Proyecto en isla Saboga sin plan de manejo ambiental

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Otro proyecto en un área sin plan de manejo ambiental

Desarrollo

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Las maquinarias de la industria turística y urbanística continúan llegando  a las islas del archipiélago de Las Perlas. Las áreas boscosas pierden terreno y las costas se llenan de marinas.

Conjugar el desarrollo con la conservación y no repetir errores ajenos es una tarea que se ha propuesto el nicaragüense Armel González, presidente de Grupo del Sol, quien desarrolló un proyecto en la isla Saboga, una de las más pequeñas  del archipiélago declarado zona de manejo especial por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap).

González  propone un proyecto  que va desde  conservar  las áreas más boscosas hasta cambiar la fuente de energía que siempre ha abastecido a la isla: la térmica.

En esta materia,  se busca reemplazar la energía térmica por termosolar, que consiste en concentrar la energía del sol en paneles (colectores) para luego transmitirla, a través del agua o mediante radiadores. También proyecta reciclar el agua de lluvia para potabilizarla.

Los resultados están por verse. Por el momento, en el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) quedan dudas sobre el proyecto.

La empresa cuenta con un plan maestro que  consiste en la construcción de condominios, casas de lujo y hoteles boutique.

También incluye la lotificación de terrenos que se venderán a  desarrolladores urbanos. El plan maestro costó 12 millones de dólares y contempla, además, la  construcción de  infraestructuras de  servicios públicos para satisfacer las necesidades de los nuevos inquilinos de la isla.

“Creamos las infraestructuras para otros inversionistas”, dijo González.

Raisa Banfield, directora ejecutiva del CIAM, analizó el plan maestro del proyecto y le preocupa que todo el litoral costero de la isla será desarrollado.

La isla Saboga tiene 277 hectáreas, de las cuales casi 90 serán destinadas a la conservación.

González explicó que  el 60% de la isla  está compuesto por bosques secundarios, 20% por bosques primarios y el resto (20%) rastrojo y arbustos.

El  bosque primario no será tocado, excepto para construir senderos por donde solo pasarán carros de golf eléctricos, dijo González.  El empresario  admite que se devastará zona boscosa, pero asegura que son áreas ya intervenidas.

Banfield consideró que el proyecto presenta una lotificación masiva alrededor de la isla que afectará la relación entre áreas boscosas y zonas costeras.

Dilema ecológico

Ante la mirada atenta de los conservacionistas, el empresario enfrenta  otro dilema: la construcción de una  marina.

Los dos sitios que ha estudiado le presentan dificultades. En uno las corrientes son demasiadas fuertes y en el otro existe una comunidad de arrecifes de corales.

Héctor Guzmán, científico del Instituto Smithsonian, dijo que se trata de la segunda  comunidad de arrecifes más grande del golfo de Panamá. Comentó  que habló de manera informal con el empresario y recomendó mover la marina para no afectar los arrecifes. La empresa aún estudia la ubicación de la estructura, que tendrá una capacidad de alrededor de 150 yates.

González dijo que el primer sitio  evaluado fue descartado por las fuertes corrientes marinas, que representaban un peligro para los usuarios. Pero al mismo tiempo ha valorado las sugerencias de Guzmán de construir la marina en una zona que no afecte los arrecifes.

Hay una buena intención en querer hacer las cosas bien, pero el problema radica en que no existe una evaluación ambiental integral del archipiélago, señala Banfield. Es decir, las afectaciones del proyecto no sólo en la isla Saboga, sino en en el archipiélago. Esto pasa por falta de  un plan de manejo del archipiélago que aún no se ha creado.

A mediados del pasado mes de agosto, la Arap firmó el contrato para la realización del plan de manejo con el consorcio  Louis Berger- Ancon (Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza). Hasta la semana pasada el contrato aún estaba en la Contraloría  pendiente de ser avalado, informó Alida Spadafora, directora de Ancon.

El contrato llega con dos años de atraso, pues desde 2007 una ley ordenó crear el plan. Mientras, los proyectos inmobiliarios y turísticos  no se detienen, y en  algunos casos con negativos impactos ambientales.

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Este proyecto es un urbanicidio y un robo del patrimonio insular de todos los panameños. La biodiversidad, zona especial de manejo no le parece importar a nadie en este país que está vendiendo cada pedazo hermoso de tierra que tienen.

Burica Press

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Gobierno vuelve a sorprender a ecologistas defensores de Coiba

Desprotegen las zonas especiales de manejo en el Oceáno Pacífico panameño.

Burica Press. 15 de agosto de 2008. El 6 de agosto, sin aviso previo, como ladrón en la noche, el Presidente de Panamá, Martín Torrijos sancionó la ley 55 denominada Ley del Comercio Marítimo. En su artículo 278 derogaron el artículo 11 de la ley de Coiba, lo que implica que han eliminado la zona de exclusión donde se prohíbía la pesca de atuneros de cerco en aguas panameñas más al norte del paralelo 6´30.

Según la bióloga Gabriela Etchelecu, Directora Ejecutiva de Mar Viva, con este -camarón- legislativo ahora queda permitida la pesca industrial en aguas adyacentes a la Isla de Coiba, incluyendo la pesca con barcos atuneros de cerco en todas las aguas del pacífico panameño, incluyendo las zonas especiales de manejo, o sea Banco Hannibal, Archipiélago de Las Perlas, entre otras.

Parque Nacional Isla de Coiba

Parque Nacional Isla de Coiba. Foto: http://www.flickr.com/photos/artour_a/

Según Etchelecu lo ocurrido no son buenas noticias para nadie que valore lo que nos brindan nuestros recursos marinos, mucho menos para los delfines, pues mueren miles cada año con las operaciones de atuneros.  También se afectan muchas especies objetivos, tanto de la pesca deportiva como la artesanal,
interfiriendo con estas actividades económicas, sociales y turísticas de las que dependen tantos panameños.    Es frecuente la pesca incidental del pez espada, marlines, pez vela, jureles, dorados y claro. Muchos tiburones y rayas mueren en las redes, indico la activista ambiental.

Estos barcos atuneros tienen capacidad de carga de unas 1,200 toneladas y se estima que se han expedido ya en nuestro país unas 25 licencias.

El artículo 278 dice textualmente así: “Artículo 278. La presente Ley deroga el Libro Segundo del Código de Comercio de Panamá y el artículo 11 de la Ley 44 de 26 de julio de 2004”, donde se observa que para no alertar a los ambientalistas ni siquiera hicieron mención del nombre completo de la ley.  De hecho parece que los ambientalistas se enteraron 10 días después de haber sido sancionada por el Presidente panameño.

Esta ley nueva ley puede ser accedida en http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26100/12475.pdf

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ambiente. Otro ‘CAMARÓN’ LEGISLATIVO.

Diputados favorecen a atuneros

Con la ley de comercio marítimo se derogó un artículo que prohibía pescar atún con redes de cerco.

El Presidente de la República sancionó el 6 de agosto las leyes que regulan el comercio marítimo.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Los diputados aprovecharon el proyecto de ley sobre comercio marítimo, sancionado el pasado 6 de agosto por el presidente, Martín Torrijos, para derogar el artículo 11 de la Ley 44 de julio de 2004, mejor conocida como ley de Coiba, para favorecer a los atuneros.

Desde el 7 de agosto pasado y tras cuatro años de prohibición, los atuneros pueden pescar sin límite con redes de cerco en la costa del Pacífico panameño, donde hay incluso áreas protegidas.

El artículo 11 creaba una zona de exclusión en el Pacífico panameño “en la que se prohíbe la utilización de redes de cerco para la pesca de atún, toda vez que (…) afectan especies marinas como peces de pico, delfines, cetáceos, tortugas y otras”.

La medida había pasado desapercibida hasta que se publicó en Gaceta Oficial, el pasado 7 de agosto, la Ley 55 de 6 de agosto de 2008, que regula el comercio marítimo.

La decisión de los diputados, asumida el 30 de junio, último día del pasado período legislativo, ya empezó a crear indignación entre grupos ambientalistas, abogados marítimos y aficionados a la pesca deportiva. Algunos se enteraron ayer de la derogación de la norma.

“Me parece que es una falta de respeto para las personas que hemos trabajado en esos cuatro proyectos [leyes marítimas] que nos tomen de tontos útiles para beneficiarse unos cuantos”, reaccionó Tomás Ávila Manzanares, presidente de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo .

“Trabajamos tres años en ese proyecto [actual Ley 55] y en ningún momento fue intención de los comisionados el que se derogara una norma tan sensitiva como esa”, añadió.

La Fundación MarViva y el Centro de Incidencia Ambiental respondieron de igual forma con disgusto al conocer la derogación de la norma, que aseguraba que los barcos atuneros realizaran faenas a más de 40 millas náuticas de las costas.

El presidente de los clubes de pesca deportiva, Luis López, dijo que se trata de otro “gol legislativo”.

MES DE LOS OCÉANOS.

Gobierno empaña celebración

LA PRENSA/David Mesa
CONSERVACIÓN. La isla de Coiba es una zona protegida por ley, donde se ha denunciado pesca ilegal.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Los ambientalistas se preparaban para festejar el mes de los océanos (septiembre) y 15 días antes se enteraron de una decisión de la Asamblea Nacional avalada por el Ejecutivo que agrió la celebración.

La Asamblea Nacional aprobó el pasado 30 de junio un proyecto de ley sobre comercio marítimo, y de paso derogó el artículo 11 de la Ley 44 de 26 de julio de 2004 –mejor conocida como ley de Coiba– que prohibía la utilización de redes de cerco para la pesca de atún en el Pacífico panameño.

El proyecto pasó a ser ley de la República el 7 de agosto pasado, cuando se publicó en Gaceta Oficial como Ley 55 de agosto de 2008 .

Bajo qué fundamento técnico y científico el Gobierno elimina una norma que busca proteger una zona que forma parte del Corredor Marino mesoamericano, se preguntó ayer Leslie Marín, del Centro de Incidencia Ambiental.

Las redes de cerco que utilizan los atuneros tienen una extensión similar a tres campos de fútbol y llegan a unos 600 metros de profundidad, explicó Luis López, presidente de la Asociación de Clubes de Pesca Deportiva.

La Fundación MarViva anunció que iniciará una serie de acciones en contra de la derogación. Este gremio ha estado denunciado la pesca ilegal en isla Coiba, donde este año se han reportado al menos cuatro casos de barcos industriales invadiendo áreas protegidas.

La Prensa, 16 de agosto de 2008