Panamá: Panel de Inspección del Banco Mundial encuentra violación a derechos territoriales indígenas Ngäbe y Nasos

Panamá – Proyecto de Administración Territorial

Banco Mundial aprueba Plan de Acción luego de discutir informe del Panel de Inspección sobre violación a derechos territoriales indígenas

WASHINGTON, 4 de febrero de 2011 – El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial abordo en la víspera el informe de la investigación independiente del Panel de Inspección relativo al Proyecto de Administración Territorial en Panamá,  conocido en Panamá como PRONAT, aprobando el Plan de Acción de la Gerencia contenido en la Respuesta de la Gerencia del Banco a las conclusiones del Panel.

Vivienda Ngäbe en Comarca Ngäbe Bügle (Caribe) Fuente: Lon&Queta via Flickr

La investigación del Panel respondió a dos peticiones relacionadas al reconocimiento legal de las tierras habitadas por dos grupos indígenas, los Naso y los Ngäbe. La investigación del Panel se centró en determinar si se cumplió con la política del Banco en materia de la defensa de Grupos Indígenas, en particular respecto al respaldo del Proyecto a la creación de territorios indígenas y de consultas adecuadas con las comunidades afectadas, y si se cumplió con el papel del Banco de supervisar la correcta implementación por parte del gobierno de las actividades del proyecto.

Aprobado en enero de 2001 y finalizado en junio de 2010, la inversión total del proyecto llegó a US$58,6 millones, financiados parcialmente por un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) de US$47,9 millones. El objetivo del proyecto era modernizar la administración territorial en Panamá mediante el establecimiento de procedimientos más simples para el otorgamiento de títulos de propiedad y el mejoramiento de la capacidad de las instituciones locales para mapear casi la mitad del país, estableciendo un sistema integrado de registro y catastro para certificar la propiedad y la correcta titulación, consolidando las áreas protegidas y los territorios de los Pueblos Indígenas.

Roberto Lenton, Presidente del Panel de Inspección, subrayó “la importancia crítica de los temas abordados por los Naso y los Ngäbe en sus Peticiones de Inspección, y del objetivo del Proyecto de asistirles a resguardar sus derechos territoriales como pueblos indígenas.” Indicó que “en ciertos asuntos, la Gerencia cumplió con la política pertinente del Banco, elogiando a la gerencia por haber jugado un papel clave a la hora de involucrarse en los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Sin embargo, el Panel también halló instancias importantes de no cumplimiento con la política del Banco, algo que contribuyó en parte a la falta de progreso en el resguardo de los derechos territoriales de los Naso y los Ngäbe.”

La investigación del Panel subrayó dos lecciones importantes respecto al cumplimiento de la política, a saber el requisito de preparar un Plan para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la necesidad de supervisión adecuada para poder reaccionar inmediatamente ante cualquier problema emergente en el terreno. A nivel sistémico , el Informe corrobora la importancia crucial de la participación integral y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas, cumpliendo con la política del Banco, en actividades que les afectan, incluyendo el mapeo y reconocimiento de sus tierras.

El Panel observó que una vez que los problemas fueron identificados, el personal del Banco se involucró de manera intensa y constructiva con las comunidades afectadas para comprender mejor y ayudar a resolver los problemas suscitados. Las personas afectadas le indicaron al Panel que si bien esperan la consolidación de sus derechos territoriales a estas tierras, valoran enormemente las acciones y el esfuerzo del Banco, esperando que éste siga involucrándose en este tema en el país.

Abordar asuntos no resueltos relacionados con el territorio de los Naso y las Áreas Anexadas de los Ngäbe en la provincia de Bocas del Toro requiere la atención inmediata de la recientemente creada Autoridad Territorial (ANATI) de Panamá.

Laura Frigenti, ex Directora del Banco Mundial para América Central

“Le damos la bienvenida a las conclusiones del Panel, esperando que el Plan de Acción aprobado hoy por el Directorio contribuya a resolver los asuntos pendientes de derecho territorial de los Pueblos Indígenas de Panamá.”

Más información:

http://www.inspectionpanel.org

Gobierno pone en peligro Parque Internacional La Amistad

Burica Press – Medio Ambiente y Pueblos Indígenas

Dos semanas después de recibir la visita de la cúpula de Empresas Públicas de Medellín (EPM), el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y su Gabinete han autorizado a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) a firmar el contrato que permite a EPM construir una hidroeléctrica en el Río Bonyik utilizando casi 2 mil hectáreas del Bosque Protector Palo Seco, fundamental como área de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad (PILA).

La decisión del Gobierno de Panamá, hecha pública este sábado 13 de marzo, representa un daño permanente al Bosque Protector y una invasión permanente para la comunidad indígena Naso de Bonyik, que durante ańos ha luchado para evitar la construcción de esta represa en sus tierras ancestrales que el Estado panameño se ha negado a reconocer.

EPM, propietaria de la autodenominada Hidroecológica del Teribe, entró al Bosque Protector hace meses según denuncian las organizaciones Human Rights Everywhere, el Centro de Incidencia Ambiental, Justicia, Paz e integridad de la Creación y Voces Ecológicas, sin el contrato que los autorizaba.

Las Empresas Públicas de Medellín iniciaron trabajos en los bosques protegidos y Reserva Indígena Naso desde hace varios meses, sin los permisos correspondientes. Foto: Comuna Sur

Indican estas organizaciones que este proyecto es un grave atentado contra el pueblo Naso, ya que amenaza la forma de vida tradicional, desconoce a sus autoridades tradicionales legítimas, perturba la vida cotidiana con ruido y modificaciones definitivas al paisaje y forma de los ríos Teribe y Bonyik.

También denunciaron a las autoridades locales y nacionales que no han atendido las denuncias por daño ecológico, abuso de autoridad y otros delitos presentadas en la ANAM, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía de Bocas del Toro y otras instancias del Estado.

CIDH exige medidas cautelares al Gobierno de Panamá a favor de los indígenas Naso

CIDH exige medidas cautelares al Gobierno de Panamá

a favor de los indígenas Naso

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió ayer 30 de noviembre Medidas Cautelares a favor del Pueblo Indígena Naso de la provincia de Bocas del Toro (Panamá). Así lo confirmó Santiago A. Cantón, Secretario Ejecutivo de la CIDH.

La CIDH exige al Estado panameño que tome las medidas necesarias para evitar la continuidad de los desalojos colectivos forzados y/o levantamiento de las viviendas del Pueblo Indígena Naso.

Que le brinde la atención de emergencia en salud y vivienda a los miembros de estas comunidades que fueron víctimas del desalojo y destrucción de sus viviendas, alimentos y animales.

Que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los líderes nasos Eliseo Vargas, Tony Vargas, Oscar Vargas, Lupita Vargas, Marcial Gamarra y Lucho Gamarra.

Que garantice la libre circulación y seguridad de los miembros del Pueblo Indígena Naso a fin de que no sean objeto de nuevos actos de violencia o medidas intimidatorias.

Que se levante una investigación de los hechos que motivaron la adopción de las presentes medidas cautelares.

El Gobierno de Panamá ha ignorado hasta ahora los llamamientos de la comunidad internacional (como la carta del Relator Especial de la ONU para Pueblos Indígenas, James Anaya) y está poniendo al país una vez más en una situación de desacato en el marco de los convenios internacionales relacionadas con el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.

Ya la CIDH ha dispuesto durante este año, medidas cautelares a favor del pueblo indígena Ngobe del Valle del Río Changuinola que están siendo desalojados de manera forzosa por la construcción de una represa en su territorio. El Gobierno de Panamá ha ignorado estas medidas cautelares.

Burica Press –Derechos Humanos

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CIDH pide protección para seis líderes indígenas de la etnia naso

Washington

EFE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que ha pedido protección para «proteger la vida y la integridad personal» de seis líderes indígenas de unas comunidades del pueblo naso de Panamá que están siendo desalojadas.

La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha pedido medidas cautelares para «evitar la continuidad de los desalojos colectivos forzados y/o levantamiento de las viviendas y para garantizar la libre circulación y la seguridad del Pueblo Indígena Naso de la Región Bocas del Toro».

La petición se hizo el pasado 30 de noviembre de 2009 para proteger a Eliseo Vargas, Tony Vargas, Oscar Vargas, Lupita Cargas, Marcial Gamarra y Lucho Gamarra.

Los nasos tienen una controversia por unas tierras propiedad de la empresa panameña Ganadera Bocas S.A., que los indígenas reivindican como propias y la empresa no está dispuesta a ceder.

En la solicitud de medidas cautelares, la CIDH alega que policías y empleados de la empresa llegaron a la comunidad Naso de San San Druy, para desalojar con «violencia» a las familias que ocupan las tierras en conflicto.

Según la información recibida por la Comisión, los agentes policiales arrojaron bombas lacrimógenas en una zona donde había niños y destruyeron una treintena de casas, el centro cultural naso, la escuela, la iglesia, y otras instalaciones comunitarias.

Los indios desalojados se instalaron en un campamento posteriormente cercado por la Policía Nacional, que no dejó pasar a otros miembros de la comunidad que llevaba alimentos y agua a los afectados.

La CIDH agregó que el pasado 2 de octubre, aproximadamente 40 policías fuertemente armados habrían arrestado a ocho indígenas nasos, incluidos Eliseo Vargas y Lucho Gamarra, quienes se encontraban en una protesta pacífica frente a la Plaza Catedral de la capital panameña.

Además, el 19 de noviembre, presuntamente sin orden judicial, unos 200 agentes fueron a las comunidades Naso de San San y San San Druy, donde lanzaron bombas lacrimógenas, y empleados de la empresa Ganadera Bocas derruyeron varias casas.

La CIDH solicitó al Estado de Panamá tomar las medidas necesarias para evitar estos desalojos y ofrecer «atención de emergencia de salud y vivienda a los miembros de estas comunidades que fueron víctimas del desalojo y de la destrucción de viviendas, cultivos y animales».

Asimismo, pidió que los miembros del pueblo indígena naso puedan circular libremente sin ser «objeto de nuevos actos de violencia o medidas intimidatorias» así como una investigación de los hechos.

Organizaciones civiles exigen al gobierno panameño respeto al pueblo Naso

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA PANAMEÑA
E INTERNACIONAL

Las organizaciones abajo firmantes mostramos nuestra solidaridad con las comunidades del pueblo originario Naso de San San Drui y San San y exigimos al Gobierno Nacional el respeto de sus derechos territoriales, culturales, económicos y políticos que han sido violentados durante los últimos ocho meses. Deploramos el desalojo violento y sin las adecuadas garantías realizado el pasado 19 de noviembre y pedimos que de forma urgente se abra una mesa de diálogo con capacidad de decisión que encuentre una solución consensuada tal y como ha instado el Relator Especial de Naciones Unidas, James Anaya.

CONSIDERANDO:

1. Que el pueblo originario Naso está en riesgo de extinción dada la agresión permanente a sus territorios, la falta de reconocimiento de su Comarca y la ausencia de una educación bilingüe y respetuosa de sus particularidades culturales.
2. Que el pueblo originario Naso es, como lo reconoce la UNESCO, garante del Parque Internacional La Amistad (PILA) y del Bosque Protector Palo Seco, ecosistemas claves para Panamá y que se encuentran seriamente amenazados por los megaproyectos en ejecución o propuestos y por la política que fomenta la economía extractiva en lugar de la sostenibilidad ambiental, humana y económica.
3. Que la Declaración sobre Derechos de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (Septiembre 2007) que suscribió el Estado de Panamá, reconoce los derechos a su propio territorio y autogobierno de los pueblos originarios, y que por ende es responsabilidad del Estado buscar una solución a la desprotección territorial del pueblo.
4. Que durante los últimos ocho meses, desde el primer desalojo violento de estas comunidades (30 de marzo de 2009), los representantes de la comunidad Naso han mostrado toda la disposición a negociar y han dado muestra de buena fe, mientras que los representantes del Gobierno han sido inconsistentes e irrespetuosos de los pocos acuerdos alcanzados.
5. Que se está priorizando los intereses privados de una empresa frente al interés colectivo de un pueblo originario que acumula parte del patrimonio intangible de Panamá.
6. Que se ha puesto en riesgo la integridad física, mental y espiritual de dos comunidades, incluyendo un gran número de menores de edad y adultos mayores.
7. Que se han incumplido los procedimientos recogidos en la ley y que se dio un uso excesivo de la fuerza (tal y como lo expresó la Defensoría del Pueblo).
8. Que persiste la amenaza policial, así como una crisis humanitaria en la zona (particularmente está en riesgo la seguridad alimentaria de la población desalojada la cual no ha podido sembrar ni recoger el fruto de su trabajo ya que se destruyeron sus cultivos desde marzo).

EXIGIMOS

1. El inmediato cese de los hostigamientos a la población civil de San San Drui y San San, así como la salida de las unidades policiales que permanecen en San San Drui y en el punto conocido como el Zarzo en el camino de Guabito a las comunidades.
2. Garantizar la libre movilización de personas y mercancías y cesar las requisas y las intimidaciones.
3. Atender urgentemente las necesidades alimentarias y de cobijo de las familias afectadas por el desalojo del 19 de noviembre.
4. Instalar a la mayor brevedad una comisión de negociación en la que exista una amplia representación de los líderes Naso de San San y San San Drui y todas las condiciones necesarias para su efectiva participación.
5. Establecer medidas de reparación para los daños económicos, morales y culturales ocasionados a las comunidades de San San y San San Drui.
6. Acelerar la discusión en la Asamblea Nacional del proyecto de creación de la Comarca Naso y descartar cualquier otra fórmula territorial que no suponga el pleno reconocimiento de la propia determinación de los pueblos originarios.
7. Incluir en la agenda de negociación la discusión del papel que juegan los Naso en la protección del PILA y del Bosque Protector Palo Seco; y revisar todos los procedimientos y Estudios de Impacto Ambiental del proyecto Hidroeléctrico Bonyic dado el riesgo de daño irreparable en el Bosque Protector.

Firmado en Panamá el 26 de noviembre por las siguientes organizaciones:

Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM)

Pastoral Indígena Arquidiocesana

Pastoral Social de la Arquidiocesana

Movimiento de la Juventud Kuna (MJK)

Acción Cultural Ngobe (ACUN)

Human Rights Everywhere / Comuna Sur (HREV)

Comunidades Religiosas Insertas en Medios Populares (CRIMPO)

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

Relator de los pueblos indígenas de la ONU condena ataque a Nasos en Panamá

Relator de los pueblos indígenas de la ONU condena ataque a Nasos en Panamá

25 Noviembre 2009

GINEBRA — El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, James Anaya, expresa su «extrema preocupación por los desalojos forzados y la destrucción de viviendas sufridos el 20 de noviembre de 2009 por las comunidades Naso de San San y San San Druy, en Changuinola, provincia Bocas del Toro, Panamá.»

Según informes fiables, el 20 de noviembre de 2009, aproximadamente 150 policías antimotines desalojaron con bombas de gases lacrimógenos, a más de 200 indígenas Naso que habitan en las comunidades de San San y San San Druy. Después de que las personas fueron sacadas, empleados de la empresa Ganadera Bocas entraron al área con maquinaria y procedieron a derribar las viviendas de los indígenas.

La empresa reclama el área del desalojo para sus actividades comerciales ganaderas, con base en un supuesto título otorgado por el Estado, mientras que las comunidades Naso que han vivido allí reclaman derechos anteriores con base en su tenencia de tierra tradicional. Los Naso han llevado un proceso de reivindicación de tierras desde los años setenta, en el que solicitan, en particular, la creación de su propia comarca sobre sus tierras tradicionales. Pese al tiempo transcurrido, a la fecha, los Naso no cuentan con el reconocimiento legal de sus tierras tradicionales.

«Hago un llamamiento a las autoridades panameñas y del pueblo Naso a buscar vías de diálogo y de entendimiento sobre la base de respeto a los derechos humanos,» expresó el experto de la ONU. «En particular, insto al Gobierno que se retome de inmediato un proceso de diálogo con los indígenas Naso afectados para llegar a una solución pacífica a esta situación.»

Asimismo, el Relator Especial insta a las autoridades judiciales competentes para que adopten medidas para esclarecer los hechos del desalojo, sancionar a los responsables de cualquiera violación a los derechos de las comunidades afectadas, y reparar el daño causado a las víctimas, incluyendo indemnización.

En este respecto, el Relator Especial enfatiza que el artículo 10 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU establece que «[l]os pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.»

A la presente situación se suma el anterior desalojo de los miembros de las comunidades San San y San San Druy en marzo y abril de este año. El 23 de abril de 2009 el Relator Especial envió un llamamiento urgente al Gobierno de Panamá, pidiendo aclaración sobre las circunstancias de los desalojos y el reclamo territorial de los Naso. Lamenta no haber recibido una respuesta del Gobierno de Panamá.