EL MALCONTENTO.
Trinchera ante el ‘desarrollo’
Paco Gómez Nadal
paco@prensa.com
Los tribunales de conciencia suelen ser más escrupulosos que los de los Estados. Saben los miembros de esos tribunales éticos que serán acusados siempre de estar parcializados, de ser más políticos que legales.
Los ataques contra este tipo de tribunales –tan necesarios para la sociedad civil– provienen de los que aseguran que la justicia ordinaria es como aséptica, que no tiene ni defiende intereses sino que aplica la legislación vigente sin hacerse más preguntas que las que indican los códigos bendecidos en nuestros parlamentos.
Hay tanto que cuestionar a la autodenominada justicia que parece una broma cuando se ataca a los “otros” tribunales. Defiendo los tribunales parcializados, siempre que lo sean a favor de las ciudadanas y de los ciudadanos, siempre que estén dispuestos a cuestionar con dureza a los poderes políticos y económicos (¿no son los mismos?), mientras defiendan la dignidad y pertinencia de la justicia ética frente a la doble moral del legalismo vigente.
Argumenta el sesudo director de Asesoría Legal de la ¿Autoridad Nacional del Ambiente?, Harley Mitchell, que el Tribunal Latinoamericano del Agua –que dictó sentencia contra Panamá hace unos días– se extralimitó en sus funciones y que además fue más allá de tratar los temas que tienen que ver con seguridad en el acceso al agua y sobre la “salud” de los ecosistemas hídricos.
Claro señor Mitchell, cómo se le ocurre al Tribunal preocuparse por los derechos humanos de las personas en Panamá, es una osadía terrible. Estos jueces de conciencia deberían limitarse a imitar a la Anam y preocuparse solo de los intereses de los inversionistas y de camuflar los atropellos con dictámenes aparentemente legales, pero realmente nada justos.
La condena del Tribunal del Agua a Panamá tiene que ver con las hidroeléctricas que construyen AES Changuinola en Charco La Pava (Chaguinola) y Empresas Públicas de Medellín en el río Bonyic. Y habla del uso excesivo de la fuerza por parte de los gorilas –perdón, policías– que paga AES para controlar a unos indígenas que no están en contra del llamado “desarrollo”, sino que piden que no los estafen con la reubicación y con las compensaciones económicas.
Es un tema de largo aliento y que es clave porque del triunfo o del fracaso de estas pequeñas comunidades depende en buena parte el futuro ambiental y humano del interior del país. Si las tesis de las empresas –especialmente, de la hipócrita AES– y de la Anam –que está muy orgullosa de haber impuesto una multa de 10 mil dólares a la inmensa compañía– se imponen, se habrá sentado un antecedente terrible para el resto de megaproyectos que se planean en el país en sectores como el hidroeléctrico, la minería, la palma aceitera, la pesca a gran escala o las grandes infraestructuras más o menos públicas.
Personalmente, en este caso me importa menos el ambiente que las personas, aunque los dos están amenazados. Y me preocupa que los campesinos afectados, con ayuda de organizaciones ambientales, tengan que recurrir a la opinión pública internacional para presionar al Gobierno en lugar de contar con la solidaridad de sus compatriotas. Es decir, decenas de ellos pasaron semanas acampados en la Plaza Catedral en actitud no violenta para tratar de despertar la conciencia nacional, pero las muestras de solidaridad que lograron fueron apenas individuales.
¿Dónde está el denominado Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) o cuándo se manifiestan los activistas de la Red Democracia Ciudadana para mostrar su apoyo a esta causa tan estratégica para el futuro del país?, tanto como el precio de la canasta básica, los salarios o las nuevas leyes de in–seguridad ciudadana…
Si algo hay que lograr es interconectar las luchas, entender que ninguna es un caso aislado, que todas tiene que ver con la disminución de los derechos civiles y de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión del país.
¿Hace falta que el Tribunal Latinoamericano del Agua nos recuerde que en el país se están violando los derechos humanos?, ¿no es evidente que es un atentado contra las garantías constitucionales que en Panamá la Policía ‘alquile’ agentes a las empresas privadas para proteger sus camiones de Coca Cola o sus obras en el interior?, ¿no salta a la vista que la mala distribución de la riqueza debería hermanar a trabajadores de la ciudad y a campesinos y jornaleros?… En fin, ¿no es urgente la creación de una plataforma ciudadana más amplia donde diferentes tendencias políticas y diferentes causas converjan en defensa de lo que queda de este hermoso país? Los políticos no van a defenderlo, le toca a las ciudadanas y ciudadanos.
[Cuando las fronteras son ciertas el camino tiene sentido. C., tan enemigo de los trazos divisorios en los mapas, busca sus homólogas en los versos de Víctor Ortiz Partida. “Es difícil el comienzo. Entre cuatro paredes no puedo decir nada: mi alfabeto se mojó, el relámpago no alumbra y el mapa que me guía es falso, pero tiene fronteras de verdad”. Para la revolución de C. no hacen falta mapas, pero sí rayos y alfabetos secos para prender el fuego que ilumine y nos libre de las cegueras].
El autor es periodista
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