Los pueblos originarios de Panamá no necesitan de instigadores: Paco Gómez Nadal y Pilar Chato

Periodistas expulsados de Panamá, acusan al gobierno de Martinelli de autoritario

Desde San José de Costa Rica, camino a Madrid (España)

Hemos sido expulsados de Panamá en el día de hoy por el Gobierno de Ricardo Martinelli. La fórmula legal se denomina retorno voluntario pero ni es voluntario ni es retorno. Explico las circunstancias:

1. El sábado 26 de febrero fui detenido ilegalmente cuando, claramente identificado como miembro de la organización de Derechos Humanos Human Rights Everywhere (HREV), documentaba el desalojo de los indigenas ngäbe que cortaban la Plaza 5 de mayo. La detención se produjo con violencia y sin ningún tipo de contemplación. En el operativo también fue detenida de forma arbitraria e ilegal mi compañera, Pilar Chato, que estaba en el andén de la esquina entre 5 de mayo y Calle L esperando el final de los acontecimientos.

2. En las siguientes 20 horas fuimos recluidos en tres instituciones diferentes y en ningún momento se nos indicó de qué se nos acusaba, no se nos permitió comunicación con nuestros abogados ni recibir asistencia consular de la Embajada de España, país del que somos ciudadanos. Los propios funcionarios de la DIJ de Ancón nos manifestaron que no había expediente ni documentación que justificara nuestra detención en esas instalaciones (donde tuvimos que dormir en el suelo sobre periódicos)

3. Que en la tarde del día 27 de febrero, 23 horas de spués de la detención, fuimos víctimas de un juicio express en la corregiduría de Balboa con acusaciones falsas de la Policia Nacional (como que no estaba identificado al momento de la detendicón o que se nos leyeron nuestros derechos o que fuimos informados de las razones del acto) y en base a un video sin audio que, a todas luces, no es probatorio de ningún acto delictivo o contrario a las leyes panameñas.

4. Que Aproximadamente a las 4:30 p.m. fuimos trasladados a las oficinas del Servicio Nacional de Migración donde ni siquiera sabían por qué recibirnos hasta, tal y como nos indicaron, “recibir una llamada de Presidencia”. Una vez que nos recibieron en calidad de “retenidos”, los funcionarios del SNM aseguraron al consul de España, a nuestra abogada y a representantes de la Defensoría dl Pueblo que ningún trámite sería realizado hasta la mañana del día 28 de febrero y que por esa razón debiamos permanecer en las celdas de Migración, a pesar del compromiso de los funcionarios nacionales e internacionales de servir como garantes de nuestra comparecencia al día siguiente.

5. Que después de irse el equipo de acompañamiento, la directora del SNM junto a sus abogados dictaron un decreto ilegal y arbitrario en que sin pruebas nos condenan a detención por haber alterado el orden público e “instigar” protestas”. Fuimos despertados pasada la media noche, intimidados e irrespetados y obligados a firmar un documento en que se afirmaba que el SNM había escuchado nuestra defensa y respetado nuestros Derechos Humanos, cuando esto no se había producido.

6. Que ante las arbitrariedades cometidas, la agresividad de los comunicados públicos del Gobierno desde el mismo sábado 27 y los antecedentes del intento de expulsión del 4 de julio de 2010 y ante la TOTAL FALTA DE GARANTÍAS jurídicas para un proceso justo o para nuestra seguridad física ni jurídica, decidimos aceptar la deportación voluntaria.

7. Manfestamos la absoluta falta de garantías para el trabajo como Defensores de Derechos Humanos en Panamá y alertamos a NAciones Unidas y a la Comisión INteramerciana de DDHH sobre el grave riesgo al que están sometidos otros defensores en Panamá y cualquier líder social.

8. Agotaremos todos los recursos legales disponibles en Panamá y en el sistema Interamericano de Justicia para revertir esta situación y exigiremos la compensación por los daños morales, económicos y personales a los que hemos sido sometidos al abandonar nuestro hogar, nuestros amigos, nuestra misión como defensores de Derechos Humanos y nuestro desarrollo profesional.

9. HREV y mi persona sólo hemos tratado de promocionar y defender los derechos humanos de los colectivos más desfavorecidos de Panamá, tal y como es nuestro mandato. Nuestros informes sobre violación de derechos humanos en Changuinola o en el Centro de Cumplimiento de Tocumen o nuestro seguimiento a todo el proceso de defensa territorial de los pueblos Naso, Ngäbe y Buglé han molestado a las autoridades que han desconodio las recomendaciones de las organizaciones internacionales respecto a los Derechos HUmanos de estas poblaciones. A esta situacion se suma mi labor como periodista y columnista en el diario La Prensa con trabajos críticos que incomodan al Gobierno tal y como lo han manifestado en diversas ocasiones.

10. El trato de los funcionarios de rango bajo de la DIJ y de Migración fue en todo momento correcto y ellos mismos nos mostraron su perplejidad ante este proceso.

11. Los pueblos originarios de Panamá no necesitan de instigadores. Son autónomos y dignos y cuando protestan suelen ser provocados por medidas del Gobierno que, además del abandono secular, aprueba medidas que afectan contra la autonomía territorial, cultural y política de los pueblos originarios.

12. Reconocemos y agradecemos profundamente la valentía, el ánimo y la solidaridad que numerosas organizaciones, ciudadanos y, en especial, los representantes de los pueblos originarios de Panamá nos han mostrado en las últimas horas.

 

No nos echa Panamá. Nos echa su gobierno.

La lucha por los Derechos Humanos es irrenunciable y los delitos de lesa humanidad imprescriptibles.

 

Paco Gómez Nadal

Pilar Chato Carral

Periodistas y Representantes permanentes de Human Rights Everywhere en Panamá

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Periodistas extranjeros en estado de alerta en Panamá

Periodistas en estado de alerta por represión oficial en Panamá

PANAMÁ-REPRESIÓN

Fuente: dpa | 27/02/2011

Ciudad de Panamá, (dpa) – La Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en Panamá (ACOPEP) anunció hoy que está en estado de alerta ante la represión oficial en contra de periodistas, durante manifestaciones indígenas antimineras.

Photo of Ricardo Martinelli, president elect o...

Ricardo Martinelli, gobernante derechista de Panamá, que controla políticamente todos los órganos del Estado de Panamá. Foto: Wikipedia

A través de un comunicado, la ACOPEP, presidida por Luis Blanco, se refirió a la detención de Francisco Gómez Nadal y su esposa Pilar Chato, ambos periodistas de nacionalidad española y activistas de derechos humanos, sin que hayan sido presentadas pruebas en su contra por supuestos actos de desestabilización.

“Los antecedentes del gobierno de pretender, el año pasado, impedir que Gómez retornara al país con medidas migratorias sin justificación legal, demostradas por sus abogados, agregan otro ingrediente que cuestiona la proclamada defensa de la libertad de expresión por parte del gobierno del presidente Ricardo Martinelli”, señaló el pronunciamiento.

La Secretaría de Comunicación del Estado advirtió que el Decreto Ley que regula el Servicio Nacional de Migración prevé la expulsión del extranjero “que haga apología del delito o incite al odio racial, religioso, cultural o político, o sea una amenaza para la seguridad colectiva, la salubridad o el orden público”.

Al respecto, la ACOPEP inició contactos con las organizaciones colegas internacionales y los representantes de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), en materia de libertad de expresión y derechos humanos, para mantener la vigilancia en el caso de Gómez Nadal y Chato.

Cacique indígena llama a alzamiento contra el gobierno de Panamá

Cacique indígena llama a alzamiento contra el gobierno de Panamá

Ciudad de Panamá, (dpa, 10.2.2011) – El cacique de la comarca indígena Ngöbe-Buglé, Rogelio Moreno, instó hoy al alzamiento en contra del gobierno del presidente Ricardo Martinelli, luego de que la Asamblea Nacional (Parlamento) reformó el Código de Recursos Minerales para estimular la explotación de yacimientos en Panamá.

Ngäbe Buglé in Panamá

Ubicación geográfica de la Comarca Gnäbe Bügle en la República de Panamá. Fuente: Wikipedia

“Vamos a la calle a defender nuestros derechos”, dijo el dirigente indígena en la Asamblea Nacional, quien añadió que está dispuesto a “poner el pecho” para que la Policía Nacional dispare ante la afrenta cometida de entregar los recursos naturales a potencias extranjeras.

La Asamblea Nacional aprobó este jueves, con 42 votos a favor y 15 en contra, las polémicas reformas al Código de Recursos Minerales, pese a los reclamos de la oposición para que el debate fuese suspendido por varios meses, con el objetivo de permitir una consulta popular y someter el tema a un referendo. El Código modificado en tercer y último debate prevé el aumento de cánones de dos al cuatro por ciento, el incremento de las fianzas por perjuicios a cada hectárea extraída, y la posibilidad de que otros países exploten grandes yacimientos de oro y cobre en Panamá.

Sin embargo, la aprobación de las reformas generó este jueves un estallido de ira colectiva de indígenas, obreros, ecologistas, campesinos y diputados opositores, quienes acusaron al gobierno de Martinelli de ser un “régimen autoritario y antinacional”. El ministro panameño de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, desestimó las críticas y adujo que las reformas son “beneficiosas”, porque aumentarán las inversiones y la oferta de empleo en Panamá.

Previo a la votación parlamentaria, hubo movilizaciones en varias ciudades que provocaron el despliegue de contingentes de la Policía Nacional fuertemente armados. La Universidad de Panamá fue cerrada en forma indefinida, luego de disturbios, pero grupos estudiantiles indicaron que proseguirán lucha en las calles. Al respecto, el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, insistió en la propuesta de la sociedad civil de que el gobierno reconsidere la política minera adoptada, ya que se ha convertido en un factor de conflicto y confrontación, y una amenaza al ecosistema tropical.

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Parlamento panameño aprueba reformas a ley de minería en medio de protestas

Panamá, (EFE-11.2.2011).- El Parlamento panameño aprobó hoy el proyecto de ley de reformas al Código Minero, en medio de las protestas de los que rechazan esta iniciativa por considerar que abre la explotación minera en zonas indígenas a la participación de otros estados y afectará el medio ambiente.

El proyecto de ley 277 de reformas al Código de Recursos Minerales fue aprobado por la Asamblea Nacional de Panamá en tercer y último debate por 42 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención. La aprobación se produjo en momentos que en los predios del Parlamento panameño un grupo de indígenas de la etnia Ngobe Buglé, con danzas autóctonas, pancartas y consignas exigían suspender la discusión del documento. Además, por tercer día consecutivo se produjeron protestas violentas en los alrededores de la Universidad de Panamá (estatal), lo que tuvo como consecuencia la suspensión de clases por orden del rector, Gustavo García de Paredes. Los aborígenes, vigilados por la Policía antidisturbios, señalaron que regresarán a sus comunidades, donde se encuentran los principales yacimientos no explotados, para analizar nuevas acciones de protesta para presionar para que el proyecto no sea sancionado por el presidente panameño, Ricardo Martinelli.

El viceministro de Comercio de Panamá, Ricardo Quijano, dijo a los periodistas que la propuesta no contempla la explotación del yacimiento de cobre de Cerro Colorado, en la provincia occidental de Chiriquí, ni de otras reservas minerales en la áreas indígenas de la Comarca Ngobe Buglé.

El diputado Irene Gallego, de la Comarca Ngobe Buglé y miembro del opositor Partido Popular (PP), dijo que la aprobación de este proyecto es “otra imposición más de este Gobierno” de Martinelli que, afirmó, “sólo piensa en sus intereses”. “Aquí se ha aprobado a tambor batiente un proyecto de ley en el que se le quiere dar el territorio panameño, y el territorio de la Comarca (Ngobe Buglé), a empresas extranjeras, a Gobiernos extranjeros” para que exploten la minería, añadió Gallego.

El presidente de la Asamblea Nacional, José Muñoz, del gobernante Cambio Democrático (CD), defendió el proyecto señalando que esta iniciativa no contempla la explotación minera en Cerro Colorado, pese a que delegaciones de Corea del Sur y Singapur que han visitado Panamá meses atrás han expresado su interés en esos yacimientos.

La etnia Ngobe Buglé, la de mayor población en el país y donde está Cerro Colorado, considerado el segundo yacimiento más grande de cobre del mundo, se opone a la explotación minera a cielo abierto dentro de sus lindes porque pondría en peligro de contaminación la flora y la fauna del lugar, además de los acuíferos y ríos.

Mientras, una comisión del Ejecutivo se trasladó hasta la Comarca Ngobe Buglé para explicar a ambientalistas e indígenas las bondades del proyecto.

Por su lado, el parlamentario Crispiano Adames, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el mayoritario de la oposición, afirmó que este proyecto tiene “implicaciones ambientales y ecológicas innegables” por permitir la minería a cielo abierto.

El Gobierno defiende la reforma el Código de Recursos Minerales y la Ley 55 y 109 de 1973 de minerales no metálicos, porque, asegura, aumenta la regalía, el costo de los permisos, multas y las tasas que las mineras deben pagar al Estado, e incorpora el pago del impuesto sobre la renta a las mineras y aumenta la conservación ambiental. En este sentido, el proyecto aprobado modifica la tarifa que deben pagar las concesiones de minerales en concepto de canon superficial y regalía, que aumentarán del 2% al 5%. También establece normas sobre responsabilidad social empresarial para que las mineras desarrollen y ejecuten planes, programas y proyectos sociales de mejoramiento en la calidad de vida de la población y prevención y reparación de daños ambientales.

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Vea además:

Fotos de protestas de indígenas Gnäbe Bügle

 

 

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Panamá: A pesar de protestas, aprobaron reforma al Código Minero

oposición al proyecto se mantiene

Aprueban reforma minera

PROTESTA. Nuevamente ayer, los indígenas que adversan las reformas al código minero desafiaron a los antimotines en la Asamblea LA PRENSA/Jorge Fernández

JOSÉ GONZÁLEZ PINILLA
SANTIAGO CUMBRERA

panorama@prensa.com

Indígenas de la comarca Ngäbe Buglé cercaron ayer por más de tres horas la Asamblea Nacional, tras la aprobación en tercer debate del proyecto de Ley 277 que reforma el Código de los Recursos Minerales.

En consecuencia, los diputados quedaron atrapados por ese tiempo en el Palacio Legislativo, como ocurrió el pasado miércoles cuando se produjo el segundo debate del proyecto.

Cerca de 100 manifestantes gritaron consignas en contra de las reformas que permiten, entre otras cosas, la participación de otros países en la exploración minera a través de sociedades anónimas.

Otro grupo de cinco indígenas protestaba dentro del Palacio Legislativo, mientras los miembros de la Unidad de Control de Multitudes esperaban la orden para desalojarlos. Sin embargo, los manifestantes se retiraron voluntariamente tras advertir que las protestas no cesarán.

Al rechazo al proyecto se sumaron en la mañana de ayer los empleados y estudiantes de la Universidad de Panamá, que se lanzaron a las calles como protesta. Cerraron la vía Transístmica y se enfrentaron a los antimotines.

El proyecto, que ahora espera la sanción por parte del presidente, Ricardo Martinelli, para convertirse en ley de la República, recibió el voto a favor de 42 diputados.

Quince diputados votaron en contra, entre ellos Jorge Alberto Rosas, del Movimiento Liberal Republicano Nacional, partido aliado al gobierno.

Durante la discusión del segundo debate, Rosas advirtió a sus colegas y al viceministro de Comercio, Ricardo Quijano, que el artículo 1 es inconstitucional, porque otorga concesiones mineras a gobiernos o estados extranjeros a través de sociedades anónimas.

El diputado oficialista se solidarizó con la población indígena y vaticinó que el oriente chiricano quedará convertido en ruinas, en caso de que el proyecto sea sancionado tal como está y se otorgue en concesión Cerro Colorado.

Por su parte, el titular de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, quien estuvo presente en el debate, desestimó estos señalamientos, alegando que la explotación de Cerro Colorado no está relacionada con las reformas al código minero que data de 1963.

“Personalmente pienso que mientras no exista la voluntad de las comunidades en torno a los yacimientos, no se puede hacer una explotación minera”, destacó. También llamó la atención de que varias de las protestas se desarrollan en áreas donde no existen yacimientos.

“Es el proyecto que más consultas y más debate ha recibido”, sostuvo el ministro Henríquez, quien confirmó que al menos 14 empresas extranjeras han manifestado su interés por explotar Cerro Colorado. Aun así, negó que el Gobierno se esté preparando para desarrollar este yacimiento.

En tanto, la Diócesis de David expresó, a través de un comunicado, su compromiso de “acompañar al pueblo indígena en sus legítimas reclamaciones y participar en las manifestaciones pacíficas que convoque la dirigencia indígena en defensa de sus derechos, de su territorio y de sus vidas”.

Los diputados del opositor Partido Revolucionario Democrático cuestionaron duramente la propuesta durante el último debate y se hicieron eco de los informes de 65 agrupaciones defensoras del medio ambiente que también expresaron su rechazo.

REFORMAS AL CÓDIGO MINERO

Indígenas anuncian batalla

Las modificaciones al ‘Código de Recursos Minerales’ esperan la sanción presidencial. Indígenas no se rinden.

Protesta. Grupos indígenas alzaron su voz contra la minería. LA PRENSA/Jorge Fernández

JOSÉ GONZÁLEZ PINILLA
jagonzalez@prensa.com

Indígenas de la comarca Ngäbe Buglé aseguran que no darán su brazo a torcer. Continuarán con las protestas por las reformas al Código de Recursos Minerales aprobadas ayer en tercer debate en la Asamblea.

Están convencidos de que la reforma tiene un objetivo: la explotación de Cerro Colorado, uno de los yacimientos de cobre más grandes de la región. “Esto será una larga lucha. Vamos a ganar la pelea a la buena o a la mala”, dijo Rogelio Moreno, quien se mantuvo todo el día protestando en la Asamblea.

Moreno, junto con un grupo de indígenas, permaneció la noche anterior en el interior del pleno legislativo, en protesta por la aprobación del proyecto en segundo debate. Ni la seguridad de la Asamblea ni los miembros de la Unidad de Control de Multitudes pudieron sacarlos del recinto.

Ni siquiera el aumento de las regalías de 4% a 5% hecho por los diputados oficialistas en el segundo debate logró hacerlos cambiar de opinión. Consideran que aún es poco y que lo ideal es 50% para las empresas y 50% para Gobierno; y de este porcentaje, solicitan que el 30% sea destinado a los pueblos indígenas.

Mientras el tercer debate llegaba a su fin, y los diputados de oposición hacían un último e inútil alegato contra el proyecto, un grupo de cerca de 100 personas, entre indígenas, trabajadores y estudiantes, se unió al piquete. Protestaron por tres horas a partir de las 4:00 p.m.

Adentro de la Asamblea Nacional, el debate se desarrolló sin sobresalto. A diferencias de los días anteriores, las puertas que conducen a las gradas del pleno estaban cerradas al público, lo que permitió que los diputados debatieran sin interrupciones.

Entre los argumentos que reiteraron ayer los diputados del Partido Revolucionario Democrático para oponerse al proyecto, estuvieron que se permite la participación de gobiernos extranjeros en la explotación minera; que no se impide que funcionarios intervengan en la actividad, que no se hizo una consulta pública como en el caso de la ampliación del Canal, y que no se establecen fórmulas para mitigar el impacto en el ambiente.

Desde el oficialismo el discurso fue el ya escuchado desde el primer debate: que solo se estaba modernizando el código minero.


Diócesis de David llama al diálogo en tema minero

Los grupos indígenas de la comarca Ngäbe Buglé se organizan para una asamblea general que se llevará a cabo mañana (sábado) con el viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, en la comunidad Quebrada de Guabo, en el área comarcal.

En una reunión de acercamiento con los indígenas, en el distrito de San Félix, Chiriquí, Carles acusó a grupos ambientalistas de promover las protestas en contra de la explotación minera. En tanto, sacerdotes de la Pastoral Indígena de la Diócesis de David dijeron que brindarán todo el apoyo al pueblo ngäbe buglé para que defienda su territorio y exhortaron al diálogo.

Yaritza Mojica, Flor Bocharel y Sandra Rivera


Suspenden clases en la UP tras jornada de disturbios

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá (UP) suspendió ayer de manera indefinida las clases en el campus central en la ciudad de Panamá, debido a la protesta que, por segundo día consecutivo, realizaron estudiantes y funcionarios contra las reformas al Código Minero impulsadas por el Gobierno, por considerar que la minería es una actividad lesiva al ambiente.

La acción degeneró en disturbios tras la llegada a la vía Transístmica de miembros de la Policía Nacional, quienes dispersaron con gases lacrimógenos a los manifestantes, que respondieron con piedras y botellas.

La protesta se prolongó por una hora a partir del mediodía.

Juan Manuel Díaz C.

Comunicado e imágenes del pueblo Ngäbe Bügle en la defensa de su territorio de la minería

The Mine... Another Look

Minería a cielo abierto. Foto: Storm Crypt via Flickr

Comunicado e imágenes del pueblo Ngäbe Bügle en defensa de su territorio de la minería metálica

Burica Press, 9 de febrero de 2011

A continuación el comunicado e imágenes del pueblo Ngäbe Bügle en la defensa de su territorio de la minería metálica en su territorio.

Actualmente el Gobierno de Panamá pretende concesionar las tierras ngäbes de la Comarca Gnäbe Bügle para exploración y explotación minera.

Las imágenes muestran el abuso policial ordenado por el Gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal, que impulsa una reforma al Código Minero, con el fin de permitir una actividad minera total en el territorio panameño.

COMARCA NGABE – BUGLE

PRONUNCIAMIENTO DE LAS  AUTORIDADES  ADMINISTRATIVAS, TRADICIONALES Y DIRIGENTES  EN  LA  I SESION ORDINARIA CONVOCADO PARA EL DIA 8 DE FEBRERO DE 2011.

Frente a la INSISTENTE actitud del gobierno nacional y la posición parcializada de la Asamblea Nacional de realizar de manera inconsulta la Reforma al Código Minero, nosotros las autoridades administrativas, tradicionales, dirigentes y organizaciones, en ocasión de la I Sesión Ordinaria

ACUERDA

Que la manifestación pacífica realizada en San Félix y Vigui panamericana realizada el día 7 de febrero de 2011, fue pacífica y exitosa. Donde asistieron 4500 personas procedentes de los corregimientos de los distritos de Muna, Ñurun, Nole–Duima, Mirono y Besigo de las regiones comarcales de Kodri y Nedri.

El pueblo Ngabe – Bugle y campesino de la comarca Ngäbe–Bügle y áreas aledañas del oriente chiricano, exige al gobierno nacional la devolución del proyecto ley 277 a primer debate.

Declarar al país y a las comarcas indígenas, como territorios libres de exploraciones y explotaciones mineras y rechazamos los falsos comentarios y denigrante del periodista Donald Quintero en su programa en la emisora KW Continente y la opinión del periodista Edwin Cabrera en el programa Debate Abierto sobre la realidad de los acontecimientos ocurridos en la manifestación  del día 7 de febrero de 2011.

Solicitamos la solidaridad nacional e internacional, de las organizaciones populares, ambientales y de derechos humanos y denunciamos la complicidad del doctor José Stonestreeth; Director regional de salud comarcal, por no dar atención medica adecuada a los pacientes y por brindar información incompleta sobre el estado de los pacientes que fueron ingresados en el Hospital de San Félix.

Denunciamos los actos de provocación  y represión de los antimotines de la Policía Nacional, contra el pueblo reunido en la manifestaciones de Viguí –Panamericana y San Félix, el día 7 de febrero de 2011. Los antimotines usaron gases lacrimógenos, gas pimienta, perdigones, escopeta calibre 12 y otros, de los cuales resultaron heridos 13 personas, 21 detenidos, incluyendo un niño desaparecido, afectando de esta manera las residencias, locales comerciales y una estación de combustible dejando en peligro la vida de la población indefensa de la región.

Responsabilizamos al gobierno del Presidente Ricardo Martinelli, al ministro de Gobierno, al ministro de Seguridad, ministro de Comercio e Industrias, al director de Policía Nacional  y otros sobre cualquier medida de represión y barbarie que atente contra la vida, la seguridad y el futuro del pueblo Ngäbe – Bügle y campesino de Panamá.

Repudiamos enérgicamente la compra de conciencia de parte del gobierno nacional a través de falso dirigentes y persecución de nuestros dirigentes y aclaramos ante la faz del país que no hemos recibido apoyo de ningún partido político, ni de ninguna organización no gubernamental para nuestras luchas.

Solicitamos el respaldo del pueblo panameño, organizaciones populares, indígenas y campesinos; de manifestarnos pacíficamente el día 15 de febrero en San Félix y otras acciones de protesta que se realicen a nivel comarcal y nacional.

Solicitamos el apoyo solidario de todas las iglesias en las manifestaciones que realice el pueblo Ngäbe – Bügle y campesino en rechazo  a los ante proyecto de ley que afecte la vida, la tranquilidad y convivencia pacifica del pueblo.

Denunciamos esta acción del gobierno de turno y condenamos este acto de imposición, discriminación y violencia a nuestros derechos. Acto como estos son inaceptables en una sociedad democrática por lo que anunciamos a la opinión  pública que el pueblo Ngäbe – Bügle; seguiremos luchando por la defensa nuestro derecho y el futuro de nuestro hijos.

Agradecemos la decisión adoptada por las organizaciones estudiantiles, populares y ambientales de la provincia de Veraguas, Panamá, Chiriquí, Coclé y el pueblo Ngäbe – Bügle de Changuinola  por la acción solidaria en contra de la Reforma de Código Minero.

Dado en la Comarca Ngabe – Bugle , 8 de febrero de 2011.

Firmado por las autoridades administrativa, tradicionales, dirigente y la coordinadora por la defensa de los derecho de pueblo ngabe – bugle.

Cuál es su opinión?

Solicitan al gobierno de Panamá, el cumplimiento de la medidas cautelares de la CIDH

Sociedad civil nacional e internacional solicitan al gobierno de Panamá, el cumplimiento de la medidas cautelares de la CIDH

Burica Press reproduce la carta de la sociedad civil de Panamá y del extranjero que trabajan es derechos humanos sobre el cumplimiento de las medidas cautelares sobre la suspensión de la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en tierras indígenas reclamadas por estos.

Baje aquí la carta en versión digital pdf: Carta Presidente Panama medidas CIDH Chan 75 09-08-21

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21 de agosto de 2009

Excmo. Señor Doctor

Ricardo Martinelli

Presidente de la República de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá

Ref. Medidas Cautelares de la CIDH para la

protección de los Derechos Humanos de las

Comunidades Ngöbe

Excelentísimo Sr. Presidente Martinelli,

Nos dirigimos a Usted en nombre de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), el Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE), Earthjustice, el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) y el Center for Biological Diversity, conocedores de las expresiones de preocupación de las comunidades Ngöbe, y de organizaciones nacionales e internacionales respecto a la falta de cumplimiento del Estado panameño con las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con ocasión de la construcción de la represa Chan 75.

Reiteramos la importancia que tiene para el sistema jurídico, la democracia y la ciudadanía, que el Estado atienda estas medidas, que pretenden “evitar daños irreparables al derecho a la propiedad y la seguridad del pueblo indígena Ngöbe” que habita en la provincia de Bocas del Toro, como expresamente lo indica el pedido cautelar.

El 17 de Junio de 2009, la Comisión solicitó al Estado Panameño que “suspenda las obras de construcción y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a AES-Changuinola a lo largo del Río Changuinola en la provincia de Bocas del Toro”, hasta que haya una decisión definitiva por la Comisión o la Corte Interamericana, del caso que está en estudio. La Comisión solicitó además medidas para garantizar la libre circulación, la vida y la integridad de los indígenas Ngöbe, y así evitar mayor violencia e intimidación.

Las medidas cautelares de la CIDH obedecen a los riesgos que, para la garantía de los derechos humanos de los indígenas y el ambiente, implica la construcción de la represa, especialmente por los daños graves e irreversibles que ésta conllevaría.

De hecho, la construcción del proyecto implicaría la inundación del territorio ancestral habitado por cuatro comunidades Ngöbe: Charco la Pava, Valle del Rey, Guayabal y Changuinola Arriba.

Esto ocasionaría daños graves e irreversibles tanto a las comunidades mencionadas como al ambiente y por ende, a otras comunidades de la zona.

Justamente dada la gravedad de la situación, el Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas de las Naciones Unidas visitó la zona en enero pasado. En su informe publicado en mayo 12 de 2009, el Relator también recomendó al Estado que evalue la posibilidad de suspender las obras de construcción de la represa y el proceso de reasentamiento de las comunidades por un período razonable, hasta que se establezcan las condiciones mínimas para el reinicio de la construcción y el reasentamiento, a la luz de los resultados del nuevo proceso de diálogo”. Esta recomendación con el fin de garantizar la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas y evitar mayores daños.

Vale la pena mencionar que debido a las amenazas que el proyecto Chan-75 y otros proyectos hidroeléctricos revisten para la conservación del Parque Internacional La Amistad (PILA), el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO incluyó al PILA en la Lista de Patrimonios de la Humanidad en Peligro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Creemos que de esta manera que el Estado Panameño daría muestras de avanzar como un Estado democrático moderno. Conscientes que el no acatamiento con las medidas cautelares solicitadas por las instancias internacionales de derechos humanos fueron adoptadas en el gobierno inmediatamente anterior, las organizaciones firmantes confiamos en una respuesta positiva por parte del nuevo Gobierno, para que cumpla con lo solicitado por la Comisión Interamericana y con las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas lo antes posible.

Reciba un saludo cordial.

Atentamente,

Manuel Pulgar-Vidal

Presidente

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Raisa Banfield

Directora Ejecutiva

Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)

Larissa Duarte

Directora Ejecutiva

Alianza para la Conservación y Desarrollo (ACD)

Sebastián Tedeschi

Coordinador Programa de las Américas

Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE)

Rolando Castro

Director

Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA)

Martin Wagner

Director del Programa Internacional

Earthjustice

Peter Galvin

Director de Conservación

Center for Biological Diversity

C.c.

Ministerio Gobierno y Justicia

Ministro Dr. José Raúl Mulino

Dirección de Política Indigenista

Lic. José Isaac Acosta

Ministerio de Relaciones Exteriores

Dr. Juan Carlos Varela Rodríguez,

Vicepresidente y Ministro de Relaciones

Exteriores de la República de Panamá

Dirección General de Asuntos Jurídicos y Tratados

Lic. Vladimir Franco

Corte Suprema de Justicia

Dr. Harley James Mitchell Dale

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministro Dr. Roberto Henríquez

Dr. Ricardo Quijano J., Viceministro de

Comercio Interior

Debemos rechazar a todos los candidatos

Voto ecologista sin candidato

Por Ariel R. Rodríguez V.

Biólogo y Ecologista

No hay dudas que la corrupción urbanística blanca se institucionalizó en el Ministerio de Vivienda con Balbina Herrera como ministra del Gobierno de Martín Torrijos y que a su vez era la continuación del legado de la administración Arnulfista de Mireya Moscoso, donde hoy están en juego verdaderas joyas de bosques de rica biodiversidad de las áreas revertidas y el ordenamiento y respeto al espacio urbano amplio que era un ejemplo de buen urbanismo en un país tropical.

Los ministros de vivienda en 10 años realizaron decenas de cambios de zonificaciones ilegales que afectaron grandemente el urbanismo y la naturaleza de las áreas revertidas y de la propia ciudad de Panamá con los resultados de hacinamiento de concreto y congestionamiento vehicular que hoy vemos por todos los rincones de la ciudad. Hoy los bosques revertidos de Colón y la ciudad de Panamá están siendo destruidos sistemáticamente y otros están en el filo de navaja porque especuladores con influencias en los gobiernos de turno han logrado importantes avances en tomárselos para su propio usufructo y beneficio! En un país realmente civilizado esto sería un escándalo de corrupción.

Por tanto, jamás podría votar para Presidente por personas con prontuario de corrupción e ignorancia manifiesta. Prueba de esta corrupción es que desde hace seis meses, todos los días hábiles una decena de magníficos ciudadanos están gritando con un megáfono frente la Corte Suprema para denunciar las pillerías de Balbina y de los ministros de Mireya Moscoso que para colmo, estos actos ilegales del MIVI fueron legalizados con una ley aprobada en la madrugada del 31 de diciembre de 2006 y donde a su vez un par de magistrados suplentes que no respetan la Constitución de la República de Panamá avalaron con un fallo tal corrupción blanca. Como se ve es una pirámide de corrupción mejor organizada que la de Murcia!

Ante este escenario, que es un ejemplo, de las mil maravillas de corrupción que a diario ocurren en la administración pública donde lesionan los caros intereses y el patrimonio nacional, vemos que aparece en la escena de la tragicomedia de la política panameña un nuevo personaje con muchas canas acumuladas y vientre abultado por efecto de los cómodos escritorios burocráticos de la patria vieja y de la patria Arnulfista que ha usufructado. Este personaje se llama Ricardo Martinelli. Cuyo nombre me da escalofríos de miedo y su rostro de vallas me inspira preocupación por la patria y los recursos naturales que están en juego. Es un hombre que a fuerza de su egomanía, chequera, engaños y cinismo pretende ser Presidente de Panamá. Recuerdo hace un par de años cuando este candidato dijo que los Estudios de Impacto Ambiental eran un obstáculo al desarrollo! Hoy dice sin sonrojarse, ni tener idea remota de lo que su promesa implica, que hará una carretera de Colón a Rambala en Bocas del Toro!

Como ecologista rechazamos de plano a los dos candidatos punteros que el pueblo panameño ingenuamente está seleccionando, ya que son una amenaza peligrosa y arbitraria al sistema ecológico y democrático nacional, ya que sin haber llegado al Palacio de la Garzas , han demostrado ser arbitrarios en sus actos y palabras y sin información suficiente han avalado en otras cosas en sus discursos electoreros la venta y titulación de los espacios de islas y costas que son patrimonio constitucionalmente establecido para todos los panameños, la promoción de hidroeléctricas sin importarles que daños ecológicos causan y sin importarles la suerte de la gente que es perjudicada con estos proyectos y la destrucción de lo que queda del corredor biológico del Caribe Panameño. Ambos son  supremamente ignorantes de la dimensión ambiental y sus efectos sociales, y esto es inadmisible en candidatos presidenciales del siglo XXI.

Nuestro voto será de rechazo a todos, porque los otros dos candidatos tampoco cumplen el perfil deseado del presidente de Panamá requerido en el siglo XXI y donde no han demostrado mayor liderazgo en ningún plano en esta contienda que no discute propuestas porque no tienen y porque están rodeados de gente vieja con esquemas de pensamiento viejos y carentes de discurso progresista y ecologista informado. Si tuvieran plataformas políticas serias, no tendrían que estar haciendo a última hora un supuesto plan de gobierno que no cumplen.

Votamos en blanco e insto a todos los panameños a rechazar a estos arribados de la nada, en las elecciones del 2009 para que tengamos moral de argumentar, solicitar, mejorar y exigir el mejor rumbo ambiental basado en ciencia, principios, ética y valores que mejoren la legislación ambiental existente y el manejo adecuado de nuestro rico patrimonio natural en función del bienestar común de cara a las presentes y futuras generaciones.