Sobre el ataque de ANAM a tribunales éticos

EL MALCONTENTO.

Trinchera ante el ‘desarrollo’

Paco Gómez Nadal
paco@prensa.com

Los tribunales de conciencia suelen ser más escrupulosos que los de los Estados. Saben los miembros de esos tribunales éticos que serán acusados siempre de estar parcializados, de ser más políticos que legales.

Los ataques contra este tipo de tribunales –tan necesarios para la sociedad civil– provienen de los que aseguran que la justicia ordinaria es como aséptica, que no tiene ni defiende intereses sino que aplica la legislación vigente sin hacerse más preguntas que las que indican los códigos bendecidos en nuestros parlamentos.

Hay tanto que cuestionar a la autodenominada justicia que parece una broma cuando se ataca a los “otros” tribunales. Defiendo los tribunales parcializados, siempre que lo sean a favor de las ciudadanas y de los ciudadanos, siempre que estén dispuestos a cuestionar con dureza a los poderes políticos y económicos (¿no son los mismos?), mientras defiendan la dignidad y pertinencia de la justicia ética frente a la doble moral del legalismo vigente.

Argumenta el sesudo director de Asesoría Legal de la ¿Autoridad Nacional del Ambiente?, Harley Mitchell, que el Tribunal Latinoamericano del Agua –que dictó sentencia contra Panamá hace unos días– se extralimitó en sus funciones y que además fue más allá de tratar los temas que tienen que ver con seguridad en el acceso al agua y sobre la “salud” de los ecosistemas hídricos.

Claro señor Mitchell, cómo se le ocurre al Tribunal preocuparse por los derechos humanos de las personas en Panamá, es una osadía terrible. Estos jueces de conciencia deberían limitarse a imitar a la Anam y preocuparse solo de los intereses de los inversionistas y de camuflar los atropellos con dictámenes aparentemente legales, pero realmente nada justos.

La condena del Tribunal del Agua a Panamá tiene que ver con las hidroeléctricas que construyen AES Changuinola en Charco La Pava (Chaguinola) y Empresas Públicas de Medellín en el río Bonyic. Y habla del uso excesivo de la fuerza por parte de los gorilas –perdón, policías– que paga AES para controlar a unos indígenas que no están en contra del llamado “desarrollo”, sino que piden que no los estafen con la reubicación y con las compensaciones económicas.

Es un tema de largo aliento y que es clave porque del triunfo o del fracaso de estas pequeñas comunidades depende en buena parte el futuro ambiental y humano del interior del país. Si las tesis de las empresas –especialmente, de la hipócrita AES– y de la Anam –que está muy orgullosa de haber impuesto una multa de 10 mil dólares a la inmensa compañía– se imponen, se habrá sentado un antecedente terrible para el resto de megaproyectos que se planean en el país en sectores como el hidroeléctrico, la minería, la palma aceitera, la pesca a gran escala o las grandes infraestructuras más o menos públicas.

Personalmente, en este caso me importa menos el ambiente que las personas, aunque los dos están amenazados. Y me preocupa que los campesinos afectados, con ayuda de organizaciones ambientales, tengan que recurrir a la opinión pública internacional para presionar al Gobierno en lugar de contar con la solidaridad de sus compatriotas. Es decir, decenas de ellos pasaron semanas acampados en la Plaza Catedral en actitud no violenta para tratar de despertar la conciencia nacional, pero las muestras de solidaridad que lograron fueron apenas individuales.

¿Dónde está el denominado Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) o cuándo se manifiestan los activistas de la Red Democracia Ciudadana para mostrar su apoyo a esta causa tan estratégica para el futuro del país?, tanto como el precio de la canasta básica, los salarios o las nuevas leyes de in–seguridad ciudadana…

Si algo hay que lograr es interconectar las luchas, entender que ninguna es un caso aislado, que todas tiene que ver con la disminución de los derechos civiles y de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión del país.

¿Hace falta que el Tribunal Latinoamericano del Agua nos recuerde que en el país se están violando los derechos humanos?, ¿no es evidente que es un atentado contra las garantías constitucionales que en Panamá la Policía ‘alquile’ agentes a las empresas privadas para proteger sus camiones de Coca Cola o sus obras en el interior?, ¿no salta a la vista que la mala distribución de la riqueza debería hermanar a trabajadores de la ciudad y a campesinos y jornaleros?… En fin, ¿no es urgente la creación de una plataforma ciudadana más amplia donde diferentes tendencias políticas y diferentes causas converjan en defensa de lo que queda de este hermoso país? Los políticos no van a defenderlo, le toca a las ciudadanas y ciudadanos.

[Cuando las fronteras son ciertas el camino tiene sentido. C., tan enemigo de los trazos divisorios en los mapas, busca sus homólogas en los versos de Víctor Ortiz Partida. “Es difícil el comienzo. Entre cuatro paredes no puedo decir nada: mi alfabeto se mojó, el relámpago no alumbra y el mapa que me guía es falso, pero tiene fronteras de verdad”. Para la revolución de C. no hacen falta mapas, pero sí rayos y alfabetos secos para prender el fuego que ilumine y nos libre de las cegueras].

El autor es periodista

Anuncios

Anam rechaza fallo sobre ambiente

TRIBUNAL DEL AGUA.MULTAN A LA EMPRESA AES CHANGUINOLA CON 10 MIL DÓLARES.

Anam cuestiona fallo sobre ambiente

Harley Mitchell Morán, director de Asesoría Legal de la Anam, considera que el fallo del Tribunal fue parcial.

Ambientalistas enviaron el veredicto del Tribunal a la CIDH. Allí también presentaron una demanda.

LA PRENSA
Proyectos cuestionados.

José Arcia
jarcia@prensa.com

El director de Asesoría Legal de la Anam, Harley Mitchell Morán, dijo ayer que el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) se extralimitó en sus funciones porque permitió a la parte demandante –Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y comunidades indígenas– presentar nuevas pruebas sin ofrecer oportunidad al demandado –Gobierno– de prepararse para refutar.

Mitchell dijo, además, que el Tribunal no se ciñó a lo establecido en el manual de procedimiento del organismo que, según el funcionario, establece que los dictámenes deben ser estrictamente sobre temas relacionados con la seguridad de acceso al agua y a la “salud” de los ecosistemas hídricos.

Según Mitchell, el fallo toca aspectos más relacionados con el orden público que con la gestión ambiental del Gobierno.

Sin embargo, el jurado en su resolución señaló que “pese a que el TLA recibió las pruebas durante la audiencia, no fueron consideradas en el proceso de deliberación”.

Lucía Lasso, directora ejecutiva de ACD, dijo que la decisión del TLA fue enviada el pasado martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se presentó una demanda en contra del Estado por posibles violaciones a los derechos humanos de los indígenas, como consecuencia de los proyectos hidroeléctricos que se construyen en Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

Mitchell dijo que en los proyectos hidroeléctricos de Changuinola se aplican las medidas de mitigación establecidas en el estudio de impacto ambiental y el principio de que “el que contamina paga”. Es por eso, dijo, que hace dos semanas la Anam multó con 10 mil dólares a la empresa Aes Changuinola por no controlar la sedimentación. La empresa dijo que el problema ocurrió por un defecto en los filtros, pero ya fue subsanado.

Fallo ambiental favorece a comunidades indígenas

bocas del toro.PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS EN LA MIRA DE AMBIENTALISTAS.

Fallo ambiental favorece a comunidades indígenas

El Tribunal Latinoamericano del Agua culpó al Estado panameño de agresiones a grupos indígenas. Organismos presentaron demandas en contra del Estado ante el Tribunal de Agua.

LA PRENSA/ Archivo
proyectos. Grupos ambientalistas demandan una mayor protección de los recursos hídricos del país.

José Arcia
jarcia@prensa.com

El Tribunal Latinoamericano del Agua responsabilizó al Estado panameño por el uso excesivo de la fuerza policial contra los habitantes naso y ngöbe de la comunidad de Charco La Pava, en Changuinola, Bocas del Toro, y también por adoptar un modelo inadecuado para el uso de los recursos hídricos en la región.

El Tribunal, que es un organismo ético y cuyas decisiones no son de cumplimiento obligatorio, responsabilizó a la empresa Aes Changuinola por desatender normas ambientales.

Aes construye una hidroeléctrica sobre el río Changuinola que es rechazada por los indígenas de la comunidad de Charco La Pava, donde en enero pasado hubo enfrentamientos entre los moradores y la Policía Nacional.

A la Empresa Pública de Medellín (EPM), por su parte, el Tribunal le pidió incorporar en Panamá los principios de responsabilidad social y ambiental que caracterizan sus proyectos en Colombia. EPM adelanta un proyecto, también hidroeléctrico, en el río Bonyic. El veredicto del Tribunal surge por demandas que presentaron, por separado, los organismos no gubernamentales Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y Consumo Ético.

ACD, en representación de las comunidades afectadas por la construcción de las hidroeléctricas, presentó la demanda alegando que los proyectos perjudican a las comunidades y violan su derecho de acceso al agua.

Consumo Ético, por su parte, demandó al Estado por las concesiones de carácter permanentes de agua que otorga la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), incluso en áreas comarcales.

La Anam, mediante un comunicado, dijo que aún no ha sido notificado del fallo del Tribunal, por lo que no podría emitir una consideración. Harley Mitchell, director de Asesoría Legal de la entidad, representó al Gobierno en la audiencia que se realizó en Guatemala la semana pasada.

Roberto Pérez, de EPM, dijo que analizará el fallo para posteriormente emitir una opinión.

Aes, por su parte, dijo que el proyecto se desarrolla cumpliendo las normas ambientales y con el respeto estricto de los derechos humanos de las personas que viven en los alrededores.

Además, dijo de que se realizan consultas públicas y hay un diálogo “franco y directo” con las comunidades.

Tribunal del Agua condena a Panamá

AMBIENTE. Por las concesiones de hidroeléctricas en Chiriquí y Bocas del Toro

Tribunal del Agua condena a Panamá

Isidro Rodríguez

PA-DIGITAL

El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), con sede en Guatemala, condenó a Panamá por el modelo de concesión de agua en proyectos hidroeléctricos que se están ejecutando en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí.

Esto, a pesar de que la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), a través de su asesor legal, Harley Mitchell, solicitó la nulidad de la demanda, argumentando que se incumplió el manual de procedimientos del tribunal y los principios elementales del debido proceso.

Yakarta Ríos, presidenta del Comité Ético, grupo que presentó la demanda, dijo que mediante esta resolución se responsabiliza al Estado panameño por la adopción de un modelo de gestión de agua que no considera la naturaleza estatal y de uso público.

Ríos manifestó que este fallo recomienda a Panamá realizar un inventario hídrico y en caso de existir actualizarlo. Además, recomienda que no se haga concesiones excesivas e irracionales.

Ríos agregó que con este fallo, se otorga a los grupos ambientales un fundamento legal para exigir y seguir luchando por el ambiente.

Panamá en juicio ante Tribunal Latinoamericano del Agua

PANAMÁ SOMETIDA A JUICIO EN TRIBUNAL LATINOAMERICANO DEL AGUA

Burica Press. Antigua, Guatemala, 9 de septiembre de 2008. Según un comunicado oficial del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) ha podido percibir que las controversias hídricas que afectan pueblos indígenas asumen características muy específicas. Por esa razón, requieren un tratamiento que contemple todas sus especificidades de manera integral. En virtud de todo lo anterior y amparados en las disposiciones contenidas en la Declaración Latinoamericana del Agua, el tribunal ético ha programado una audiencia especializada en juzgar problemáticas hídricas que afecten pueblos indígenas de Latinoamérica. Esta actividad se está llevando a cabo en el Hotel La Real Plaza, Antigua Guatemala, del 8 al 12 de septiembre del 2008 y paralelamente se realizan foros y talleres que aborden temas afines.

El primer caso presentado por sectores de la sociedad civil panameña es: Panamá -Proyectos Hidroeléctricos sobre los ríos Bonyic y Changuinola, Bosque Protector Palo Seco / Parque Internacional La Amistad, Provincia de Bocas del Toro, Comunidades Naso de Bonyic y Ngöbe de Charco La Pava.  Esta denuncia fue presentada por el consorcio de organizaciones Alianza Naso, Asociación para la Conservación de la Naturaleza y la Cultura Ngöbe, Alianza para la Conservación y el Desarrollo y Asociación para la Conservación de la Biósfera. En oposición a esta demanda estarán el Gobierno de Panamá, la Autoridad Nacional del Ambiente, la Empresa de Servicios Públicos de Medellín y la Empresa AES.

Naso Teribe en balsa tradicional Rio Teribe, Panama

Foto: S. Atencio (Cortesía de ACD). Un persona de la etnia naso Tjer Di, navegando en su balsa tradicional en el Río Teribe, Comarca Naso Teribe, en la Reserva de la Biosfera La Amistad Panamá, Noroccidente de Panamá.

Según la denuncia los proyectos de embalses inundarían una extensión superior a las 2500 hectáreas, distribuidas en los ríos Bonyic (1 embalse) y Changuinola (3 embalses). La principal causa del conflicto radica en que los embalses se construirían en tierras de las etnias Naso y Ngöbe respectivamente. Desde Octubre del 2007, se han presentado incidentes violentos en la comunidad Naso de Bonyic y en la comunidad Ngöbe de Charco La Pava.

De acuerdo con la información presentada, una población estimada en 5000 habitantes (1000 habitantes Naso y 4000 habitantes Ngöbe), se verían afectados por los citados emprendimientos. Los embalses propuestos se ubicarían en el Bosque Protector Palo Seco, área de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad.

Aunado a lo anterior, los denunciantes sostienen que dichos emprendimientos implican violación a los derechos humanos indígenas que tienen que aceptar de manera forzosa una decisión unilateral del gobierno panameño y una alteración irreversible de las condiciones ecológicas únicas del Parque Internacional La Amistad, en especial a lo que su flora y fauna acuáticas se refiere.

El segundo caso presentado por organizaciones civiles panameñas corresponde al caso: Panamá -Ley de Concesión para el aprovechamiento del agua en Panamá. Territorios de las comarcas indígenas panameñas: Ngöbe-Buglé, Madungandi, Kuna Yala, Wargandi y Emberá-Wounaan. Esta demanda fue interpuesta por los consumidores y usuarios en la mesa de debate de la Comisión de Ambiente, Población y Desarrollo, y Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá (CONAMUIP). En oposición a la demanda estarán la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional.

En la Audiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua en Antigua, Guatemala se someterá al gobierno panameño a la justicia por intento de enajenación del recurso hídrico y violación a los derechos humanos de pueblos indígenas asentados en la Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá. Igualmente se le acusa de dar concesiones ilegales de aguas y ecosistemas de rica biodiversidad para construir represas.

Según los denunciantes el proyecto de Ley # 278 “Marco de Gestión del Recurso Hídrico”, presentado ante la Comisión de Ambiente, Población y Desarrollo de la Asamblea Nacional de Diputados propicia el acaparamiento de aguas. A juicio de los denunciantes, este proyecto de ley iría a facilitar el otorgamiento de concesiones permanentes de agua en desmedro de la participación ciudadana.

En lo que a las poblaciones indígenas compete, este proyecto vulneraría la autonomía indígena sobre sus territorios, y consecuentemente, sobre sus fuentes de agua, en criterio de los actores del contradictorio.

Según el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) las complejas estructuras legales creadas con el fin de proteger esta invaluable riqueza, frecuentemente, han demostrado sus limitaciones para llevar a cabo su cometido. Muy a menudo, estas tierras se ven enfrentadas a graves riesgos asociados a la expansión desmedida de los procesos de capitalización de recursos, con lo cual, se ven amenazados también los pueblos que las habitan. Tomando en cuenta la gran importancia estratégica que ha adquirido el agua en la actualidad, no es del todo ilícito suponer que los territorios indígenas (en tanto grandes reservorios de agua) pueden ser objeto de feroces disputas político-económicas. En América Latina no existen los instrumentos necesarios para el control y administración de los sistemas hídricos. Además, tampoco se han establecido procedimientos adecuados para el manejo de las controversias suscitadas por los usos de las aguas.

Susana Serracín, que defiende la primera de las dos demandas, indicó “queremos que un veredicto del TLA ayude a garantizar que se respete los Derechos Humanos, la seguridad jurídica ambiental y que se dé un alto a la modificación amañada de las leyes en perjuicio de las colectividades”. Según la jurista también comentó que “es necesario impulsar la transferencia de tecnologías limpias y ambientalmente idóneas, fortaleciendo el respeto a una participación verdadera de la ciudadanía que garantice la Justicia Ambiental y la Justica Social para los panameños y los pueblos indígenas directamente afectados”.

———————————–

La Prensa, 12 de septiembre de 2008

TRIBUNAL DEL AGUA.

Anam pide nulidad de demanda

José Arcia
jarcia@prensa.com

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) solicitó al Tribunal Latinoamericano del Agua anular la demanda que presentaron los organismos no gubernamentales Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), y la Asociación Consumo Ético.

El director de Asesoría Legal de la Anam, Harley Mitchell, presentó la solicitud alegando incumplimiento al manual de procedimientos del Tribunal y a los principios elementales del debido proceso que “ han dejado en indefensión nuestra posición”.

ACD, en conjunto con las comunidades indígenas de Bocas del Toro –afectadas por proyectos hidroeléctricos sobre el río Changuinola y Bonyic– demandó al Estado ante el Tribunal de Agua por los posibles daños sociales y ambientales que padecerán por la construcción de las obras.

La Asociación Consumo Ético, que preside Yakarta Ríos, demandó al Estado por posibles peligros que enfrentarían los ríos si se aprueba un proyecto de ley sobre manejo integrado de recursos hídricos.

Mitchell, en su solicitud, solicita imparcialidad y establece que las pruebas presentadas no comprueban los daños ambientales que alegan.

Hoy termina la sesión del Tribunal –en Guatemala– y de allí debe salir un veredicto que solo tiene peso moral, porque el Estado no está obligado a cumplirlo.

Tribunal Latinoamericano del Agua audicionará dos casos de Panamá

Tribunal Latinoamericano del Agua audicionará dos casos de Panamá

Burica Press. Panamá, 17 de agosto de 2008. El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) ha decidido aceptar dos casos de Panamá para que pasen la audiencia a realizarse en Antigua, Guatemala del 8 al 12 de septiembre de 2008.

Territorio Naso Teribe en Bocas del Toro, Panamá, donde el gobierno nacional de facto pretende auspiciar una hidroeléctrica

Territorio Naso Teribe en Bocas del Toro, Panamá, donde el gobierno nacional de facto pretende auspiciar la hidroeléctrica de Bonyic. Estas tierras en su conjunto forman parte a su vez de un área protegida denominada Bosque Protector de Palo Seco y Reserva de la Biósfera La Amistad. Foto: Cortesía de ACD

El primer caso aceptado es “La construcción de los proyectos hidroeléctricos Chan 75, 120 y 220 en el Río Changuinola y el proyecto Bonyic en la quebrada Bonyic-Teribe, ubicados en la cuenca del Changuinola- Teribe, el Bosque Protector Palo Seco (BPPS) y sus efectos al entorno natural y ecológico de la Reserva de la Biósfera de La Amistad y las comunidades indígenas Naso y Ngobe asentadas en la zona”. Este primer caso fue presentado por la Alianza para la Conservación y el Desarrollo con sede en la ciudad de Panamá.

El segundo caso es: “Posible acaparamiento de fuentes hídricas en Panamá”, presentado por la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá y por representantes de consumidores y usuarios (Consumo Ético) en la mesa de debate de la Comisión de Ambiente, Población y Desarrollo de la Asamblea Nacional de Diputados.

En total el TLA tendrá un total de 10 audiencias con casos de Guatemala, El Salvador, México, Brasil y Panamá.

Este año el TLA se enfocará principalmente en las controversias hídricas que afectan pueblos indígenas. En virtud de todo lo anterior y amparados en las disposiciones contenidas en la Declaración Latinoamericana del Agua, este tribunal ético ha programado una audiencia especializada en juzgar problemáticas hídricas que afecten pueblos indígenas de Latinoamérica. Esta actividad se llevará a cabo en Antigua Guatemala del 8 al 12 de septiembre del 2008 y paralelamente se realizarán foros y talleres que aborden temas afines.

Según el TLA en América Latina no existen los instrumentos necesarios para el control y administración de los sistemas hídricos. Además, tampoco se han establecido procedimientos adecuados para el manejo de las controversias suscitadas por los usos de las aguas.

Tribunal Latinoamericano del Agua realizará foro en Panamá

Tribunal Latinoamericano del Agua realizará foro en Panamá

Burica Press. Panamá. 14 de mayo de 2008.

El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), una instancia de justicia ambiental que propicia diversos tipos de espacios para la discusión de controversias hídricas en América Latina, realizará un foro sobre la situación  hídrica  en la República de Panamá. Esta actividad tendrá lugar el día jueves 29 de mayo a las 9:00 am, en el Hotel Riande  Continental.

Se espera contar con la participación del Director del Tribunal Latinoamericano del Agua, el Sr. Javier Bogantes; del Señor Vitelio Ortega, Presidente de la Sub-comisión del Proyecto de Ley de Recursos Hídricos de Panamá; del Señor Noel Trejos del Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (CATHALAC).  Igualmente participará la Directora de la Calidad Ambiental de ANAM, Natalia Young, Ligia Rodríguez, Valentín Pineda y Bolívar Zambrano también de ANAM. También participará de este foro el Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, Mónica Patricia Romero de MIDES e Ignacio Rodríguez Director de Política Indigenista.

Igualmente participarán activistas ambientales y empresarios como la jurisconsulta Susana Serracín, Lucía Lasso, Eliseo Vargas; acompañado de Javier Giorgio de AES Panamá.

Se espera que este debate dilucide el futuro, los problemas y las responsabilidades.

Los tres grandes temas a ser abordados son:
1- Situación ambiental, políticas de desarrollo y sustentabilidad hídrica en Panamá.

2-Situación ambiental y sustentabilidad hídrica de los pueblos indígenas de Panamá.

3- Controversias hídricas relacionadas con proyectos hidroeléctricos en la Provincia de Bocas del Toro.
La actividad es abierta a todo público y no tiene costo alguno.