Tierras colectivas a segundo debate en la asamblea

comisión indígena aprueba proyecto.

Tierras colectivas van para segundo debate

Las etnias kuna, emberá, wounaan, ngöbe y buglé se beneficiarían con la propiedad conjunta.

LA PRENSA/
Jorge Fernández
Los emberá y wounaan colmaron el salón parlamentario.

Ana Teresa Benjamín
abenjami@prensa.com

Los diputados de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional aprobaron ayer, en menos de dos horas, el proyecto de ley No. 411 que busca reconocer y adjudicar a las comunidades indígenas el territorio en el que viven.

Durante la discusión, los comisionados efectuaron algunas modificaciones menores al proyecto, pero ninguno de los cambios fue objetado por las decenas de indígenas que colmaron ayer el Salón Azul de la Asamblea.

Benito Casés, presidente de la comisión, explicó que los grupos indígenas –especialmente los emberá y los wounaan– llevan esperando más de 10 años para conseguir que las tierras en las que habitan se les adjudiquen como “tierras colectivas”.

Bajo esta figura, las comunidades podrán pedir títulos de propiedad que les garantizará la tenencia del territorio, evitando así la “explotación, usurpación e invasión por parte de poblaciones no indígenas”.

En la exposición de motivos del proyecto se establece que las tierras colectivas son la alternativa para aquellos pueblos que, luego de la formación de las cinco comarcas existentes, quedaron fuera de los límites establecidos.

El proyecto ya había llegado a segundo debate en un período legislativo anterior, pero devuelto para su mejora.

De acuerdo con los datos disponibles, de aprobarse como ley se beneficiarían 48 localidades de estos grupos étnicos, en las que viven unas 12 mil 500 personas.

Entre estas localidades están Piriatí, Ipetí, Majecito, Majé Chimán, Río Hondo y Río Platanares, todas en la provincia de Panamá.

Casés informó, además, que presentará el documento para segundo debate la próxima semana, con “urgencia notoria”.

En Panamá hay cinco comarcas: la Ngöbe Buglé, Kuna Yala, Wargandí, Madungandí y Emberá Wounaan.

De los 3.2 millones de habitantes del país, se calcula que el 10% pertenece a alguna de las siete etnias indígenas.

—————

TEXTO DE LEY QUE PASÓ A SEGUNDO DEBATE SIN MUCHO DEBATE Y SIN SIQUIERA UN GLOSARIO Y SIN DECIR LA SUERTE DE LOS PUEBLOS QUE NO TODAVÍA NO TIENEN UNA COMARCA COMO SON LOS CASOS DE LOS NASO Y LOS BRI-BRI.

TEXTO ÚNICO

texto-unico-ley-de-tierras-colectivas

Que contiene las modificaciones y adiciones introducidas al Proyecto de Ley No. 411 Que establece un procedimiento especial para la adjudicación de la propiedad colectiva de tierras de los pueblos indígenas y dicta otras disposiciones.

Panamá 29 de octubre de 2008.

La Comisión de Asuntos Indígenas presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley No. 411 Que establece un procedimiento especial para la adjudicación de la propiedad colectiva de tierras de los pueblos indígenas y dicta otras disposiciones, y recomienda el siguiente Texto Único que contiene las modificaciones y adiciones aprobadas en primer debate, resaltadas en negritas:

PROYECTO DE LEY No. 411

(De   de      De    2008.)

Que establece un procedimiento especial para la adjudicación de la propiedad colectiva de tierras de los pueblos indígenas que no están dentro de las Comarcas y dicta otras disposiciones.

LA ASAMBLEA NACIONAL

DECRETA:

Capítulo I

Objetivo y Definiciones

Artículo 1. Esta Ley tiene como objetivo establecer el procedimiento especial para la adjudicación gratuita de la propiedad colectiva de tierras tradicionalmente ocupadas por los  pueblos y comunidades indígenas, en cumplimiento del artículo 127 de la Constitución Política de la República de Panamá.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así:

1.      Pueblos indígenas. Colectividades humanas que descienden de poblaciones que habitan en el país o una región geográfica a la que pertenecía el país desde la época de la conquista o de la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, lingüísticas y políticas.

2.      Ocupación tradicional. Tenencia, uso, conservación, manejo, posesión y usufructo de las tierras de los pueblos indígenas definidos en este artículo, trasmitidas de generación en generación.

Capítulo II

Procedimiento de Reconocimiento y Adjudicación de

Tierras Colectivas.

Artículo 3. El Estado a través de la Dirección  Nacional de Reforma Agraria del Ministerio del Desarrollo Agropecuario, reconocerá las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas, y le adjudicará el título de propiedad colectiva, según el procedimiento establecido en la presente Ley.

Artículo  4. Para los efectos de la adjudicación de las tierras de propiedad colectiva, las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas presentarán la solicitud respectiva, la cual podrá ser mediante solicitudes únicas o conjuntas. La Dirección Nacional de Reforma Agraria atenderá y otorgará con prontitud y prioridad a la comunidad el respectivo título colectivo, representado en sus respectivas autoridades tradicionales.

Artículo 5. La solicitud del título colectivo debe estar acompañada de los siguientes documentos:

1.      El plano o croquis del área que es objeto de la solicitud.

2.      La Certificación de la Contraloría General de la República del censo poblacional de la comunidad.

3. La Certificación de la Dirección Nacional de Política Indígena, del Ministerio de Gobierno y Justicia, de la existencia de la comunidad o comunidades solicitantes, fundamentada en informes y estudios previos.

Las respectivas Instituciones del Estado expedirán los documentos arriba señalados en un término no mayor de treinta días y de forma gratuita.

Artículo 6. La Dirección Nacional de Reforma Agraria admitirá de inmediato la solicitud que cumpla con lo establecido en el artículo anterior, ordenará la inspección in situ previa notificación a los solicitantes, y  procederá con todos los trámites necesarios para la implementación de la presente Ley.

Artículo 7.  La Dirección Nacional de Reforma Agraria resolverá los casos de oposición a la solicitud de adjudicación de titulo de propiedad colectiva de tierras. La resolución que se dicte admite recurso de reconsideración y de apelación ante el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el cual agota la vía gubernativa. La Dirección Nacional de Reforma Agraria, en caso de oposición, agotará previamente una audiencia conciliatoria a fin de llegar a un acuerdo  amistoso. En caso de subsistir la oposición a la solicitud de título de propiedad colectivo de las tierras, resolverá lo que en derecho corresponda.

Artículo 8.  La Autoridad Nacional del Ambiente coordinará con las autoridades indígenas tradicionales de cada comunidad las acciones y estrategias para ejecutar un plan de uso sostenible de los recursos naturales y de desarrollo comunitario, en caso de que las tierras se encuentren reconocidas como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Artículo 9. La Dirección Nacional de Reforma Agraria cumplirá con los trámites correspondientes, emitirá el título de propiedad colectiva de tierras a favor de la comunidad indígena, el cual es imprescriptible, intransferible, inembargable e inalienable.

Artículo 10. Las adjudicaciones que se hagan de acuerdo con esta Ley se harán sin perjuicio de los títulos de propiedad existentes y los derechos posesorios certificados por la Dirección Nacional de Reforma Agraria.

Capítulo III

Disposiciones Finales

Artículo 11. Se instituye el mecanismo de la conciliación o mediación comunitaria, para resolver los conflictos que se generen por los títulos otorgados de acuerdo con la presente Ley y leyes vigentes relacionadas a la materia. Le corresponde al Gobierno Central o Municipal la creación de centros comunales de conciliación que sean necesarios, para promover la solución pacifica de conflictos en tierras colectivas que se adjudiquen.

Artículo 12. En caso de usurpación o de invasión de las tierras reconocidas a través del titulo de propiedad colectiva, las autoridades competentes deberán hacer cumplir los derechos de propiedad de dichas áreas.

Artículo 13. El Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia reconoce la forma tradicional de organización de los pueblos indígenas, a los cuales se les haya adjudicado el título de propiedad colectiva de tierras, por razón de sus valores, usos y costumbres.

Artículo 14. El título de propiedad colectiva de tierras debe garantizar el bienestar económico, social y cultural de las personas que habitan la comunidad indígena. Para lograr estos fines, las autoridades tradicionales mantendrán una estrecha colaboración con las autoridades municipales, provinciales y nacionales.

Artículo 15. Las entidades gubernamentales y privadas coordinarán con las autoridades tradicionales los planes, programas y proyectos que se desarrollen en sus áreas, a fin de garantizar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas.

Artículo  16.  Fue aprobada  su derogación.

Artículo  17.  Fue aprobada su derogación.

Artículo nuevo 1: El Estado creara los fondos necesarios para la delimitación de las tierras colectivas a otorgar mediante la creación de la presente Ley.

Artículo nuevo 2: El Órgano Ejecutivo reglamentará el procedimiento para la aplicación de la presente Ley.

Artículo nuevo 3: La presente Ley entrará a regir a partir de su promulgación en la gaceta oficial, y derogara cualquier disposición que le sea contraria.

Título

Proyecto de Ley No. 411 Que establece un  procedimiento especial para la adjudicación de    la propiedad colectiva de tierras de los pueblos indígenas que no están dentro de las Comarcas, y dicta otras disposiciones.

Artículo 17. La presente Ley entrará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial, y derogara cualquier disposición que le sea contraria.

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDIGENAS

H.D.  BENITO CASÉS

Presidente

H.D. BENICIO ROBINSON                              H.D.  PATRICIO MONTEZUMA

Vicepresidente                                                   Secretario

H.D. BERNARDO ABREGO H.D.  ENRIQUE GARRIDO

Comisionado                                                                   Comisionado

H.D. ROGELIO ALBA FILOS                              H.D.   JOSÉ    BROWN

Comisionado                                                                      Comisionado

Anuncios

Gobierno pretende imponer figura de tierras colectivas

Vía rápida

Delgado presenta ley de tierras colectivas

INDÍGENAS. Pese a las protestas del Pueblo Naso que denuncia falta de consulta del proyecto de ley que creará una nueva figura comarcal, el ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado, presentó a la Asamblea Nacional el proyecto que legaliza la propiedad de tierras colectivas para garantizar el derecho a la tierra a los grupos indígenas excluidos de las comarcas vigentes.

Adolfo Villagra, presidente del Consejo del Pueblo Naso, advirtió en memorial enviado a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea, que no aceptarán esta figura legal, sino la Comarca Naso.

José Quintero De León

Indígenas…ahora ‘invasores’ en su propia tierra

CONCESIONES.

Indígenas… ahora ‘invasores’

Susana A. Serracín Lezcano

Recientemente el Órgano Ejecutivo hizo pública su decisión de no crear más comarcas indígenas y que la opción que se les estará dando a los indígenas es la de la figura de “tierras colectivas”. Las comunidades que esperan la opción de las tierras colectivas son el pueblo bri-bri y naso-tjërdi, en Bocas del Toro; emberá (Alto Bayano, Panamá); wounnan (Chimán, Panamá); kuna de Takarkunyala (Darién). (La Prensa, “Está lista la ley de tierras colectivas”, marzo 4 de 2008).

¿A qué obedece esa decisión y sobre qué base de consulta democrática ha sido tomada? La dinámica actual de la presente administración, es la de correr viento en popa, con violencia si es preciso, para dar en concesión nuestros más valiosos recursos a las compañías del mercado eléctrico y minero mediante todo tipo de concesión, regalías y privilegios de explotación abusiva; avalando una serie de violencias y complicidades, en donde primero se otorgan concesiones a empresas sobre los territorios indígenas sin haber demarcado previamente las comarcas; donde primero se destruyen las fincas y luego se le dice al indígena “pase por la empresa a recoger unos reales”; donde primero se los reubica de forma irregular y en ocasiones violenta, sin contar con su consentimiento libre, previo e informado y donde se concesionan las áreas protegidas para ejecutar proyectos incongruentes con los fines de conservación que destruyen bosques, ríos, manglares, generando la extinción de la flora y fauna, perjudicando la conectividad ecológica.

La reacción ante tanta injusticia social son las constantes protestas de indígenas y campesinos a lo largo y ancho de nuestro país, como la más reciente en Plaza Catedral, conmemorando el 14 de marzo “Día Internacional contra las Represas”, en la cual cientos de indígenas panameños durmiendo en el piso, bajo la intemperie y sorteando todo tipo de obstáculos, entonaron canciones de paz, justicia y libertad, alzando su voz con un llamado alto y claro ante la faz mundial y particularmente al presidente Martín Torrijos, manifestando su firme rechazo y resistencia frente al desarrollo depredador y excluyente.

La situación se ha tornado insostenible, ya que desde hace meses los indígenas son hostigados, perseguidos y privados de las tierras que históricamente han ocupado para darle paso expedito, raudo y veloz a toda una serie de proyectos hidroeléctricos, promovidos por compañías privadas con el aval de la Anam, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) y autoridades locales, en ausencia de una política energética ampliamente debatida y consensuada de cara a la sociedad y sin cumplir con las normas jurídicas pertinentes.

Tanto desacierto frente al ambiente, las áreas protegidas y los derechos de las comunidades indígenas, está provocando una serie de injusticias sociales y violaciones a sus derechos humanos y garantías fundamentales. Los indígenas están siendo expulsados y considerados como “invasores” de sus tierras ancestrales, obligándolos a intervenir y migrar hacia el bosque protector Palo Seco sin mayores controles ambientales o a las ciudades, abandonados a su suerte, donde se les recrudecen los problemas sociales, dando al traste con su cultura, espiritualidad, costumbres, tradiciones y formas de vida.

El hecho de que el Ejecutivo tome decisiones peligrosamente centralizadas y producto de acciones coyunturales y desarticuladas, al aprobar una Ley de Tierras Colectivas sin haber sido discutida de forma transparente, constriñe la iniciativa individual, la organización social y la creatividad de nuestros pueblos. Con ello se demuestra una vez más, la indiferencia del Estado panameño frente a los instrumentos jurídicos internacionales de defensa de los derechos humanos, el ambiente y la cultura.

En todo estado de derecho, la participación ciudadana y los procesos democráticos favorecen la confianza en la toma de decisiones y los revisten de legitimidad, de manera que se genere el instrumento jurídico adecuado, que promueva formas de ahorro y de generación de energía limpia, sin menoscabar los derechos de las comunidades indígenas vulnerables, comprometiendo a los principales actores del desarrollo en su observación y cumplimiento mediante mecanismos legales, políticos, financieros y comunitarios.

La autora es abogada ambientalista

La Prensa 18 de marzo de 2008.

Proyecto de tierras colectivas, otro conflicto

INDIGENISMO. Los pueblos naso-teribe, bri-bris y kunas no conocen el nuevo proyecto.

Tierras colectivas, otro conflicto

La dirigencia del Pueblo Naso-Teribe se queja de que el proyecto tierras colectivas no ha sido divulgado a fondo.

Los sociólogos Raúl Leis y Marcos Gandásegui justifican las aspiraciones de los pueblos indígenas a la tierra.

LA PRENSA/Alexander Arosemena

MARGINADOS. A falta de luz eléctrica, a los teribes –que viven en una región con ríos que tienen potencial hidroeléctrico– les basta una guaricha para contar cuentos en la noche.

José Quintero De León
jquintero@prensa.com

Luego de un mes del conflicto ocurrido en la Comarca Madungandí, en Bayano, una nueva confrontación se vislumbra en el horizonte con la decisión del Ministerio de Gobierno y Justicia de presentar una iniciativa que crea el marco legal de tierras colectivas.

Los dirigentes indígenas estiman que la iniciativa deja de lado las viejas aspiraciones de los naso-teribes, bri bris y kunas de Darién, de contar con una comarca donde vivan sin temor, pero no con una imitación de “tierras colectivas”.

Cuestionan el “apremio” con que el Ministerio de Gobierno y Justicia quiere hacer las cosas, sin plantear, “a calzón quitado”, las ventajas del proyecto, y la diferencia entre comarca y tierras colectivas.

Situación

Ignacio Rodríguez, director nacional de Política Indígena, aclaró que no es intención del Gobierno crear nuevas comarcas, pero sí cobijar bajo un marco jurídico las poblaciones indígenas que quedaron dispersas y desprotegidas, en todo el territorio nacional.

“Ello les garantizará la legalidad y colectividad de sus tierras, de sus recursos naturales, su hábitat y su cultura frente a futuras invasiones”, afirmó, y se les consultará para el uso de sus recursos naturales.

El proyecto implicará las 48 localidades emberá y wounnan excluidas de la Comarca Emberá-Wounnan (en Darién), en 1983, con sus 12 mil 500 pobladores y las poblaciones emberá de Piriatí, Ipetí y Majecito, en el Alto Bayano; al sur, las comunidades wounaan de Majé Chimán, Río Hondo y Río Platanares, todas en la provincia de Panamá, escenarios de conflictos con colonos latinos y depredadores.

Nuevo proyecto

Según Rodríguez, su equipo de trabajo hizo las consultas necesarias y logró el consenso de los pueblos para el proyecto 99, por el cual se crea un marco legal de tierras colectivas, pero el mismo se fusionó con el proyecto de ley 19 de 2000, que creaba la Comarca Naso-Tjërdi (naso teribe), en el noroeste de Bocas del Toro.

El funcionario aclaró que en él se incluye el pueblo Bri-bri, limítrofe con Costa Rica, y la comunidad de Takarkunyala, fronteriza con Colombia.

Falta divulgación

El rey naso Tito Santana admite que tras la reunión del 21 de mayo, con el presidente Martín Torrijos, el sueño de la comarca quedó enterrado. Pero advierte que el proyecto de Tierras Colectivas no ha sido divulgado entre los más de 2 mil nasos, y de ahí su rechazo.

La asamblea del Pueblo Naso, que presidió el rey rebelde Valentín Santana, emitió el 21 de octubre pasado una resolución que le exige al Gobierno darle seguimiento, con “urgencia notoria”, a la propuesta de ley que crea la comarca.

Una resolución similar emitió el congreso del pueblo kuna de Takarkunyala (600 personas), integrado por las comunidades de Púcuru y Paya, el que ha pedido por años al Ejecutivo crear una comarca.

También piden que se derogue el Decreto Ejecutivo 21 de 1980, que creó el Parque Nacional Darién, ya que no les permite sobrevivir de sus actividades tradicionales.

Un sí a las comarcas

Marcos Gandásegui, sociólogo investigador y docente universitario, señala que las comarcas representan un paso adelante en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Propone que el problema planteado sea examinado con mucho cuidado, “sobre todo ahora que el Gobierno está defendiendo los intereses de las transnacionales”.

En ello coincide el también sociólogo y docente Raúl Leis, quien agrega que si bien las comarcas siguen siendo pobres, han evitado en cierta forma una pobreza mayor. “El problema está en cómo convertir la comarca en un motor de desarrollo, pero un desarrollo a partir de los propios indígenas”, apuntó. Y advirtió que para salir de la pobreza, ellas necesitan del apoyo oficial.