Inauguran Foro Mundial del Agua con 19 detenidos

Activistas protestaron contra la comercialización de los recursos hídricos

EFE

ESTAMBUL.- Diecinueve activistas de diferentes organizaciones fueron detenidos el 16 de marzo por protestar contra la comercialización de los recursos hídricos y el Foro Mundial del Agua, que fue hoy inaugurado ese mismo día en Estambul, Turquía.

Dos miembros de la ONG International Rivers, Ann Kathrin Schneider y Payal Parekh, fueron detenidos en el salón de actos donde se celebraba el acto inaugural cuando trataban de abrir una pancarta contra la construcción de presas y gritaron eslóganes ecologistas, informó el portal de internet Bianet.

Por otra parte, 200 militantes de diversas organizaciones sindicales y ecologistas turcos organizaron una manifestación de protesta en las inmediaciones del Palacio de Congresos de Sütlüce en el Cuerno de Oro, donde se celebra el grueso del foro.

Los manifestantes, agrupados en la Plataforma contra la Comercialización del Agua, subrayaron que el agua es un derecho humano, por lo que no puede ser un producto comercial.

Cuando los activistas trataban de leer una declaración de condena a la comercialización del agua cerca del recinto del foro, la policía trató de disolver la protesta por la fuerza y detuvo a 17 personas.

Según la cadena de noticias CNN-Türk, la misma plataforma organizó otra manifestación en el muelle de Kadiköy, en la orilla asiática de la ciudad, que transcurrió sin incidentes.

Las asociaciones implicadas han pedido la puesta en libertad inmediata de los detenidos.

Diversas organizaciones ecologistas y ONG de diversa índole han convocado varias manifestaciones de protesta contra el Foro Mundial del Agua, que concluirán con un Foro Alternativo los próximos días 20 y 22.

Boqueteños defienden su Río Caldera

Boqueteños en ‘pie de guerra’ contra obras hidroeléctricas

Raúl López
periodistas@estrelladepanama.com

“Ni una hidroeléctrica más”. Esa es la consigna no sólo de los ambientalistas, sino también del propio alcalde del distrito de Boquete, en Chiriquí, Manolo Ruiz. Ayer en un foro convocado por la Alcaldía y grupos defensores del medio ambiente, ratificaron una vez más su oposición a que se construyan nuevas hidroeléctricas en este punto de la provincia de Chiriquí. Incluso plantearon que el río Caldera, sea considerado un patrimonio y reserva hidrológica del país.

Ezequiel Miranda, presidente de la Asociación para la Conservación de la Biosfera, señaló que muchos de los proyectos hidroeléctricos en sus estudios de impacto ambiental, señalan que son categoría dos, para evitar la consulta pública.

“No vamos a seguir permitiendo que se juegue con nuestros recursos naturales, porque son parte de la comunidad”. Agrega que en el plan de ordenamiento territorial de Boquete, se establece que en este distrito no se debe construir ninguna hidroeléctrica.

Explica que las aguas del río Caldera, ya abastecen varios proyectos hidroeléctricos, algunos que ya fueron construidos y otros en pleno desarrollo; razón que consideran de peso para poner un alto. “Creo que este río ya cumplió con una cuota importante para la generación de energía eléctrica”.

Por su parte, el alcalde Ruiz, dijo estar claro en que los boqueteños rechazan los proyectos hidroeléctricos y espera que las autoridades nacionales respeten esta posición. Especificó que en estos momentos existe el interés de construir una hidroeléctrica en el corregimiento de Los Naranjos, pero que tanto él como los concejales de este distrito se oponen rotundamente. A pesar que ya se hizo un acuerdo municipal para declarar el río Caldera, patrimonio y reserva hidrológica, el cual será enviado próximamente a la Asamblea Nacional.

Dijo además que la primera dama, Vivian Fernández de Torrijos, le entregó en meses pasados a este distrito, La Bandera Azul Ecológica, la cual están dispuestos a devolver, si se insiste en autorizar la construcción de hidroeléctricas en Boquete.

Avanza privatización del agua

En la oscuridad avanza proyecto privatizador del agua

Por: Genaro López

El pueblo sufre los embates de los diferentes gobiernos neoliberales que tienen como norte arrebatarle a los panameños las empresas estatales más rentables. Durante la gestión de Guillermo Endara se aprobó la Ley de privatizaciones. Desde entonces hemos vivido la entrega de empresas vitales, como la de los servicios de telefonía y electrificación, y la insistencia en privatizar salud, educación y recursos hídricos.

En el caso del agua, desde hace varios años, los distintos gobiernos y la patronal han intentado privatizarlo. El pueblo recuerda cómo Pérez Balladares quiso imponer a sangre y fuego el proyecto privatizador, la decisión firme del pueblo en las calles bajo la conducción del Movimiento Nacional de Defensa de la Soberanía MONADESO (embrión de lo que hoy es FRENADESO), logró revertir esta intentona privatizadora.

Mireya Moscoso, a pesar de que en su campaña electoral se comprometió a no privatizar el IDAAN, también hizo lo propio, presentando un proyecto privatizador, en el cual autorizaban contratos y acuerdos con personas naturales, jurídicas, públicas o privadas de la República de Panamá o del extranjero.

Martín Torrijos, no es la excepción a este proceso privatizador. A través de la ANAM también presenta un proyecto que pretende privatizar el recurso hídrico (Proyecto de Ley 278 denominado “Proyecto de Ley que Establece el Marco Regulatorio para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la República de Panamá”), el mismo está avanzando en la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea de Diputados; en este se establece que las fuentes de agua podrán ser otorgadas mediante contrato a ciertas empresas. Es decir, su intención real es privatizar las fuentes de agua de lagos, ríos, quebradas y afluentes hídricos superficiales y subterráneos de todo el país. El tipo de gestión que se plantea en el Proyecto Ley, también tiene la intención de ofrecer en concesión un recurso estratégico.

Es decir, en todos los gobiernos ha imperado la lógica neoliberal y no el mandato constitucional de proveer eficazmente el suministro de agua a la población. Detrás de esta lógica neoliberal ha estado el concepto de que “las empresas deben aprovechar el agua como recurso económico y dejarlo de considerar recurso natural en las leyes nacionales”; así el agua se constituye en una mercancía más del mercado. Desde entonces, la principal estrategia ha consistido en promover la idea de la ”crisis del agua”; provocando el desabastecimiento, el deterioro de los servicios, el encarecimiento del suministro, las privatizaciones parciales o temporales (concesiones) y entregando el recurso hídrico a transnacionales.

¿Cuáles han sido los resultados de la privatización del agua? Luego de más de 15 años de experiencia privatizadora en los servicios agua en toda América puede constatarse el fracaso absoluto del modelo propuesto desde las IFI’s (FMI y BM). Estas políticas llevaron a permanentes incumplimientos contractuales, sucesivos aumentos tarifarlos, y mala calidad de los servicios. Además, en muchos países se han privatizado los ríos para uso exclusivo de las grandes corporaciones transnacionales (compañías de aguas embotelladas, empresas mineras e hidroeléctricas).

Hoy, aproximadamente mil millones de personas en el mundo no tienen agua potable; en Panamá, el 10% de la población no tiene acceso a agua potable, existen más de 63,000 viviendas sin agua potable, solo en la ciudad de Panamá 200,000 personas no cuentan con el vital líquido. Son diarias las acciones de protesta de las comunidades exigiendo el suministro de agua potable, ante la desatención del IDAAN. Desde hace décadas comunidades como Arraiján, Chorrera, Chilibre, Tocumen, entre otras, han denunciado el problema, sin embargo no son atendidas a pesar de que se les cobra mensualmente el servicio. Cabe preguntarse ¿Dónde están los recursos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, que se suponía atenderían esta problemática?

Recientemente, se pone en el tapete el calvario que sufre la población bocatoreña, el brote de diarrea y vómito que ha afectado a más de 1,327 personas, lo que ha puesto en evidencia la precaria condición del sistema de distribución de agua potable en esa región y la desatención gubernamental.
Los gobiernos de turno han abandonado sus mandatos de proveer agua potable a todos los panameños, y de esa manera mejorar la salud pública y el medio ambiente. Esta realidad ha sido aprovechada para propagandizar la idea de su privatización; es decir, el agua ya no es derecho de toda persona a consumirla una vez producida sino un bien privado o mercancía que quienes no puedan comprarlo no la deben consumir.

Ello evidencia, que se busca llevar a la población al desespero, para justificar la privatización del agua. Pero la experiencia nos ha demostrado que privatización significa traslado de nuestros recursos a las transnacionales y al gran capital local, despido de trabajadores, aumento del precio de los servicios e ineficiencia.

Ante esta realidad, las organizaciones de FRENADESO, hemos venido planteando que “el agua en todas sus formas es un bien común y su acceso es un derecho humano fundamental e inalienable”. El agua es un patrimonio de las comunidades, de los pueblos y de la humanidad, principio constitutivo de la vida. El agua no es mercancía. Por eso rechazamos todas las formas de privatización.

Es necesario que el servicio básico del agua se mantenga como un bien público y no privado ni comercial. Es importante evitar que el agua esté bajo el control, dominio, posesión y beneficio económico de la iniciativa privada. Lo anterior significa que el agua no es un problema en sí misma, sino que el problema es el modelo de crecimiento que la usa.

*El autor es obrero de la construcción, secretario general del Suntracs y miembro de la Dirección Nacional de Frenadeso.

rologe54@yahoo.com

Fuente: Camino Alternativo

Concesiones de fuentes de agua serán temporales

PROYECTO DE LEY.

Concesiones de fuentes de agua serán temporales

Los permisos permanentes de fuentes hídricas se eliminaron durante las reuniones de consultas.

José Quintero De León
jquintero@prensa.com

Las concesiones permanentes de los recursos hídricos nacionales ya no serán un dolor de cabeza para quienes estimen que puedan privatizarse.

Vitelio Ortega, diputado presidente de la subcomisión técnica de población, ambiente y desarrollo de la Asamblea Nacional, informó ayer que el aspecto más álgido del proyecto de ley de Gestión de los Recursos Hídricos de la República, las concesiones de las fuentes de agua, se discutió, generó modificaciones y se consensuó con las partes interesadas.

Explicó que ya se eliminó el concepto de las concesiones permanentes y se aclaró que aquellas de tipo temporal se restringirán mediante procedimientos estrictos, como es la variación de los períodos para su futura renovación.

Ello, indicó, permitirá a la comunidad darse por enterada y participar sobre la conveniencia de revalidar el uso de una determinada fuente hídrica.

A pesar de este consenso, la organización no gubernamental Consumo Ético ha sido incisiva y constante. Su vocera, Yakarta Ríos, plantea que el texto del proyecto no debe albergar vaguedades que impliquen la posibilidad de que las fuentes hídricas puedan ser cedidas para uso comercial o industrial, en vez de consumo humano.

Esta semana, la subcomisión abordó las servidumbres y zonas de protección del recurso hídrico. De los 126 artículos se han consensuado 80 y se espera concluir a finales de abril.

Discutirán ley hídrica

Retoman ley hídrica
Santiago Cumbrera

PA-DIGITAL
¿Concederán nuevos contratos para hidroeléctricas?

El proyecto de Ley No. 278, que busca regular los recursos hídricos nacionales, será analizado la próxima semana por la subcomisión legislativa de Ambiente y Desarrollo, que preside el diputado suplente Vitelio Ortega.

La iniciativa consta de 165 artículos y hasta el momento se han analizado 40 enunciados de la ley, cuyo objetivo es formular una política hídrica en el país.

En la reunión se espera la participación de representantes de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá; Autoridad Nacional del Ambiente, entre otros grupos privados.

Ambientalistas han advertido que este proyecto pretende conceder contratos administrativos a nuevas hidroeléctricas.