Panamá: Panel de Inspección del Banco Mundial encuentra violación a derechos territoriales indígenas Ngäbe y Nasos

Panamá – Proyecto de Administración Territorial

Banco Mundial aprueba Plan de Acción luego de discutir informe del Panel de Inspección sobre violación a derechos territoriales indígenas

WASHINGTON, 4 de febrero de 2011 – El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial abordo en la víspera el informe de la investigación independiente del Panel de Inspección relativo al Proyecto de Administración Territorial en Panamá,  conocido en Panamá como PRONAT, aprobando el Plan de Acción de la Gerencia contenido en la Respuesta de la Gerencia del Banco a las conclusiones del Panel.

Vivienda Ngäbe en Comarca Ngäbe Bügle (Caribe) Fuente: Lon&Queta via Flickr

La investigación del Panel respondió a dos peticiones relacionadas al reconocimiento legal de las tierras habitadas por dos grupos indígenas, los Naso y los Ngäbe. La investigación del Panel se centró en determinar si se cumplió con la política del Banco en materia de la defensa de Grupos Indígenas, en particular respecto al respaldo del Proyecto a la creación de territorios indígenas y de consultas adecuadas con las comunidades afectadas, y si se cumplió con el papel del Banco de supervisar la correcta implementación por parte del gobierno de las actividades del proyecto.

Aprobado en enero de 2001 y finalizado en junio de 2010, la inversión total del proyecto llegó a US$58,6 millones, financiados parcialmente por un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) de US$47,9 millones. El objetivo del proyecto era modernizar la administración territorial en Panamá mediante el establecimiento de procedimientos más simples para el otorgamiento de títulos de propiedad y el mejoramiento de la capacidad de las instituciones locales para mapear casi la mitad del país, estableciendo un sistema integrado de registro y catastro para certificar la propiedad y la correcta titulación, consolidando las áreas protegidas y los territorios de los Pueblos Indígenas.

Roberto Lenton, Presidente del Panel de Inspección, subrayó “la importancia crítica de los temas abordados por los Naso y los Ngäbe en sus Peticiones de Inspección, y del objetivo del Proyecto de asistirles a resguardar sus derechos territoriales como pueblos indígenas.” Indicó que “en ciertos asuntos, la Gerencia cumplió con la política pertinente del Banco, elogiando a la gerencia por haber jugado un papel clave a la hora de involucrarse en los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Sin embargo, el Panel también halló instancias importantes de no cumplimiento con la política del Banco, algo que contribuyó en parte a la falta de progreso en el resguardo de los derechos territoriales de los Naso y los Ngäbe.”

La investigación del Panel subrayó dos lecciones importantes respecto al cumplimiento de la política, a saber el requisito de preparar un Plan para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la necesidad de supervisión adecuada para poder reaccionar inmediatamente ante cualquier problema emergente en el terreno. A nivel sistémico , el Informe corrobora la importancia crucial de la participación integral y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas, cumpliendo con la política del Banco, en actividades que les afectan, incluyendo el mapeo y reconocimiento de sus tierras.

El Panel observó que una vez que los problemas fueron identificados, el personal del Banco se involucró de manera intensa y constructiva con las comunidades afectadas para comprender mejor y ayudar a resolver los problemas suscitados. Las personas afectadas le indicaron al Panel que si bien esperan la consolidación de sus derechos territoriales a estas tierras, valoran enormemente las acciones y el esfuerzo del Banco, esperando que éste siga involucrándose en este tema en el país.

Abordar asuntos no resueltos relacionados con el territorio de los Naso y las Áreas Anexadas de los Ngäbe en la provincia de Bocas del Toro requiere la atención inmediata de la recientemente creada Autoridad Territorial (ANATI) de Panamá.

Laura Frigenti, ex Directora del Banco Mundial para América Central

“Le damos la bienvenida a las conclusiones del Panel, esperando que el Plan de Acción aprobado hoy por el Directorio contribuya a resolver los asuntos pendientes de derecho territorial de los Pueblos Indígenas de Panamá.”

Más información:

http://www.inspectionpanel.org

La reconquista de los territorios indígenas

DERECHOS INDÍGENAS

La nueva conquista

Claude Vergès de López
opinion@prensa.com

Pronto se cumplirán 510 años de la primera conquista de América que acabó con los territorios indígenas.

Luego de años de lucha, con el apoyo solidario de los grupos latinos que los reconocían como sus ancestros y hermanos, los estados latinoamericanos reconocieron sus derechos sobre territorios segregados. Sacándoles de las costas y de los llanos, se les arrinconó en la serranía y en los bosques tropicales que no tenían valor mercantil conocido.

Pero la nueva tecnología ha permitido encontrar riquezas naturales en estos bosques y montañas y es necesario reconquistar estas tierras.

Esta nueva conquista moderna no necesita de mercenarios y aventureros armados, estos sirven para intimidar; las leyes y los cuerpos institucionales son suficientes para despojar a las comunidades indígenas de las tierras que no han titulado porque su cultura no reconoce propiedad sobre la vida-tierra.

En el siglo XVI, los conquistadores se apropiaban de las tierras plantando marcas hasta donde alcanzaba su caballo, su mirada o su bala. Hoy es suficiente delimitar su propiedad sobre un mapa, con la complicidad de los gobiernos de turno, cuando no son los propios integrantes de la burocracia estatal que se valen de estos artificios.

En ocasión, estos nuevos conquistadores se valen de la pobreza de la población para argumentar con falacia que “el territorio republicano es de toda la ciudadanía”, empujándola a la migración para el cultivo extensivo que no es sostenible, para recuperar los terrenos a bajo precio; con estos argumentos demagógicos, enfrentan a dos grupos similares en la pobreza y se regocijan públicamente de su inversión. En ocasiones no conocen su propiedad, solo el valor de lo que puede producir. No importan las personas que ahí viven históricamente: los indígenas y la historia no tienen valor salvo para el turismo y las fotos de campañas electorales.

Las vacas que deben ocupar las tierras de los nasos tienen más derechos que los hombres, mujeres y niños de este grupo (¿Si el gobierno de la época se equivocó, por qué no reubicar al supuesto propietario?). Las minas en el territorio ngöbe valen más que los ríos y que un grupo al cual se ha negado sus derechos humanos desde la primera conquista.

Los supuestos conflictos armados en el Darién favorecen a una presencia militar y esconden la venta de madera centenaria.

En la Amazonia, el Gobierno brasileño cierra los ojos sobre la violencia de los señores feudales y la destrucción de los grupos indígenas que cuidan la reserva del planeta; del lado peruano es el propio Gobierno el que llama al desalojo de las tribus.

Frente a esta ofensiva, la información y la solidaridad son esenciales, tanto a lo interno como en el ámbito internacional.

La globalización de los beneficios privados debe acompañarse de la globalización de la lucha jurídica e informativa a favor de los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad por la historia y la pobreza; es poco lo que se puede esperar de un sistema jurídico y social local con prejuicios culturales e intereses creados.

Indígenas panameños ante CIDH denunciarán despojos territoriales

Indígenas panameños denunciarán su problema de despojo territorial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Panamá, Ciudad de Panamá, 24 de octubre de 2008. El próximo 28 de octubre una coalición de organizaciones indígenas panameñas y organizaciones no gubernamentales presentarán sus quejas formales contra del Estado Panameño en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, D. C., Estados Unidos. En esta audiencia participarán dirigentes indígenas de la Fundación para el Desarrollo del Pueblo Wounaan, Movimiento por la Defensa del Territorio del Archipiélago de Bocas del Toro, Alianza Naso y las comunidades Ngobe del río Changuinola en la Reserva de la Biosfera La Amistad-Panamá.

Los voceros de los pueblos indígenas denunciarán al Estado Panameño por ignorar su derecho al consentimiento previo, libre e informado para la realización de proyectos de desarrollo en sus territorios ancestrales. Además, por permitir la invasión descontrolada, y en ocasiones armada, de colonos ganaderos en los territorios Kuna, Emberá y Wounaan de Panamá Este. Además el Estado ha concesionado a consorcios privados las tierras en las que viven indígenas Naso y Ngobe para permitir la construcción de proyectos hidroeléctricos, mineros y de turismo de alto impacto.

Según Feliciano Santos, un Ngobe que vive en el Archipiélago de Bocas del Toro: «El gobierno está permitiendo que personas y empresas extranjeras despojen a los indígenas de sus tierras con ayuda de la misma Policía, que ha ejecutado expulsiones a la fuerza de nuestra gente de territorios insulares en los que habitamos y áreas indígenas que han sido concesionadas para proyectos hidroeléctricos de la corporación AES».

Hugo Sánchez, miembro de la Alianza Naso señaló: «El problema actual es crítico en nuestra comunidad. Existen abusos y amenazas de la Policía, las autoridades locales y de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) en contra de los Naso que nos oponemos al proyecto hidroeléctrico Bonyic en nuestro territorio. Indica además que ellos han concurrido a las autoridades locales y nacionales y no han detenido los abusos, por eso es que concurrimos a la comisión para escuchen nuestros planteamientos y pruebas de lo que está sucediendo en nuestro territorio y con otros hermanos indígenas en general. Además la creación de la Comarca Naso es una necesidad urgente», subrayó Sánchez.

A pesar que Panamá ha firmado tanto la Convención Interamericana de Derechos Humanos como la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, el Estado Panameño se ha negado a reconocer el principio de consentimiento previo, libre e informado al eliminar varios artículos de la Ley General de Ambiente que garantizaban este derecho.

Al respecto, Susana Serracín, Asesora legal de ACD, comentó que la eliminación de estas normas, ha permitido que ocurran los despojos, la especulación y el enriquecimiento de grupos élites. Además, es evidente la violación a la Constitución, los Tratados Internacionales y la Ley General de Ambiente, sin atender las consideraciones ambientales, sociales, culturales y promoviendo de esta manera, violaciones a los Derechos Humanos, acotó la abogada.

Esta solicitud de audiencia ante la CIDH fue presentada por las organizaciones ecologistas Cultural Survival, Native Future, Environmental Defender Law Center (EDLC) de Estados Unidos y Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) de Panamá.