumplir las medidas de mitigación. “Y en el peor de los casos, las empresas inician la construcción de los proyectos sin contar con los EIA aprobados”, dijo.

Lo cierto es que el proceso es relativamente nuevo en el país y para el director nacional de Ordenamiento Ambiental de la Anam, Bolívar Zambrano, se han empezado a tomar algunas disposiciones en lo referente al control de los estudios de impacto ambiental.

El año pasado la entidad y los consultores ambientales firmaron un pacto ético que establece sanciones morales por el incumplimiento de los requisitos que se exigen en el Decreto 59.

Una de las sanciones es cancelar la licencia de los consultores por un tiempo determinado o definitivo. De hecho, Zambrano dijo que en la actualidad hay entre 10 y 15 procesos de seguimiento.

En la Anam le siguen la pista a los consultores que presentan los EIA con una categoría inferior a la que se requiere en los proyectos que representan.

La categorización de los estudios es otra de las críticas que hacen los ambientalistas, por ser definida por los consultores y los promotores, en vez de ser determinada por la Anam.

Zambrano defiende el sistema. Los promotores son los únicos que saben qué tipo de proyectos quieren desarrollar y en base a eso los consultores ambientales deben establecer la categoría del estudio.

Lo primero que evalúa la institución es si el EIA corresponde al tipo de proyecto, de lo contrario es devuelto para su recategorización.

Aunque Haley considera que los EIA son procesos “muy valiosos y esenciales” para la realización de cualquier proyecto, hay cosas que se deben mejorar. Por ejemplo: que los impactos económicos de los proyectos sean evaluados en la misma dimensión que los aspectos naturales, sociales y culturales de las áreas por urbanizar.

Participación ciudadana

La ley general de ambiente establece la consulta ciudadana como un requisito para la aprobación de los estudios cuando son de categoría II y III, pero para Banfield es otra “burla” de las autoridades y los promotores.

Las consideraciones que hacen los ciudadanos en los foros públicos sobre un proyecto no son vinculantes e incluso hacen consultas ciudadanas con personas que no son residentes en el lugar donde se pretende desarrollar el proyecto.

Zambrano, por su parte, prefiere hablar de los planes de modernización que adelanta la institución para lograr la mayor participación ciudadana en los estudios de impacto ambiental. En ese sentido analiza la posibilidad de automatizar el proceso de evaluación de los EIA.

En medio de este debate Banfield sacó su primera enseñanza. “Hay una ciudadanía que ha empezado a despertar en la protección del medio ambiente”.

Las luchas están sustentadas en que el país, en el año 2000, tenía una superficie boscosa de 3 millones 364 mil 591 hectáreas que representaba el 45% del territorio nacional. Sin embargo, la Anam reconoce que esta cobertura boscosa “se ha ido reduciendo con gran rapidez en los últimos años”.

La mayor parte de estos bosques se encuentra en la vertiente atlántica, donde los inversionistas han empezado a llegar con sus proyectos inmobiliarios.

Consultar ante de construir

La lucha de los ambientalistas ya ha empezado a crear conciencia en el sector empresarial, o por lo menos ha logrado que un inversionista toque las puertas de quienes viven en la zona en la que pretende invertir.

Este fue el caso de Alfredo Alemán que desarrolla el proyecto residencial Embassy Garden en Clayton y antes de colocar la primera piedra optó por sentarse con los residentes del área para analizar la viabilidad de la iniciativa.

Al final salió con un proyecto modificado, pero con la sensación de que su inversión no afectará al medio ambiente.

El proyecto se desarrollaría sobre un área boscosa, pero los residentes se opusieron porque se trataba de una zona verde no desarrollable. Alemán se comprometió con los residentes a modificar los planos y dejar el bosque como parque público. “Dado que ha surgido un gran interés por el medio ambiente, nos hemos sensibilizado y hemos considerado como algo imprescindible conocer las preocupaciones de las comunidades antes de desarrollar un proyecto”, dijo Alemán.

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