Seis meses de protesta contra la corrupción en el Estado

ABUSOS

Seis meses de protestas ante la Corte

Rafael Spalding
opinion@prensa.com

Durante seis meses, residentes de las comunidades residenciales de las áreas revertidas del Canal protestaron, denunciaron ilegalidades del Ministerio de Vivienda (Mivi) y otras instituciones gubernamentales y expresaron su vergüenza por nuestro gobierno, ante el edificio de la Corte de Suprema Justicia (CSJ), todos los días laborables, desde las 8:30 a.m. hasta las 9:30 a.m., desde junio hasta diciembre de 2008.

Dicha extendida protesta fue causada por el vergonzoso fallo de la CSJ que declaró constitucional una ley retroactiva, específicamente, el artículo 2 de la Ley 12 de 2007. El magistrado ponente fue Aníbal Salas, y los magistrados que lo apoyaron fueron Winston Spadafora, Alberto Cigarruista, Delia Carrizo de Martínez (suplente de Harley Mitchell) y Nelly Cedeño de Paredes (suplente de Víctor Benavides). Los magistrados que se opusieron fueron Oydén Ortega, Esmeralda Arosemena de Troitiño, Hipólito Gil Suazo (suplente de Arnulfo Arjona) y Luis Mario Carrasco (suplente de Jerónimo E. Mejía). La Procuradora de la Nación también opinó que la Ley 12 era inconstitucional.

Los ciudadanos señalaban que el Mivi, a través de resoluciones ministeriales, había excedido su autoridad al modificar la Ley 21 de 1997, la ley que reglamenta el desarrollo de las áreas revertidas del Canal de Panamá.

El Mivi ignoró las reclamaciones de la ciudadanía y se mantuvo en administrar sin planes el desarrollo urbano de las áreas revertidas a través de resoluciones que frecuentemente contrariaban lo ordenado en la Ley 21. La Ley 21 contiene estudiados planes de desarrollo urbano cuya preparación duró 26 meses a un costo mayor de 9 millones de dólares. Buscando ponerle un alto a lo que consideraban un abuso de poder, los ciudadanos interpusieron varias demandas contra el Mivi ante la CSJ.

El Mivi decidió esquivar las demandas ciudadanas y obtuvo la colaboración de diputados de la Asamblea Nacional para crear una nueva ley. Crearon la Ley 12, una ley retroactiva, que exonera al Mivi de cumplir con lo especificado en la Ley 21, desde julio de 1997, hasta enero de 2007. Transformaron así sus actos ilegales en actos legales.

Siguieron demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 12. Nuestra Constitución Política prohíbe leyes retroactivas, excepto por tres condiciones especiales. Esta prohibición es cónsona con los reglamentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organización a la cual Panamá está adscrita.

Los funcionarios del Mivi y los diputados colaboradores se percataron de que habían cometido un error en la redacción de la Ley 12, porque no habían declarado qué condición especial esperaban satisfacer para cumplir con la Constitución. Temiendo que la CSJ encontraría que la Ley 12 fuera inconstitucional, crearon la Ley 29 de 2008, declarando que la condición especial era “interés social”, días antes de que la Corte emitiera su fallo. Todos recibimos la gran sorpresa de la CSJ cuando falló que la Ley 12 no era retroactiva, consecuentemente no era inconstitucional. En el fallo, los magistrados opinaron que la intención del Mivi et al era crear una ley con efectos hacía el futuro.

¡Qué disparate! Aquí tenemos el caso típico del cazador cazado. Con la Ley 29 los creadores de la Ley 12 reafirmaron su intención de crear una ley retroactiva para borrar la ilegalidad en más de 40 resoluciones del Mivi. Mientras tanto, la CSJ falla al fallar que la Ley 12 es constitucional, porque opinan que el Mivi et al no tenía intención de crear una ley retroactiva.

Nos preguntamos ¿qué hará la CSJ ahora que se sabe que el Mivi et al insiste en una ley retroactiva? ¿Se pueden imaginar este material en manos de Tres Patines y el Tremendo Juez de la Tremenda Corte?

Extinción de lenguas en el mundo y Panamá

LENGUAS

Más allá que la extinción de especies

Leslie Enrique Marín
opinion@prensa.com

Además de uno que otro “éxito de taquilla”, diversas películas y documentales han aparecido en los últimos años haciendo más accesibles y comprensibles conceptos como el famoso, y algo apocalíptico, “calentamiento global”. En efecto, pese a la existencia de diversas teorías a favor o en contra de su existencia, todos habremos escuchado que este fenómeno irremediablemente ocasionará, entre otros, una elevación en el nivel del mar, hechos que ya pueden ser corroborados por quienes han perdido sus hogares debido a esta causa.

De hecho, un estudio de la Universidad de Naciones Unidas estimó que, para el próximo año, habrá por lo menos 50 millones de refugiados en el mundo; sin embargo, no estarán huyéndole a la violencia o a las extremas condiciones de pobreza, sino al deterioro ambiental.

Más allá de todas aquellas proyecciones realizadas por el Panel Intergubernamental sobre el cambio climático sobre la pérdida de biodiversidad, poco se ha hablado sobre las consecuencias ocasionadas, en términos culturales, tras la dispersión de estos millones de “refugiados”. Por ello, al celebrarse recientemente el “Día Internacional de la Lengua Materna”, una fecha proclamada por la Unesco con el objetivo de promover el plurilingüismo y la diversidad cultural, fue presentada la nueva edición del Atlas Unesco de las lenguas en peligro en el Mundo; documento interactivo que ha revelado que de las 2 mil 502 lenguas en riesgo en el mundo, 538 están en situación crítica, 502 seriamente en peligro, 632 en peligro, y 607 son vulnerables. Incluso, este mapa global permite ubicar 242 puntos negros que equivalen a las lenguas extintas (entre ellas el manés de la Isla de Man, el aasax de Tanzania, el ubyh de Turquía, y el eyak de Alaska, desaparecidas en 1974, 1976, 1992 y 2008 respectivamente).

Me causa pesar el saber que un total de 199 idiomas cuentan con menos de 10 locutores en el mundo; o que de los 6 mil 912 hablados hoy día, aproximadamente la mitad podría desaparecer antes de que culmine este siglo simplemente porque, buscando refugio de inundaciones, sequías o deforestación, muchos parlantes se integrarán a poblaciones donde predominan otros idiomas. En resumidas cuentas estamos hablando de que, más allá de la biodiversidad, también peligra el conocimiento que esa población tiene sobre sus recursos naturales; esa invaluable sabiduría tradicional de la naturaleza y del universo que, a través de las lenguas, se ha transmitido de generación en generación.

Y dado que nuestro querido país tampoco escapa a esta realidad (de acuerdo con este Atlas, el buglé y el teribe están catalogados “en peligro”; en tanto que el wounaan y el bribri están “seriamente en peligro”) me pregunto, ¿por qué en vez de gastar cifras exorbitantes en cuatro días de jolgorio, no invertimos en lo que realmente nos identifica como país.