En el caso de Red Frog Beach ANAM había ignorado el interés colectivo

ambientalistas ganan puntos con proyecto Red Frog Beach

Anam ignoró interés colectivo

La Sala Tercera de la Corte declaró ilegal una resolución de la Anam al considerar que se violaban normas ambientales y convenios internacionales sobre la protección del medio ambiente.

OBRA. Pillar Panamá, que desarrolla el proyecto Red Frog Beach, planeaba construir una marina que ahora queda prohibida por un fallo de la Corte Suprema. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Red Frog Beach “desconociendo” no solo los intereses de la comunidad, sino también aspectos “trascendentales” de los impactos ecológicos a corto, mediano y largo plazo que ocasionaría la obra residencial y turística.

Este es parte de los argumentos que los tres magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia –Winston Spadafora, Adán Arnulfo Arjona y Víctor Benavides– presentaron para declarar ilegal la Resolución No. 1A-218-2007 de la Anam, mediante la cual se aprobó el EIA de la segunda fase del proyecto Red Frog Beach en Islas Bastimentos, provincia de Bocas del Toro.

La decisión de los magistrados obedece a una demanda de nulidad que presentó el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) en noviembre de 2007 –a nombre de Rutilo Milton y Delfino Hooker, vecinos del parque– en contra de la resolución.

La demanda se sustenta en que el Gobierno, a través de la Anam, violó legislaciones nacionales e internacionales sobre la protección del medio ambiente.

Entre las normas locales que se infringían se mencionó la Ley No. 41 de 1998, mejor conocida como Ley General de Ambiente, y la Ley No. 24 de 1995 sobre la Vida Silvestre en el país.

En cuanto a normas internacionales, Ciam estimó que la decisión de la Anam violó cuatro convenios ratificados por Panamá sobre la protección de ecosistemas marinos, biodiversidad y cambio climático.

El proyecto cuestionado consistía en la construcción de 700 casas, 7 condominios de apartamentos, un hotel de 4 pisos de hasta 100 habitaciones y 34 villas. Incluía además una marina con capacidad para 250 embarcaciones, estacionamientos y un centro de actividades de tres pisos.

Para Lina Vega, abogada de Ciam, no hay duda de que el proyecto sobrepasaba la capacidad de carga del Parque Nacional Marino Isla Bastimento, creado en 1988.

La demanda se sustentó también en que la Anam ya había sancionado con 130 mil dólares a la empresa Pillar Panamá, que desarrolla el proyecto, por incumplimiento de normas ambientales durante la construcción de la primera fase de la obra.

Otro de los aspectos que Ciam cuestionó era el hecho de que la Anam no tomó en consideración las opiniones de varios grupos sobre los daños ambientales que produciría el proyecto al momento de aprobar el EIA, un aspecto que los magistrados consideraron como parte del incumplimiento, por parte de la Anam, de normas ambientales “en beneficio de un interés particular y en detrimento del interés público”.

“Somos conscientes de que el progreso que involucra el desarrollo turístico de un lugar redunda… en beneficio de la comunidad y del país. No obstante, debe siempre considerarse, al momento de aprobar un EIA, si las repercusiones ambientales representan un peligro para la conservación de un área…”, señala el fallo.

Harley Mitchell, director de Asesoría Legal de la Anam, dijo que el fallo es una herramienta que puede ser utilizada por la entidad para mejorar su gestión ambiental.

A juicio de Mitchell, durante la actual administración de la entidad se han perfeccionado muchas gestiones ambientales relacionadas con las normas.

“Nosotros estamos analizando el fallo y de seguro será útil para las evaluaciones ambientales”, recalcó el funcionario.

Se llamó a la oficina de Pillar Panamá, la responsable del proyecto, en la ciudad de Panamá, pero desde allí se informó que se debería llamar a la oficina de Bocas del Toro para cualquier información sobre el proyecto.

Aunque se llamó al número telefónico proporcionado, la línea siempre estuvo ocupada.

Además se envió un correo electrónico a la jefa de Mercadeo y Relaciones Publicas de la empresa, Michelle Slough, pero no se obtuvo respuesta alguna.

decisión revierte aprobación de la anam

Corte Suprema anula EIA de Red Frog Beach

La Sala Tercera de la Corte Suprema declaró ilegal la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto residencial y turístico Red Frog Beach, ubicado en el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos.

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Una decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia tiene celebrando a los conservacionistas.

El pasado 27 de noviembre, los magistrados de la Sala Tercera declararon ilegal la Resolución 1A-218-2007 de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), mediante la cual se había aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la segunda fase del proyecto Red Frog Beach.

El proyecto, que se desarrollaba dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, en la provincia de Bocas del Toro, implicaba la construcción de residencias, un hotel, villas y una marina.

El fallo, el primero en contra de una resolución de este tipo, ahora deja prohibida la construcción de las obras, por el momento.

Ambientalistas, científicos y las comunidades aledañas rechazaron la obra por el impacto al ambiente que ocasionaría en el Parque, considerado como uno de los más importantes del Atlántico en Mesoamérica, y que forma parte de la reserva de la biósfera de La Amistad.

La decisión de la Sala Tercera, bajo la ponencia del magistrado Winston Spadafora, surge al resolver una demanda de nulidad que presentó el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) en contra de la resolución.

El proyecto es uno de los que pone en peligro las riquezas marino-costeras, según Ciam. La organización espera que el fallo se convierta en un precedente para obras que atenten contra el medio ambiente.

El director de Asesoría Legal de la Anam, Harley Mitchell, dijo que el fallo es “importante” para la gestión ambiental de la entidad.

Dijo que la empresa debe realizar otro EIA para evaluación, si desea continuar con el proyecto.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular la resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) mediante la cual se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental a la segunda etapa del proyecto Red Frog en Bocas del Toro es una buena noticia, en especial por los desatinos que ha cometido con los proyectos mineros en la provincia de Colón.

Después de mucho tiempo, la Corte está dando muestra de estar recuperando la cordura y ciertamente el fallo es recibido con gran beneplácito, pues hace tiempo que no veíamos actuaciones tan firmes. Y más allá de ello, el mensaje está claro para la Anam, que parece más preocupada en proteger los intereses de seudoempresarios que los de la sociedad. Bocas del Toro tiene un enorme potencial que está en peligro por la desenfrenada codicia de personas que solo están interesadas en llenarse los bolsillos.

Lamentable es que los funcionarios de la Anam no se hayan dado cuenta de ello y hayan tenido que hacérselos ver los magistrados de la Corte Suprema y un grupo de ciudadanos interesados en mantener en buen estado nuestra herencia natural.

Corte Suprema detiene destrucción de Isla Bastimentos

Corte Suprema detiene Proyecto Red Frog Beach en Isla Bastimentos, Bocas del Toro

Burica Press. Panamá, 6 de diciembre de 2008. El pasado 27 de noviembre de 2008, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la Resolución DIEORA IA-218-2007 que aprobó la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) sobre el Estudio de Impacto Ambiental para la realización de la segunda fase del proyecto residencial y turístico Red Frog Beach en la Isla de Bastimentos, en el Archipiélago de Bocas del Toro.

La segunda fase del citado proyecto consistía en 700 casas y apartamentos, incluyendo un hotel de 4 pisos y hasta cien habitaciones, 7 condominios con 517 apartamentos y 34 villas. Igualmente se pretendía construir una marina para 250 embarcaciones, estacionamientos, centros de actividades de tres pisos, lo que implicaba desbordar la capacidad de carga del delicado entorno natural que hace parte del área de amortiguamiento del Parque Marino Isla Bastimentos, sitio que preserva diversos ecosistemas frágiles como bosques maduros, manglares, corales y una rica fauna, que incluye especies amenazadas.

La ANAM aprobó la segunda fase del proyecto, a pesar de que durante la construcción de la primera fase que consta de 180 casas, la empresa produjo notables daños al ambiente.

El proceso que ahora culmina con la anulación de la actuación de la ANAM, se inició hace un año cuando el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) presentó una demanda de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, en representación de los residentes de la Isla Bastimentos, quienes venían peligrar las actividades turísticas de bajo impacto y la rica biodiversidad del lugar donde siempre han vivido.

Esta es la Bahia Honda, localizada entre la isla Solarte e Isla Bastimentos. Es un humedal marino único de la zona que iba a ser convertido en una marina de más de 250 embarcaciones del Proyecto Hotelero y Residencial denominado Red Frog Beach II

Esta es la Bahía Honda, localizada entre la isla Solarte e Isla Bastimentos. Es un humedal marino único de la zona que iba a ser convertido en una marina de más de 250 embarcaciones del Proyecto Hotelero y Residencial denominado Red Frog Beach II. Foto: Almanaque Azul

El proyecto Red Frog Beach, cuya segunda fase ha sido ahora prohibida, representa un caso de los muchos que están poniendo en peligro las riquezas marinos costeras de Panamá, por lo que los ecologistas esperan que el fallo suscrito por los tres magistrados de la Sala Tercera se convierta en un importante precedente para impedir la realización de proyectos que violan las leyes ambientales nacionales y los principios de sostenibilidad que deberían ser el norte del crecimiento y el desarrollo de Panamá.

El Parque Marino Isla de Bastimentos en conjunto con el sistema insular de Bocas del Toro es considerado un sistema biológico raro y es considerado como –las Galápagos de Mesoamérica.

Según registros recientes de científicos que han visitado la famosa playa de Red Frog Beach cuyo nombre se debe la famosa rana roja Dendrobates pumilio u Oophaga pumilio, indican que en menos de un año luego de la intensificación del turismo en la zona, la rana prácticamente ha desaparecido de la costa, debido al descontrol ambiental en la zona.

Ciudades armónicas, solución ambiental

Ciudades armónicas, solución ambiental

El índice que expone la desigualdad entre ricos y pobres alcanzó 0.55 en América Latina. Para UN-Hábitat, esa cifra es ‘inaceptable’. Depender menos de vehículos motorizados y aumentar las políticas para reducir desperdicios pueden disminuir las emisiones de carbono.

MARIO OSAVAIPS
América Latina

vivir+@prensa.com

Sao Paulo emite un décimo de los gases invernadero que produce San Diego, a pesar de ser cuatro veces más grande, revela el último informe del Programa de las Naciones Unidas para Asentamientos Humanos (UN-Hábitat).

Los patrones de consumo son más determinantes que el grado de urbanización para el aporte al calentamiento, concluye en base a esa comparación el informe.

América Latina y el Caribe son las regiones más urbanizadas del mundo, con 77% de población en las ciudades que aumentará a 85% en las próximas dos décadas, indica Cecilia Martínez, directora regional de UN-Hábitat.

América Latina es también la región con más ciudades desiguales. El índice Gini, que expone la desigualdad entre ricos y pobres, alcanzó 0.55, superando incluso a África. Para UN-Hábitat, por encima de 0.4 la desigualdad es “inaceptable”.

“La desigualdad afecta la armonía urbana y genera más desigualdad al trabar el crecimiento económico y componer un ambiente que atrae menos inversiones”, dice Anna Tibaijuka, directora ejecutiva de UN-Hábitat.

América Latina y el Caribe también se destacan como la región que registra un rápido crecimiento en muchas ciudades pequeñas, pasando de decenas de miles de habitantes a centenares de miles en 10 años. Unas 70 ciudades brasileñas vivieron ese fenómeno, asegura Martínez.

Pero las ciudades, “causantes del recalentamiento global”, son también parte de la solución, dice el informe.

Planificar el uso de transporte energéticamente eficiente, depender menos de vehículos motorizados y aumentar las políticas para reducir el desperdicio y la desigualdad espacial y social, pueden reducir las emisiones de carbono y contribuir a mitigar el cambio climático.

La disparidad de emisiones de gases invernadero por persona refleja más el patrón de consumo que el nivel de ingresos, agrega el informe, que atribuye 2.9 toneladas de carbono por persona en México D.F. y el doble en Sao Paulo. San Diego es el campeón, con 11.7 toneladas.

Con 3 mil 351 ciudades en zonas de altitud menores a 10 metros, amenazadas por la elevación del nivel del mar, sostiene Martínez, “grandes aglomeraciones enfrentan riesgos de escasez de agua y desastres climáticos”.

La adaptación ante el efecto del cambio climático es urgente. UN-Hábitat y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente estimulan a las ciudades a adoptar planes de urbanización y ambiente para enfrentar los desafíos previsibles.

100 días frente a la Corte Suprema por la naturaleza

Manifestaciones para evitar nuevos edificios.

Cumplen 100 días frente a la Corte

LA PRENSA/ Levi Cruz
perseverancia. Los residentes de las áreas revertidas protestan durante una hora todos los días hábiles.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Los residentes de las áreas revertidas no estuvieron solos ayer, cuando cumplieron 100 días de protesta frente a la Corte Suprema de Justicia.

Estudiantes de la Escuela de Biología de la Universidad de Panamá e indígenas del área de Bocas del Toro se sumaron a la voz de los residentes, que piden que se declare inconstitucional la Ley 12 de febrero de 2007 y el artículo 11 de la Ley 29 de 2 de junio de 2008.

Ambas normas legalizaron los cambios de zonificación otorgados por el Ministerio de Vivienda (Mivi) en las áreas revertidas desde 1997, con la diferencia de que el artículo 11 de la Ley 29, además declaró de “interés social” los proyectos inmobiliarios que se desarrollan en la zona.

El Centro de Incidencia Ambiental ha cuantificado 40 cambios de zonificación otorgados por el Mivi, en esa área, desde 1997 .

El universitario Hilario Espinoza dijo que como estudiante de las ciencias naturales “no puedo permitir que destruyan la riqueza natural de los bosques urbanos”, por lo que se sumó ayer a la acción. La protesta continuará la próxima semana.

Asamblea y Ministerio de Vivienda violan Constitución

EVASIÓN OFICIAL.

Otra ley violatoria de la Constitución

Rafael Spalding
opinion@prensa.com

La Ley 21 de 1997 (DE USO DE SUELO DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA) fue retroactivamente alterada por la Ley 29 de 2008, en violación de la Constitución de Panamá. Este es otro intento de evasión de la justicia de los funcionarios del Ministerio de la Vivienda (Mivi), con la ayuda de diputados de la Asamblea Nacional. Primero, con la Ley 12 de 2007, y ahora con la Ley 29 de 2008, han modificado el artículo 13 de la Ley 21 para exonerar retroactivamente al Mivi de actos ilegales cometidos desde julio 1997 al presente.

La Ley 21 de 1997, que regula el uso de las áreas revertidas del Canal, es una de las leyes panameñas que, durante su creación, fue más ampliamente consultada y consensuada. Está basada en un estudio técnico que duró 26 meses, a un costo de más de 9 millones de dólares. En el consenso nacional participaron gremios profesionales, sindicatos laborales, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, el consejo ecuménico, instituciones estatales, etc.

El artículo 13 de la Ley 21 especifica un proceso mediante el cual los ciudadanos pueden escudriñar las acciones de los funcionarios y de los diputados que prohíjan leyes para las áreas revertidas. Lo ordenado en el artículo 13, y aprobado por el pueblo, es un mecanismo que concuerda con la letra y espíritu de la Constitución de Panamá. En principio, los ciudadanos tenemos acceso a los diputados y podemos participar en la formulación de leyes nuevas en las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional.

Los diputados y funcionarios del Mivi abusan del poder al eliminar de la Ley 21 procesos de participación ciudadana que habían sido ampliamente consensuados con la ciudadanía antes de su promulgación en el año 1997.

Al retroactivamente eliminar ese proceso en el artículo 13 de la Ley 21, a través de la Ley 29, el Mivi se zafa del escudriño y participación ciudadana. Se deshace de las demandas legales de las comunidades, presentadas para ponerle alto a las ilegalidades. En efecto, se legalizan los actos del Mivi que en el momento de su ejecución, entre 1997 y 2008, fueron ilegales.

A continuación comentamos sobre violaciones de los artículos 2, 46 y 163 de la Constitución por la Ley 29.

Artículo 2: “El Poder Público solo emana del Pueblo…”. Los diputados y funcionarios del Mivi abusan del poder al eliminar de la Ley 21 procesos de participación ciudadana que habían sido ampliamente consensuados con la ciudadanía antes de su promulgación en el año 1997. El proceso de consulta ciudadana eliminado por la Ley 29 es parte de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. En 2008, los diputados y funcionarios del Mivi no realizaron una consulta similar o equivalente a la realizada en 1997.

Artículo 46: “Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social cuando en ella así se expresen…”. No es un acto de interés social eliminar retroactivamente, por un período de 10 años, los derechos ciudadanos contenidos en la Constitución, como lo es la participación ciudadana en la creación de leyes. No basta que la Ley 29 diga que es de interés social, sino que debe serlo. Ni los diputados ni los del Mivi han demostrado cómo esta ley es de interés social.

Artículo 163: “Es prohibido a la Asamblea Nacional… Expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución…” La letra y el espíritu de los artículos 2 y 46 de esta Constitución, como expusimos anteriormente, han sido contrariados.

Se presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 29 de 2008. Esperamos que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y no sus suplentes, sean los que atiendan esta importante demanda. ¡Está en juego la dignidad del pueblo panameño!

El autor es ingeniero mecánico