Palabras sabias de un ex-rector: causas y consecuencias de conflictos

LOS HECHOS DEL 13 DE FEBRERO.

Suntracs, causas y resultados

Carlos Iván Zúñiga Guardia

La ciudad capital y otros puntos de la República se estremecieron el miércoles último con motivo de un conflicto entre la Policía Nacional y el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs). Sin precedentes en la historia del movimiento obrero, en cuestión de horas se montó un operativo de protestas callejeras que paralizó puntos estratégicos de la ciudad durante horas. Es obvio que toda acción de esta naturaleza a la que se añada la represión policíaca tiene consecuencias dañosas para la sociedad. Pero antes de analizar esas consecuencias se deben examinar las causas del conflicto con un método de interpretación jurídico–penal. Si nos dedicamos a juzgar y condenar los hechos anárquicos vividos y olvidamos absolutamente qué circunstancias apretaron el gatillo del conflicto, actuamos con una parcialidad que condena la justicia.

La subversión callejera caracterizada por la violencia es un delito. Pero todo delito responde a un proceso de causalidad de modo que todo efecto tiene su causa. El penalista busca en la causa la condición que prendió la chispa. El penalista suprime hipotéticamente la condición que de no haberse dado, nada hubiera provocado la reacción de protesta del miércoles 13 de febrero.

Este razonamiento nos lleva didácticamente al siguiente interrogatorio: ¿si la Policía Nacional no hubiera asesinado, a traición y sobre seguro, a un dirigente del Suntracs en la ciudad de Colón, se hubieran producido los desórdenes del día siguiente? Definitivamente ¡No!

Esto significa que la causa de lo ocurrido el miércoles último se encuentra en el vil asesinato del dirigente obrero. No debe olvidarse el apotegma penal que indica que quien incorpora en la vida del delito una condición ilícita es responsable de todas las consecuencias.

De allí que resulta impropio condenar los resultados sin detenerse a analizar y condenar prioritariamente las causas.

Existen otros elementos sicológicos que se hicieron presentes en las calles de la ciudad. Suntracs es un movimiento resentido con el sistema político porque ya han sido asesinados dos de sus líderes. No es igual la reacción ante un hecho primario que ante la reincidencia de un acoso criminal. El espíritu de conservación y la sed de justicia hacen más indomables las reacciones gremiales.

Esta verdad que sin duda conoce el Gobierno debió determinar una acción preventiva oficial una vez tuvo conocimiento del asesinato. En la misma noche del crimen el Gobierno debió movilizar sus energías para entrar en contacto con el Suntracs e iniciar un proceso de diálogo. De haberlo hecho se hubiera conjurado la carga explosiva que venía reventando el pecho del Suntracs y que solo esperaba el nuevo amanecer para estallarla en el rostro de la ciudad.

El Gobierno estaba tan seguro de que para el miércoles 13 algo grave ocurriría, que se dedicó a esperar con una Policía dispuesta a disolver a los manifestantes. En vez de asumir de inmediato la vía del diálogo, asumió la acostumbrada represión.

Al Gobierno le faltó prudencia y acción para evitar el desenlace tan crispante o violento del 13 de febrero. El Gobierno descartó por acción u omisión el cuarto de hora de la buena oportunidad. En cierto modo, tal vez, también desestimó la capacidad de respuesta del Suntracs y no incorporó en sus meditaciones lo que viene expuesto en este artículo.

En el análisis de las circunstancias algunos gremios económicos reiteraron sus exigencias en pro de un orden público estable. Nadie que vive en una sociedad civilizada puede oponerse a ese ideal. El orden público significa el imperio de la ley y por tanto la preservación de la vida. Lo recomendable, por tanto, es lograr una convivencia garantizada por el comportamiento igualmente civilizado de los agentes del orden. Lo que no puede ser es que un agente del orden asesine el orden público disparando en la espalda de un obrero luego de ejercer un derecho constitucional.

En toda acción ilícita la buena moral aconseja buscar con objetividad las causas. Si nos acostumbramos a este método, los hechos como los del 13 de febrero no ocurrirían. Esa buena moral también aconseja que el primer deber del Gobierno es prevenir, sobre todo cuando un resultado es lógicamente previsible.

Esta política sería la más propicia para lograr un orden público estable, sin causas delictivas y sin resultados negativos que todos lamentamos.

 

El autor es abogado y fue rector de la Universidad de Panamá