Crecimiento urbano, contaminación y mal uso del suelo, producen problemas ambientales graves en Panamá

PNUD y ANAM

Crecimiento urbano, contaminación y mal uso del suelo, producen problemas ambientales graves en Panamá

Panamá (La Prensa) – Los constantes cambios de uso de suelo, la contaminación en todas sus formas y el crecimiento urbano desordenado, son las presiones ambientales más relevantes que sufre Panamá, según los indicadores ambientales, sociales y económicos dados a conocer ayer por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).

Los datos revelan que en el período analizado -de 1990 a 2000-, la calidad de los suelos del país ha desmejorado 5.8%. Además, hay 41.9% menos bosques y montes, mientras que los suelos utilizados para cultivos temporales y permanentes han bajado 9.7% y 5.1%, respectivamente.

La cobertura boscosa ha disminuido de 49% en 1992 a 45% en 2000, lo que es calificado como “grave” por expertos, ya que aproximadamente el 75% de la superficie total de los suelos del país tiene vocación forestal.

El informe de la Anam y del Pnuma advierte que la pérdida de la productividad y el deterioro de los suelos hace más costosa la producción agropecuaria, encareciendo con ello la canasta básica de alimentos.

Con estos indicadores, que se publicarán de manera bianual, Panamá se convirtió en la séptima nación en América Latina en recopilarlos, señaló Mara Murillo Correa, directora regional adjunta de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Pnuma.

Salud ambiental preocupante

En el informe Indicadores de seguimiento Panamá 2010, de la iniciativa latinoamericana y caribeña para el desarrollo sostenible, dado a conocer ayer, se destaca que los suelos del país han sufrido cambios importantes que han afectado la cobertura boscosa y contribuido a la degradación de la calidad de la tierra.

El informe, preparado por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), indica que en el país se ha dado un proceso de “potrerización”, toda vez que la cantidad de tierras usada por la ganadería aumentó 178% en los últimos cinco años.

En el período comprendido entre 1990 y 2000, por su parte, las tierras con bosques o montes, y los cultivos temporales y permanentes registraron una disminución de su superficie de 41.9%, 9.7% y 5.1%, respectivamente.

Esto se presenta con marcada presencia en las provincias de Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los Santos, Veraguas y Panamá.

Javier Arias Iriarte, administrador general de la Anam, informó que para contrarrestar esta realidad se planean inversiones en proyectos ambientales con fondos internacionales que suman entre 50 millones y 200 millones de dólares.

Dichas inversiones, agregó, servirán para impulsar la fase inicial del proyecto de Reducción de emisiones por deforestación y degradación del bosque (Redd, por su sigla en inglés).

El informe también destaca que el país presenta “problemas serios” de erosión y deterioro de la calidad de los suelos y del agua, debido al paulatino, acumulativo y creciente proceso de degradación que sufren “casi todas las cuencas hidrográficas”.

Al hacer un diagnóstico de las tierras secas y degradadas del país, el documento señala que hay cuatro áreas críticas ubicadas en el Arco Seco -Chame, Capira y Coronado en la provincia de Panamá, así como las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos-, la sabana veragüense, el corregimiento de Cerro Punta y la comarca Ngäbe-Buglé. Juntas comprenden una superficie aproximada de 2 millones 78 mil 757.60 hectáreas, o sea, un 28% de la superficie total del país.

Bajo escrutinio

El informe evidencia un dato positivo: desde 1960 a marzo de 2009 se dio un “incremento considerable” en la superficie protegida, de aproximadamente 3 millones 578 mil 479 hectáreas, según dijo Neyra Herrera, coordinadora técnica del informe, presentado ayer. Sin embargo, la protección legal no se ha traducido necesariamente en una protección efectiva.

En tanto, Mara Murillo, directora adjunta de la Oficina para América Latina y el Caribe del Pnuma, explicó que el documento “contiene una base probada y validada, que da cuenta de la situación y tendencia de los principales componentes ambientales del país e interrelacionados con distintos campos socioeconómicos”.

La funcionaria internacional agregó que esta información técnica puede ser utilizada y comparada entre los diferentes países que han hecho estudios similares, tales como México o Costa Rica.

La batalla para salvar el planeta no es solamente contra el dióxico de carbono (CO2).

En el afán de reducir el calentamiento global, los científicos tienen también en la mira los clorofluorocarbonos (CFC) y los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), dos gases refrigerantes que se utilizan en los equipos de acondicionador de aire y de refrigeración.

Desde 1987, cuando se firmó el Protocolo de Montreal, se acordó que a partir de 1989 -año en el que entró en vigencia el acuerdo- se iría reduciendo el uso de las sustancias que deterioran la capa de ozono.

En 2009, en Panamá se eliminó el uso de los CFC -un año antes de la fecha límite- y ahora el país se prepara para eliminar los HCFC.

Contra capa de ozono

Con esta meta como objetivo, el consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Miguel Quintero, estuvo en Panamá la semana pasada conversando con autoridades y empresas comercializadoras de los HCFC.

Quintero explicó, por ejemplo, que si en 2009 Panamá usó 900 toneladas de este gas y en 2010 el consumo fue de mil 200, para 2013 no puede estar consumiendo más de mil.

En el Protocolo se estableció que para 2015 la reducción del consumo debería ser del 10%, para pasar a un 35% en 2020 y a un 62.5% en 2025. Para el año 2030, el uso de los HCFC debe haberse eliminado.

Esta reducción conlleva, por supuesto, la disminución gradual de la fabricación de equipos que usan estos gases. “Para el año 2030 no debe haber países que consuman estos gases ni países que los fabriquen”, recalcó el experto.

En Panamá, la principal misión de Quintero es efectuar el inventario de consumo de los HCFC, para que luego el país establezca una estrategia para disminuir su consumo.

“Verificaremos los datos de Aduanas sobre el ingreso de productos que usan estos gases, y los cotejaremos con la información que manejan las empresas”, explicó.

Fuente: La Prensa  19/09/2010

El cáncer de las vallas publicitarias en Panamá

Tribuna abierta

Urge legislar sobre las vallas publicitarias

La ley señalaría responsabilidades de los funcionarios y sanciones para los que la incumplan

Omar Jaén Suárez

Publicado originalmente en La Prensa el 25 de febrero de 2002.

En Panamá, sobre publicidad en vallas y letreros, incluyendo los luminosos, hay lagunas sustanciales o normas obsoletas que no toman en cuenta las nuevas realidades del país y lo que sucede en el ámbito internacional . Como ejemplo del desorden en el tratamiento del tema, mencionemos lo que está sucediendo en las cercanías de la ciudad de Panamá, en donde se concentra la mitad de la población nacional, particularmente en las áreas de bosques protegidos. Después de la reversión de las tierras de la Zona del Canal, las carreteras que atraviesan esa parte del país han sufrido el desorden de las vallas publicitarias y los letreros que se colocan sin ninguna regulación, según el criterio limitado únicamente a lo fiscal, de las autoridades municipales pertinentes. En la ampliación a cuatro vías de una gran parte de la Carretera Interamericana, ha sucedido el mismo fenómeno. Además de perturbar bosques protegidos y parques nacionales como el de Campana, han aumentado en los últimos años los accidentes automovilísticos en dicha vía. Igual sucede, crecientemente, en la Carretera Transístmica hacia Colón y en la Vía Interamericana hacia el Darién. La contaminación visual de las áreas de bosques protegidos y parques nacionales ha aumentado de manera exponencial, sin que las autoridades nacionales hagan nada para frenarla y lo mismo sucede con el peligro de distracción de los automovilistas en las carreteras nacionales.

Perturbación visual

La publicidad con vallas se ha convertido en un verdadero problema ambiental y de urbanismo.  Todo el mundo pone vallas legales e ilegales en todas partes, sin considerar el efecto nocivo y de mal gusto visual que provocan en nuestras ciudades, avenidas y pueblos.

La publicidad con vallas se ha convertido en un verdadero problema ambiental y de urbanismo. Todo el mundo coloca vallas "legales" e ilegales en todas partes, sin considerar el efecto nocivo y de mal gusto visual que provocan en nuestras ciudades, avenidas y pueblos.

Cada vez se ven más afectados los usuarios por la invasión de dicha publicidad que, a más de incrementar la contaminación visual y propiciar una amenaza potencial a su seguridad, se convierte, para muchos panameños, en una molestia constante, en particular la publicidad luminosa que afecta sus vidas en sus residencias y en sus lugares de trabajo y esparcimiento.

Panamá ha adoptado en los últimos tiempos políticas apropiadas, y ha puesto en marcha proyectos para mejorar su medio ambiente. Ha creado parques nacionales, ha declarado monumentos históricos y conjuntos patrimoniales. Igualmente, hemos propuesto políticas y programas de desarrollo turístico, pero ocultamos o perturbamos los atractivos mediante dichos dispositivos de publicidad. Pero más grave resulta la creciente publicidad en carreteras y autopistas que, al distraer al conductor, promueven accidentes de tránsito cuya cifra aumenta en razón más que proporcional con el crecimiento demográfico. ¿Cuántas tragedias humanas de panameños y de visitantes no se habrían registrado si se hubiese legislado, con oportunidad, en el tema de las vallas publicitarias en las carreteras nacionales? ¿Cuánto luto no se hubiese evitado si se hubieran adoptado las normas que se aplican en los países más desarrollados que vivieron, anticipadamente, lo que estamos experimentando en Panamá?

¿Cuántos recursos se han perdido a causa de los accidentes automovilísticos de distracción provocados por vallas publicitarias?

Es verdad que tanto los municipios como ciertas empresas encuentran ingresos en la instalación de dichas vallas y letreros, y que esa actividad crea un cierto número de empleos. Pero, también actividades nefastas como la venta sin cortapisas de productos dañinos o peligrosos beneficiaba y todavía produce ingresos a ciertos empresarios, a colectividades locales y hasta a Estados soberanos. De todas maneras, la restricción de la publicidad, en consonancia con el bien público, no hará que desaparezca por completo.

Simplemente, ella se redirigirá hacia otros soportes que no produzcan daño a la colectividad y a las personas, tal como ha sucedido en otros lugares en donde se ha legislado en el sentido que se propone. El resultado final será que, después de un período de ajuste, se mantendrán los mismos ingresos y el mismo número de empleos. Por igual, los municipios pueden encontrar fuentes de recursos alternativas al ver que sus riquezas patrimoniales, sus paisajes, sus monumentos y sus sitios son cada vez más atractivos para los visitantes y los turistas.

Entendemos que otros países del área, como Costa Rica, se han adelantado y han adoptado legislación sobre esta materia que debería aplicarse a toda el área centroamericana. Ojalá que Panamá demuestre, en esta ocasión su voluntad de modernidad y de progreso por lo menos comparable a la de sus vecinos.

Propuesta

Una forma concreta de enfrentar el problema es mediante la adopción de legislación, tal como ha sido probado en otros países, sobre la publicidad en vallas y letreros para reordenarla de manera más racional, en consonancia con las necesidades prioritarias de seguridad de las personas y de protección del medio ambiente. Los puntos esenciales de dicho proyecto serían, a mi juicio, los relativos a la seguridad ciudadana, en particular de los conductores de automotores y, luego, los que tratarían sobre la contaminación visual rural y urbana. Así, estarían prohibidas las vallas publicitarias y letreros y preletreros que pueden ya sea reducir la visibilidad o la eficacia de las señales reglamentarias, ya sea a encandilar a los usuarios de las vías públicas, ya sea atraer su atención en condiciones peligrosas para la seguridad de las carreteras. Las condiciones y normas que deben respetar los dispositivos luminosos y espejos reflectores visibles desde las vías públicas serían fijadas por decretos apropiados.

Según la propuesta que hice a la Asamblea Legislativa estarían prohibidas en la ley que se adoptara sobre la materia la publicidad y las vallas publicitarias, letreros y preletreros que, por su forma, sus colores, su texto, sus símbolos, sus dimensiones o su emplazamiento puedan ser confundidas con las señales reglamentarias de la circulación vial adoptadas oficialmente en la República de Panamá. Estaría prohibido colocar afiches o marcas sobre las señales reglamentarias y sus soportes así como sobre cualquier otro equipamiento relativo a la circulación vial. Esta prohibición se aplicaría también sobre los monumentos naturales, las plantaciones, los postes de transporte y distribución de energía eléctrica, los postes de telecomunicaciones, las instalaciones de iluminación pública y los equipamientos públicos que se refieren a la circulación vial, ferroviaria, fluvial, marítima o aérea, las aceras, calzadas y de una manera general sobre todas las obras situadas en la ruta o en las áreas que la dominan, incluyendo el derecho de vía. En el interior de las aglomeraciones, las vallas publicitarias y letreros y preletreros visibles desde la vía rápida estarían prohibidos a cada lado de esta, sobre una anchura de 40 metros medidos a partir del borde exterior de cada calzada. Dicha prohibición se extendería a: 1) las zonas de protección delimitadas alrededor de las áreas clasificadas de carácter histórico o cultural o alrededor de los monumentos históricos; y 2) los parques nacionales y monumentos naturales. Sólo se podría salvar esta prohibición instituyendo zonas de publicidad restringida. La publicidad estaría igualmente prohibida: 1) En los monumentos históricos y las zonas de protección delimitadas alrededor de los mismos. 2) A menos de 100 metros y en el campo de visibilidad de los inmuebles clasificados como monumentos históricos. 3) En las zonas de protección del patrimonio arquitectónico y urbano.

También, fuera de las aglomeraciones urbanas, tal como las definiría el Ministerio de Vivienda, las vallas publicitarias y letreros y preletreros visibles desde una vía rápida, autopista o carretera de cuatro carriles, estarían prohibidas a cada lado de esta, sobre una anchura de 200 metros medidos a partir de borde exterior de cada calzada. Mientras que fuera de las aglomeraciones, las vallas publicitarias y letreros y preletreros visibles desde las carreteras nacionales y las vías comunales estarían prohibidas a cada lado de estas sobre una anchura de 20 metros medidos desde el borde exterior de la calzada. Finalmente, toda publicidad exterior estaría prohibida sobre los inmuebles declarados monumentos históricos, sobre los monumentos naturales, en los parques nacionales y las reservas naturales y en los árboles.

Por su parte la publicidad luminosa estaría prohibida sobre los techos de los inmuebles o frente a las ventanas de los inmuebles residenciales y no debería estar situada en un plan paralelo al de una pared o de la baranda del balcón de una residencia. En este orden de ideas, se otorgaría dos años de plazo máximo para que se ajustaran los actuales usuarios a la legislación propuesta y quedaría, en manos de los municipios, decidir sobre el monto de la autorización para colocar vallas y letreros publicitarios, lo mismo que su recaudación. La ley contemplaría, de manera clara y apropiada, las sanciones para los que la incumplan, ya sea los propietarios de las vallas publicitarias como sus fabricantes y también las sanciones para autoridades encargadas de su aplicación cuando eludan su responsabilidad.

(El autor es geógrafo, historiador y planificador urbano)

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ATENTADO VISUAL

El cáncer de las vallas publicitarias

Omar Jaén Suárez (La Prensa, 31 de agosto de 2009)
opinion@prensa.com

Al fin ha saltado a la luz lo que es notorio desde hace décadas: el grave problema de los excesos de la publicidad en la vía pública que nos afecta cada día más a todos. Hace algunos años realicé investigaciones sobre dicha publicidad y llegué a la conclusión de que las vallas se han convertido, en su mayor parte, en un atentado visual en contra del ambiente y en un peligro para los automovilistas.

El 26 de octubre de 2002 en nota que en calidad de asesor ad honórem dirigí al presidente de la Asamblea Legislativa, Laurentino Cortizo, y para responder a su requerimiento, adjunté un documento con elementos susceptibles de servir de base a un anteproyecto de ley, inspirado en la normativa más avanzada y moderna que ha sido adoptada en países de la Unión Europea y que se ha extendido a todo su territorio; normativa semejante pareciera estar comenzando a adoptarse hasta en Costa Rica y Colombia. En esa ocasión, la Asamblea no pudo actuar, al parecer, triunfó la mafia político-económica de los empresarios de las vallas –que se añade a las de los transportistas y otros elementos nefastos de nuestra sociedad, quienes actúan en contubernio con ciertas autoridades– y desde entonces la situación se ha agravado notablemente.

En aquella ocasión me preguntaba: ¿por qué llenamos el país de letreros y de estructuras ruinosas que afean nuestros paisajes?, ¿cuántas tragedias humanas no se habrían registrado si se hubiese legislado, con oportunidad, en el tema de las vallas publicitarias en las carreteras nacionales?, ¿cuánto luto no se hubiese evitado si se hubiesen adoptado las normas que se aplican en los países más desarrollados que vivieron, anticipadamente, lo que experimentamos hoy en Panamá?, ¿cuántos recursos se han perdido a causa de los accidentes automovilísticos de distracción provocados por vallas? La respuesta la vemos a diario en los titulares de la crónica roja y en la sensación de hastío de los visitantes, panameños y extranjeros, que no comprenden cómo un país puede hacer esfuerzos para atraer turistas y ocultar, desde sus carreteras, la belleza de su medio natural.

Es verdad que tanto municipios como empresas publicitarias encuentran ingresos en la instalación de dichas vallas y letreros y que esa actividad genera empleos. Pero también actividades nefastas, fuera de la ley, como la venta sin cortapisas de productos dañinos crean puestos de trabajo y producen ingresos a ciertos empresarios y a ciertas colectividades locales. Sin embargo, la restricción de la publicidad en consonancia con el bien público, no hará que desaparezca por completo. Esta publicidad se redirigirá hacia otros soportes que no produzcan daño a la colectividad y a las personas, tal como ha sucedido en otros lugares en donde se ha legislado en el sentido apropiado. El resultado final será que, después de un período de ajuste, se mantendrán los mismos ingresos y el mismo número de empleos. Los municipios pueden encontrar fuentes de recursos alternativas al ver que sus riquezas patrimoniales, sus paisajes, sus monumentos y sus sitios son cada vez más atractivos para los visitantes y los turistas. Entendemos que otros países del área, como Costa Rica, se han adelantado y han adoptado legislación sobre esta materia que deberá aplicarse a toda el área centroamericana.

Espero que la administración del presidente Martinelli otorgue al tema la importancia que merece. Una forma concreta de enfrentar el problema es mediante la adopción de legislación, tal como ha sido probado en otros países, sobre la publicidad en vallas y letreros para reordenarla de manera más racional, en consonancia con las necesidades prioritarias de seguridad de las personas y de protección del ambiente. Creo que la denuncia de una situación negativa es necesaria, pero es mejor si va acompañada de una propuesta de solución. En consecuencia, he enviado a varias autoridades, nacionales y municipales, la documentación reunida desde hace años que pudiese servir de base a un anteproyecto de ley que regule la materia, cuya urgencia es más que evidente.

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Burica Press felicita al académico Omar Jaén Suárez por su persistencia en denunciar este cáncer que afea a nuestras ciudades y avenidas.

Burica Press

Cinta costera es una falla urbanística

ENTREVISTA

Un urbanismo lleno de fallas

Un consultor del BID da una mirada al desarrollo urbano del distrito capital. Cuestiona algunos proyectos públicos.

PROYECCIÓN. Arturo Samper diseñó el primer ‘Plan de espacio público’ de Bogotá, Colombia. CORTESÍA/Arturo Samper
Perfil
TRAYECTORIA.

Arquitecto, diseñador y planificador urbano. Arturo Samper obtuvo su título de arquitecto en la Universidad de los Andes, en Bogotá.

Adquirió una maestría en planeación urbana y una maestría en arquitectura con especialización en diseño urbano de la Universidad de Pennsylvania en Philadelphia.

Desde 2006 asesora al Gobierno panameño en materia de urbanismo y en el programa nacional de administración de tierras.

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Arturo Samper, un colombiano naturalizado canadiense, ha asesorado a las autoridades gubernamentales panameñas en materia de urbanismo en los últimos tres años, como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo.

Desde Estados Unidos nos ofrece, por correo electrónico, sus perspectivas de la ciudad de Panamá, en las que considera la cinta costera como una falla urbanística, los buses articulados como una mejor opción de transporte para la ciudad capital –en vez del metro– y aboga por una transformación del Ministerio de Vivienda. La propuesta está en la Asamblea Nacional.

La ciudad de Panamá ha experimentado un desarrollo urbano en los últimos años. Se han dado cambios de zonificación que la ciudadanía ha salido a cuestionar. ¿Qué piensa usted de todo esto?

Según datos de la Junta de Planificación de Panamá, parecería que son muy pocos los cambios de zonificación que esta ha aprobado desde que se constituyó en 2006.

Por lo tanto, muchos de los grandes edificios que hoy se ven, están sobre propiedades que ya tenían un uso del suelo y densidad.

Lo que sí es claro, sin embargo, es que el código de zonificación que se aplica es vetusto. Fue concebido en una época en la que “alta densidad” era lo que reflejaba una edificación de 12 pisos (Vía Argentina, Vía Brasil, por ejemplo) y no las torres de 60 pisos de hoy.

Por esto, lo que la ciudad de Panamá necesita es un nuevo código de zonificación.

Según su experiencia internacional, ¿cuáles son las fallas en cuanto a diseño urbano de la ciudad de Panamá?

Personalmente veo la cinta costera como una falla, pues cuando la mayoría de las ciudades del mundo están desmontando sus autopistas del borde del mar para reclamar el espacio exclusivamente para el peatón, Panamá está instalándola.

También veo las concesiones de playa y/o fondo de mar como una gran falla, pues representan la toma del espacio y patrimonio colectivo para el beneficio directo de unos pocos, es decir, los que pueden pagar.

Me disculparán algunos, pero siempre he visto el hotel Miramar más bien como el “Mírame” o el “Solo yo miro”.

La ciudad de Panamá (Arraiján y San Miguelito incluidas) lo que tiene es un potencial impresionante: tres aeropuertos, las instalaciones de las antiguas bases, el Canal, los parques Metropolitano y Soberanía, los conjuntos históricos, Ancón, los corredores turísticos de Amador, y su geografía. Estos son hitos a partir de los cuales se puede construir o reconstruir una ciudad de impresionante valor urbanístico. El reto, para mí, está en tres frentes: primero, en estructurar operaciones urbanas y rurales de escala (en vez de ir predio a predio), analizando en cada caso la manera en que los promotores asuman muchos más costos sociales y de infraestructura que los que actualmente asumen.

¿Qué cosas se pueden rescatar del urbanismo panameño?

La ciudad de Panamá tiene su propia historia y carácter, y es sobre ellas que se debe construir. Vea los ejemplos de La Exposición, o los barrios de los años 50, ó los conjuntos de la antigua Zona del Canal. Con estos ejemplos basta para tomar referencias y darles continuidad sobre el espacio urbano, el medio ambiente y la arquitectura. Una calle, como la Vía Argentina o la Vía Brasil, es motivo de orgullo en cualquier ciudad del mundo. Desafortunadamente, muchos de los proyectos de hoy están orientados al mercado de consumo externo. Por eso, hay que buscar promotores, proyectos y proyectistas que piensen más en el mercado interno.

¿Qué piensa sobre las políticas de ordenamiento territorial de Panamá?

Las políticas de ordenamiento territorial de Panamá están muy bien expresadas en diversas leyes, entre las que se destacan la Ley 21 de 1997, la Ley General del Ambiente (Ley 41 de 1998), la Ley de Cuencas (Ley 44 de 2002), la Ley 6 de 2006, la Ley 44 de 2006, y los decretos ejecutivos 283 de 2006, 209 de 2006 y 23 de 2007, entre otros.

En su conjunto, bien podría decirse que estos documentos cubren las principales áreas de actuación de los distintos actores, a través de cuya acción se transforma y por consiguiente se ordena o reordena el territorio.

Por esto, creo que el reto hacia el futuro está más en el marco institucional para el ordenamiento territorial, que en las políticas que definen el tema.

¿Cuáles son las nuevas tendencias en materia urbanística para construir una ciudad más justa?

La principal respuesta a esta compleja pregunta está en el artículo 3 de la Ley 6 de 2006, que señala que el desarrollo territorial se hará garantizando la propiedad privada, pero también haciendo cumplir la función social y ecológica de esta. Debe prevalecer del interés general sobre el particular, así como el reparto equitativo de cargas y beneficios.

Añadiría que entre los asuntos más urgentes está poner en marcha un programa sólido de formación humana en estos temas del desarrollo, con el fin de lograr ordenamiento e institucionalidad para la gestión territorial.

Hay que controlar las operaciones liberales en el mercado de las tierras y en el inmobiliario para permitir un desarrollo más equitativo, y esto solo se logrará con la formación de mentes jóvenes en estos temas.

Los retos del urbanismo

Los retos del urbanismo

RODRIGO MEJÍA-ANDRIÓN
economia@prensa.com

OPINIÓN

Si queremos dar un vuelco al caos panameño tenemos que enfrentar el reto desde otra trinchera, la actual quedó desbordada por el tiempo e inacción. En 1958 surge el Instituto de Vivienda y Urbanismo como entidad autónoma bien estructurada. Su primer director, ingeniero Norberto Navarro, realizó una fecunda labor en vivienda, apoyado en la planificación que manejaba el arquitecto urbanista Jorge R. Riba, actual presidente de Alianza Pro Ciudad. Allí nacieron estupendas fórmulas para construcción de casas por las propias familias, bajo la dirección de capataces y arquitectos.

También se construyeron edificios de tres y cuatro altos, tanto en Curundú, Calidonia y San Miguelito, gran acierto aplaudido por la Sociedad Interamericana de Planificación, por insertar a los más pobres en pleno centro de actividad, cercanos a escuelas y empleos.

El Instituto de Vivienda y Urbanismo produjo intensos estudios con arquitectos, ingenieros, urbanistas, abogados, sociólogos, antropólogos y geógrafos, creando planes maestros para sectores del distrito y poblaciones del interior, e impulsó la especialización de sus colaboradores con postgrados y maestrías tan necesarias en el país.

La dictadura construye edificios de tantos pisos que requieren ascensores, los que no tardan en fallar por falta de mantenimiento. Incrementa la exagerada construcción de miles de casitas iguales, en barriadas sin límites ni adecuada infraestructura, faltas de escuelas, parques, calles apropiadas, aceras, centros de salud, guarderías, permitiendo a la vez invasiones descontroladas, aupadas por políticos.

No se hacen ciudades, solo suburbios. Con este concepto de “viviendismo”, peligrosísima moda que envilece a las ciudades, nace el Ministerio de Vivienda (Mivi), donde dirigen profesionales de toda clase de disciplinas, aun los más alejados del tema. Una muestra de desatinos fue el ministerio de Sánchez Cárdenas, quien quitó tres mil doscientos metros al único parque de Punta Paitilla y alrededores para pasarlo al Club Unión. Como corolario desmanteló la Dirección de Desarrollo Urbano, excelente grupo de especialistas formado por los ministros anteriores: Raúl E. Figueroa, Guillermo Quijano y Laurencio Guardia, quienes siguieron la dirección correcta.

La gestión consecuente de estos ministros buscó la contratación de un consorcio internacional para preparar el Plan Metropolitano de Desarrollo del Atlántico y el Pacífico, que costó millones y no se ha seguido por ineficacia del Mivi, perdiendo así, además de los cinco millones invertidos, 10 años de estos tiempos de increíble actividad constructora, sin revisión de normas, sin estudios de zonificación por barrios o sectores, dejando que promotores de toda clase y condición presentaran abusivos proyectos, prontamente aprobados por directrices del Ejecutivo de que toda construcción es progreso, falacia que hoy todos pagamos.

Urge volver al amparo de una Autoridad de Planificación, integrando actividades hoy disgregadas en varias entidades no coordinadas, única fórmula de lograr una ciudad competitiva, que vuelva a atraer a extranjeros que hoy se declaran estafados por promotores y autoridades. Nunca antes hubo tanto irrespeto a la urbe, tanto desacierto de las autoridades municipales, tanto reglamento obsoleto que el Mivi no renueva y que causa tanto daño.

Añoro la época del Instituto de Vivienda y Urbanismo y sus normas. Otra ciudad tendríamos si aún existiera. Tengo esperanzas en el nuevo gobierno, que comprende que no podemos seguir montados en un caballo de tres patas. Debemos cambiar de montura, nos urge. Me conforta que Carlos Duboi anunciara la creación de un Vice Ministerio de Planificación en el Mivi. Excelente inicio.

El autor es arquitecto

Seis meses frente a la Corte Suprema

Seis meses frente a la Corte Suprema

Ciudad de Panamá. Burica Press (13 de diciembre de 2008). De acuerdo a Denia Arauz, una arquitecta panameña, activista ambiental y defensora del paisaje urbano de las áreas revertidas de la ciudad de Panamá, todo pareciera indicar que sus seis meses continuos frente a la Corte Suprema de la República de Panamá es una lucha que no se ha ganado todavía.

Justo ayer se cumplieron 129 días laborales (seis meses) que los residentes de las áreas revertidas asisten religiosamente con insistencia y perseverancia frente a las oficinas de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidiendo justicia ambiental ya que los activistas ambientales y residentes de las áreas revertidas demandan la inconstitucionalidad de la Ley 12 de 2007 que legalizó más de 50 actos administrativos ilegales de zonificación realizados por el Ministerio de Vivienda (MIVI)en la administración de Martín Torrijos y la de la señora Mireya Moscoso. Al legalizar estas zonificaciones que la Ley prohibía y protegía el espacio, el entorno urbano y las áreas verdes, miles de hectáreas de dichas áreas y otros espacios urbanos invaluables se perderían por la densificación y construcción de obras civiles contra natura.

Insisten en que como ciudadanos dignos de este país, seguirán luchando para que los fallos de la Corte Suprema se desarrollen bajo la integridad, la transparencia y el compromiso institucional por el supremo bien del país”

Los activistas urbanistas y ambientales indican que seguirán asistiendo a la Corte ya que lo que ha hecho la Asamblea Nacional y la Corte Suprema con esta ley es proteger con impunidad la corrupción del MIVI que ha olvidado su papel rector del urbanismo y se ha convertido en una agencia promotora de bienes raíces pero vendiendo las riquezas y valores nacionales. Ellos indican que la Corte debe fallar contra esta ley.

Fotos: D. Arauz

Rosina de Stec, Rafael Spalding, Raisa Banfield, Denia Arauz y un centenar más de panameños indican que han hecho este significativo acto de protesta porque tienen sed de justicia ante tantas arbitrariedades y corrupción del Gobierno Central y de la Asamblea Nacional que se atrevieron a aprobar en conjunto esta ley que es una aberración jurídica y por tanto una vergüenza nacional.

Una lucha diaria que con megáfono en mano, pancartas y banderas verdes levantan cada mañana la voz de censura contra cinco magistrados de la Corte: Aníbal Salas, Winston Spadafora, Alberto Cigarruista, Nelly Cedeño de Paredes y Delia Carrizo de Martines por haber fallado bajo presión política y legalizar aún más la corrupción montada desde el Ejecutivo y la Asamblea sobre el destino de las áreas verdes revertidas de la antigua Zonal del Canal.

Los activistas indican que sienten que sus esfuerzos ciudadanos han calado sin precedente histórico, en la gestión de la magistratura de justicia, que tiene que dar un revés rotundo y dar cumplimiento al Código de Ética Judicial, orientado a las actuaciones honestas, idóneas, independientes, justas e imparciales de los funcionarios de este Órgano del Estado, para lograr un correcto desempeño de la administración de justicia, que no puede estar divorciada o aislada del elemento moral.

En el caso de Red Frog Beach ANAM había ignorado el interés colectivo

ambientalistas ganan puntos con proyecto Red Frog Beach

Anam ignoró interés colectivo

La Sala Tercera de la Corte declaró ilegal una resolución de la Anam al considerar que se violaban normas ambientales y convenios internacionales sobre la protección del medio ambiente.

OBRA. Pillar Panamá, que desarrolla el proyecto Red Frog Beach, planeaba construir una marina que ahora queda prohibida por un fallo de la Corte Suprema. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Red Frog Beach “desconociendo” no solo los intereses de la comunidad, sino también aspectos “trascendentales” de los impactos ecológicos a corto, mediano y largo plazo que ocasionaría la obra residencial y turística.

Este es parte de los argumentos que los tres magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia –Winston Spadafora, Adán Arnulfo Arjona y Víctor Benavides– presentaron para declarar ilegal la Resolución No. 1A-218-2007 de la Anam, mediante la cual se aprobó el EIA de la segunda fase del proyecto Red Frog Beach en Islas Bastimentos, provincia de Bocas del Toro.

La decisión de los magistrados obedece a una demanda de nulidad que presentó el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) en noviembre de 2007 –a nombre de Rutilo Milton y Delfino Hooker, vecinos del parque– en contra de la resolución.

La demanda se sustenta en que el Gobierno, a través de la Anam, violó legislaciones nacionales e internacionales sobre la protección del medio ambiente.

Entre las normas locales que se infringían se mencionó la Ley No. 41 de 1998, mejor conocida como Ley General de Ambiente, y la Ley No. 24 de 1995 sobre la Vida Silvestre en el país.

En cuanto a normas internacionales, Ciam estimó que la decisión de la Anam violó cuatro convenios ratificados por Panamá sobre la protección de ecosistemas marinos, biodiversidad y cambio climático.

El proyecto cuestionado consistía en la construcción de 700 casas, 7 condominios de apartamentos, un hotel de 4 pisos de hasta 100 habitaciones y 34 villas. Incluía además una marina con capacidad para 250 embarcaciones, estacionamientos y un centro de actividades de tres pisos.

Para Lina Vega, abogada de Ciam, no hay duda de que el proyecto sobrepasaba la capacidad de carga del Parque Nacional Marino Isla Bastimento, creado en 1988.

La demanda se sustentó también en que la Anam ya había sancionado con 130 mil dólares a la empresa Pillar Panamá, que desarrolla el proyecto, por incumplimiento de normas ambientales durante la construcción de la primera fase de la obra.

Otro de los aspectos que Ciam cuestionó era el hecho de que la Anam no tomó en consideración las opiniones de varios grupos sobre los daños ambientales que produciría el proyecto al momento de aprobar el EIA, un aspecto que los magistrados consideraron como parte del incumplimiento, por parte de la Anam, de normas ambientales “en beneficio de un interés particular y en detrimento del interés público”.

“Somos conscientes de que el progreso que involucra el desarrollo turístico de un lugar redunda… en beneficio de la comunidad y del país. No obstante, debe siempre considerarse, al momento de aprobar un EIA, si las repercusiones ambientales representan un peligro para la conservación de un área…”, señala el fallo.

Harley Mitchell, director de Asesoría Legal de la Anam, dijo que el fallo es una herramienta que puede ser utilizada por la entidad para mejorar su gestión ambiental.

A juicio de Mitchell, durante la actual administración de la entidad se han perfeccionado muchas gestiones ambientales relacionadas con las normas.

“Nosotros estamos analizando el fallo y de seguro será útil para las evaluaciones ambientales”, recalcó el funcionario.

Se llamó a la oficina de Pillar Panamá, la responsable del proyecto, en la ciudad de Panamá, pero desde allí se informó que se debería llamar a la oficina de Bocas del Toro para cualquier información sobre el proyecto.

Aunque se llamó al número telefónico proporcionado, la línea siempre estuvo ocupada.

Además se envió un correo electrónico a la jefa de Mercadeo y Relaciones Publicas de la empresa, Michelle Slough, pero no se obtuvo respuesta alguna.

decisión revierte aprobación de la anam

Corte Suprema anula EIA de Red Frog Beach

La Sala Tercera de la Corte Suprema declaró ilegal la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto residencial y turístico Red Frog Beach, ubicado en el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos.

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Una decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia tiene celebrando a los conservacionistas.

El pasado 27 de noviembre, los magistrados de la Sala Tercera declararon ilegal la Resolución 1A-218-2007 de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), mediante la cual se había aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la segunda fase del proyecto Red Frog Beach.

El proyecto, que se desarrollaba dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, en la provincia de Bocas del Toro, implicaba la construcción de residencias, un hotel, villas y una marina.

El fallo, el primero en contra de una resolución de este tipo, ahora deja prohibida la construcción de las obras, por el momento.

Ambientalistas, científicos y las comunidades aledañas rechazaron la obra por el impacto al ambiente que ocasionaría en el Parque, considerado como uno de los más importantes del Atlántico en Mesoamérica, y que forma parte de la reserva de la biósfera de La Amistad.

La decisión de la Sala Tercera, bajo la ponencia del magistrado Winston Spadafora, surge al resolver una demanda de nulidad que presentó el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) en contra de la resolución.

El proyecto es uno de los que pone en peligro las riquezas marino-costeras, según Ciam. La organización espera que el fallo se convierta en un precedente para obras que atenten contra el medio ambiente.

El director de Asesoría Legal de la Anam, Harley Mitchell, dijo que el fallo es “importante” para la gestión ambiental de la entidad.

Dijo que la empresa debe realizar otro EIA para evaluación, si desea continuar con el proyecto.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular la resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) mediante la cual se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental a la segunda etapa del proyecto Red Frog en Bocas del Toro es una buena noticia, en especial por los desatinos que ha cometido con los proyectos mineros en la provincia de Colón.

Después de mucho tiempo, la Corte está dando muestra de estar recuperando la cordura y ciertamente el fallo es recibido con gran beneplácito, pues hace tiempo que no veíamos actuaciones tan firmes. Y más allá de ello, el mensaje está claro para la Anam, que parece más preocupada en proteger los intereses de seudoempresarios que los de la sociedad. Bocas del Toro tiene un enorme potencial que está en peligro por la desenfrenada codicia de personas que solo están interesadas en llenarse los bolsillos.

Lamentable es que los funcionarios de la Anam no se hayan dado cuenta de ello y hayan tenido que hacérselos ver los magistrados de la Corte Suprema y un grupo de ciudadanos interesados en mantener en buen estado nuestra herencia natural.

Corte Suprema detiene destrucción de Isla Bastimentos

Corte Suprema detiene Proyecto Red Frog Beach en Isla Bastimentos, Bocas del Toro

Burica Press. Panamá, 6 de diciembre de 2008. El pasado 27 de noviembre de 2008, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la Resolución DIEORA IA-218-2007 que aprobó la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) sobre el Estudio de Impacto Ambiental para la realización de la segunda fase del proyecto residencial y turístico Red Frog Beach en la Isla de Bastimentos, en el Archipiélago de Bocas del Toro.

La segunda fase del citado proyecto consistía en 700 casas y apartamentos, incluyendo un hotel de 4 pisos y hasta cien habitaciones, 7 condominios con 517 apartamentos y 34 villas. Igualmente se pretendía construir una marina para 250 embarcaciones, estacionamientos, centros de actividades de tres pisos, lo que implicaba desbordar la capacidad de carga del delicado entorno natural que hace parte del área de amortiguamiento del Parque Marino Isla Bastimentos, sitio que preserva diversos ecosistemas frágiles como bosques maduros, manglares, corales y una rica fauna, que incluye especies amenazadas.

La ANAM aprobó la segunda fase del proyecto, a pesar de que durante la construcción de la primera fase que consta de 180 casas, la empresa produjo notables daños al ambiente.

El proceso que ahora culmina con la anulación de la actuación de la ANAM, se inició hace un año cuando el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) presentó una demanda de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, en representación de los residentes de la Isla Bastimentos, quienes venían peligrar las actividades turísticas de bajo impacto y la rica biodiversidad del lugar donde siempre han vivido.

Esta es la Bahia Honda, localizada entre la isla Solarte e Isla Bastimentos. Es un humedal marino único de la zona que iba a ser convertido en una marina de más de 250 embarcaciones del Proyecto Hotelero y Residencial denominado Red Frog Beach II

Esta es la Bahía Honda, localizada entre la isla Solarte e Isla Bastimentos. Es un humedal marino único de la zona que iba a ser convertido en una marina de más de 250 embarcaciones del Proyecto Hotelero y Residencial denominado Red Frog Beach II. Foto: Almanaque Azul

El proyecto Red Frog Beach, cuya segunda fase ha sido ahora prohibida, representa un caso de los muchos que están poniendo en peligro las riquezas marinos costeras de Panamá, por lo que los ecologistas esperan que el fallo suscrito por los tres magistrados de la Sala Tercera se convierta en un importante precedente para impedir la realización de proyectos que violan las leyes ambientales nacionales y los principios de sostenibilidad que deberían ser el norte del crecimiento y el desarrollo de Panamá.

El Parque Marino Isla de Bastimentos en conjunto con el sistema insular de Bocas del Toro es considerado un sistema biológico raro y es considerado como –las Galápagos de Mesoamérica.

Según registros recientes de científicos que han visitado la famosa playa de Red Frog Beach cuyo nombre se debe la famosa rana roja Dendrobates pumilio u Oophaga pumilio, indican que en menos de un año luego de la intensificación del turismo en la zona, la rana prácticamente ha desaparecido de la costa, debido al descontrol ambiental en la zona.