Ampliación del Canal puede atrasarse entre 3 y 5 años

 

CONFLICTO EN PANAMÁ

El Canal de Panamá se juega entre tres y cinco años de retraso por el conflicto

La ruptura demoraría la obra hasta 2018 o 2020, según la junta de disputas

El órgano arbitral cree que hay costes extra y aboga por más financiación

El consorcio de Sacyr ofrece cofinanciar los sobrecostes para cumplir el contrato

 

Miguel Jiménez Madrid

21 ENE 2014 – 

El País

Las obras de la ampliación del Canal de Panamá continuaron ayer a bajo ritmo, tras vencer el plazo del preaviso que el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) dio para paralizar los trabajos. El consorcio liderado por Sacyr aún espera encontrar soluciones en las próximas semanas para acabar las obras y ofrece cofinanciar los sobrecostes, cifrados en unos 1.200 millones. La alternativa sería más lenta y cara. Un documento confidencial de la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés), el órgano panameño mediador entre las partes, advierte de que, en caso de ruptura del contrato, las obras no se acabarían en 2015, como está previsto, sino más probablemente entre 2018 y 2020, según fuentes de dicho órgano.

Dicho órgano admite que el problema de falta de financiación es real y no una especie de coacción del contratista para lograr beneficios extra. No obstante, esa junta dio la razón a Panamá por dos votos a uno en el primero de los grandes asuntos en disputa, los sobrecostes en la construcción de la ataguía o presa provisional. La DAB, un órgano previsto en el contrato para dirimir las reclamaciones a modo de árbitro, considera que la continuación de los trabajos por parte del consorcio es la alternativa más económica para continuar con las obras y aboga por la inyección de liquidez necesaria para evitar retrasos y más costes.

Las esclusas en construcción en el lado Pacífico con fotos de julio de 2013 que el avance de obras puede estar sobre-estimado a la realidad.

Precisamente, GUPC alertó anoche en un comunicado de que la falta de un acuerdo sobre la financiación se traducirá en que “las obras no terminarán en los plazos previstos y supondrá un grave retraso, con perjuicio para todas las partes”. En cambio, un acuerdo permitiría finalizar la obra en 2015, «lo que supondría una inmediata generación de riqueza para todos los panameños y aportaría significativos beneficios a todos los que, confiando en la Ampliación del Canal en el plazo previsto, hayan efectuado ya inversiones relevantes», según la nota.

La aseguradora ve prematuro pagar la fianza y apuesta por la mediación

La amenaza de paralización se converte de alguna manera en amenaza de retrasos: «Las obras, que tienen un coste de más de 100 millones de dólares por mes, hoy cuentan con un avance de casi el 70% y técnicamente nada impide que se pueda alcanzar el cronograma presentado. Sólo hay una cosa que puede afectar al proyecto: la difícil situación financiera en la que se encuentra a causa de los costes imprevistos que se han generado, y la consiguiente solicitud del reconocimiento económico de los mismos incurridos en la obra y presentados por GUPC», dice el consorcio.

Cofinanciar los costes

Aunque se han tanteado varias alternativas, finalmente lo que ofreció ayer el consorcio tras una reunión de su consejo de administración es cofinanciar los costes imprevistos para cumplir con el contrato actual dentro del calendario previsto. “GUPC (…) no está pidiendo beneficios extra, solo el cofinanciamiento mientras espera la decisión sobre los mismos del arbitraje internacional”, aunque sin detallar con qué parte de esa cofinanciación correría cada parte.

El consorcio sigue con las obras a bajo ritmo en espera de una solución

El consorcio explica que los fondos que aportase la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) estarían protegidos hasta que los árbitros decidiesen quién debe cargar con los sobrecostes, pues cuentan con las garantías bancarias y de las aseguradoras. GUPC subraya que los sobrecostes están documentados y verificados por la ACP: “No hay discusión sobre la existencia de estos costes imprevistos, lo único que se discute es quién los tiene que pagar, si el contratista o el cliente”, señala en su nota el consorcio, que dice que «está unido y siempre ha tomado decisiones unitarias». Trata de salir al paso así de las informaciones sobre las diferencias entre sus miembros: Sacyr, de España; Salini‐Impregilo, de Italia; Jan De Nul, de Bélgica, y Constructora Urbana SA (CUSA), de Panamá.

El consorcio y el Canal ya negociaron un acuerdo en diciembre bajo la mediación de la aseguradora Zurich, que concluía que GUPC era la opción más barata y más eficiente para completar la obra, un punto que aceptaban ambas partes. El preacuerdo, que al final la ACP rechazó cuando en el consorcio creían que estaba casi cerrado, preveía desembolsos del Canal a modo de adelanto condicionado a lo que la DAB o el arbitraje internacional decidiese sobre las reclamaciones. La negativa de la ACP a firmar el pacto provocó el preaviso de suspensión, según fuentes conocedoras del conflicto. Ahora, GUPC “prorroga el preaviso” sin fecha.

La postura de la aseguradora

Tras el fracaso del intento de mediación de diciembre y el estallido del conflicto, Zurich volvió a dirigirse a Jorge Quijano, administrador del Canal, para subrayarle que caben vías dentro del contrato para que la ACP financie las obras pendientes. Zurich cree improductivo enzarzarse en una batalla legal y aboga por un pacto.

La aseguradora debe hacer frente inicialmente al pago de la fianza en caso de incumplimiento por parte del contratista, aunque a su vez ha reasegurado ese riesgo con firmas nacionales de seguros a la exportación (Cesce, en la parte que corresponde a Sacyr).

Por ahora, Zurich ve prematuro plantearse el pago del aval. Esa fianza es parte del dinero con que contaba el Canal para financiar las obras en caso de ruptura con el consorcio. Zurich, sin embargo, considera que hay demasiados flecos jurídicos abiertos y que para resolverlos haría falta esperar al arbitraje.

Por ello, al igual que la DAB, la aseguradora considera que lo mejor sería una solución negociada. En su análisis de la situación, los expertos de Zurich desmontaban los argumentos de la ACP según los cuales no hay mecanismos dentro del contrato que permitan al Canal financiar las obras sin esperar a un arbitraje.

Zurich considera que cabe un acuerdo entre las partes para cerrar algunas reclamaciones y recuerda que las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) por las que se regirían los arbitrajes contemplan la mediación como alternativa previa. Además, hay reclamaciones que están en primera instancia, sobre las que el Canal tiene plena capacidad de disposición, sin necesidad de remitirlos ni a la DAB ni al arbitraje internacional, que son la segunda y tercera instancia. Un acuerdo completo o parcial sobre esas reclamaciones en una negociación de buena fe permitiría un respiro financiero para continuar con las obras. Además, la aseguradora tampoco ve obstáculos legales para que la ACP adelante financiación para el Canal cuya liquidación final esté sujeta a los mecanismos de resolución de las disputas, como ahora propone el consorcio. Zurich se lamenta de la intransigencia de la ACP para aceptar propuestas que permitan desbloquear el conflicto.

Por ahora, la postura de la española Sacyr, como líder del consorcio, pasa por tratar de acortar la resolución de conflictos, resolver bilateralmente algunas reclamaciones pequeñas, sondear alternativas de financiación (fondos europeos, banca local, aportaciones de los socios…) y esperar que la ACP flexibilice algo su posición, de modo que facilite financiación aunque el ajuste de cuentas quede pospuesto a la resolución de los conflictos.

«La ampliación del Canal de Panamá es una obra estratégica tanto para la economía como para la seguridad mundial. Todo el tráfico marítimo global espera con impaciencia la finalización de este proyecto que permitirá a los barcos atravesar por el nuevo canal ampliado en 2015», decía ayer el consorcio en su nota. El margen para negociar es de días o semanas. Sin acuerdo, la ampliación del Canal de Panamá puede retrasarse meses o años.

23 de marzo – Día Nacional de los Bosques Urbanos

23 de abril – Día Nacional de los Bosques Urbanos

Burica Press, 22 de marzo. Instaurado desde hace 5 años el Día Nacional de los Bosques, intenta ser un día de acción y reflexión sobre la naturaleza y existencia de los bosques naturales dentro o en los alrededores de las ciudades de Panamá.

La ciudad de Panamá es la ciudad más grande y poblada del país y es la única ciudad que conserva muestras valiosas de bosques urbanos, especialmente en los territorios donde estuvo asentada la denominada Zona del Canal, administrada por el gobierno estadounidense durante gran parte del siglo XX. Esta zona mantuvo un plan urbano ligado a la conservación de los bosques y una planificación de baja densidad con generosos espacios verdes para conservación y para esparcimiento. Esta área realmente era un Estado dentro de otro Estado en términos políticos. En este escenario político, luego que Estados Unidos debió devolver estas tierras al Estado Panameño, Panamá recibió valiosas tierras para múltiples usos, entre ellos los bosques naturales.

Mapa OSM de los Bosques Urbanos de la Ciudad de Panamá

Los bosques de mangle (manglares) son un ecosistema marino costero que tienen las ciudades de Panamá, Colón y David. En las ciudades de Panamá y Colón han sido fuertemente destruidos en las últimas 2 décadas. En David también ha habido destrucción de bosques, pero no por presión urbana, sino por presión de la agricultura extensiva. Los manglares son considerados como bosques urbanos si están dentro o en la periferia inmediata de una ciudad.

 

El Parque Natural Metropolitano es un bosque urbano y es hoy uno de los principales centro de educación ambiental para los ciudadanos de la ciudad de Panamá. Este bosque ha estado sometido a presiones urbanas que le han desmejorado su calidad ecosistémica, especialmente con la creación del Corredor Norte (autopista) y las ampliaciones de vías en los otros linderos de este parque.

 

Los bosques urbanos de las áreas revertidas están bajo fuerte presión urbana. Ya varias decenas de hectáreas han sido destruidas para construir urbanizaciones y otro tipo de edificaciones. Muchos de los bosques que muestra esta imagen de satélite ya no existen en el presente (2013).

 

El modelo de urbanismo que reemplaza los bosques urbanos es completamente absurdo, pero le rinde frutos financieros a bancos y empresarios que sin escrúpulos y muchos agujeros legales y en otros casos con flagrante corrupción, obtienen permiso de construcción sobre los bosques urbanos.

 

El Cerro Ancón es el área con bosque urbano rodeado completamente por la ciudad. Es una isla verde de inmenso valor histórico y natural. La riqueza biótica de estos bosques contiene especies de gran significado para la conservación como el venado colablanca, el mono tití y los perezosos, entre otros.

 

El sector oeste del Canal del Panamá contiene invaluables bosques urbanos desde la misma orilla del mar hasta el centro del istmo a lo largo del Canal de Panamá. Actualmente se encuentra amenazado, ya que es una apreciada área para los empresarios que desean construir más residenciales y nuevos polígonos industriales. La fragmentación de estos bosques se ha acelerado grandemente en los últimos 10 años.

 

Los bosques del oeste del Canal de Panamá, como el de la imagen alrededor del aeropuerto de Howard, son fuertemente codiciados como nuevos sitios para ser ocupados. Desde Arraiján en el extremo oeste o desde la ciudad de Panamá las presiones sobre estos bosques pueden llevarlos a su destrucción lenta, pero en constante avance.

 

La ciudad de Colón también tiene invaluables bosques urbanos que le dan buena calidad de vida, belleza urbanística y esparcimiento a los colonenses. Al igual que en la ciudad de Panamá muchos de estos bosques han desaparecido y su suerte es incierta.

 

La ciudad de David ya no tiene bosques naturales de tierra firme. Sólo le quedan bosques de manglares en el extremo sur. Las ciudades que pierden sus bosques terminan siendo ciudades con poca calidad de vida o de poco atractivo urbano, como es el caso de la ciudad de David.

 

El primer bosque revertido a Panamá fue el bosque del Cerro Ancón el 1 de septiembre de 1979. Como símbolo de soberanía se erigió allí una bandera gigante que hoy ondea como símbolo de soberanía en la antigua Zona del Canal. En el período comprendido entre el 1 de septiembre de 1979 y el 1 de septiembre de 1999, Panamá recibió todas las tierras de la Zona del Canal. El mayor tesoro natural recibido dentro de estas tierras fueron los bosques naturales que se extendían como una solo unidad desde el Pacífico de Panamá hasta el Caribe.

El gobierno de Panamá a lo largo de todo este tiempo hasta el momento ha cedido a presión social y la presión corporativa y ha permitido que una enorme extensión, no cuantificada con exactitud, ha sido transformada en áreas residenciales tanto para gente humilde como para especuladores inmobiliarios de todo tipo. Se han hecho modificaciones legales para permitir la venta y posterior destrucción de los bosques urbanos, que son altamente codiciados por los empresarios ligados a los negocios de bienes raíces e inmuebles.

Cuatro ciudades del país también tienen muestras de bosques urbanos de ecología marino costera, denominados manglares: Bocas del Toro, Panamá, David y Colón. En Colón y Panamá los bosques de manglar están siendo literalmente diezmados en la última década. En la actualidad una gran porción de los manglares y humedales de la ciudad de Panamá entre el centro y el aeropuerto internacional de Tocumen están siendo transformados en nuevas edificaciones residenciales e industriales.

El Estado ha sido poco efectivo en salvaguardar la integridad de todos estos bosques urbanos. La corrupción que subyace de fondo impide el ejercicio transparente de la ley y por ende el respeto a los bosques urbanos.

Desde los gobiernos militares de los años ochenta (1980’s) hasta el actual (2013) han sido permisibles con la destrucción de los bosques urbanos. Una cantidad no cuantificada de bosques han sido vendidos con finalidad de desarrollar proyectos inmobiliarios. «Un tesoro natural de los panameños, como son los bosques urbanos, es sólo un negocio más para muchos de los gobernantes. Esto indica que su cociente de inteligencia y su compromiso generacional, sólo la utilizan donde suenan monedas», asegura José Buendía (nombre ficticio) una activista ambiental consultado.

Lo que dice el ciudadano

En la redes sociales, se transmiten mensajes de algunos ciudadanos que han sido testigos de la destrucción de bosques urbanos: «Por un año estuvimos haciendo educación ambiental. Nos unimos como comunidad e intentamos proteger este bosque, el CL – 43 (un bosque urbano en el centro de Clayton). Sin embargo, la codicia, la desinformación de los que toman decisiones ganó. Hoy, lo que fue el hogar de cientos de aves, perezosos, coatíes y demás será otro residencial más, seguramente tendrán nombres como Green Forests, Green, Forst Hills, Ecovillage … Todo es contradicción y hipocresía»

«Lastimosamente la codicia ciega a muchos, ignorantes se les debe llamar a estas personas que por unos reales vende el patrimonio natural de todos y de futuras generaciones», indica otro ciudadano.

«Área Verde Urbana según Ley 21 de 1997 de áreas revertidas. Me duele mucho esto. Me hace sentir que los bribones y depredadores tienen el control del país, no importa quien gobierne. En esto están implicados funcionarios de todos los niveles desde la antigua ARI, luego MEF, MIVI, ANAM, Corte Suprema, etc»; indica otro cibernauta.

De espalda a los bosques

«El tiempo transcurre, los bosques urbanos siguen amenazados. Los políticos parecen estar lejos de comprender el concepto de sostenibilidad y conservación  como una estrategia de desarrollo, y en el caso de los bosques, no es diferente su falta de visión», enfatiza Buendía al respecto.

Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe

ONU-Habitat presenta el Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe

Rio de Janeiro, Brasil 21/08/2012.

>> Descargue aquí el informe completo!

América Latina y el Caribe ha llegado a un punto de inflexión. Después de décadas de crecimiento urbano acelerado y demandas sociales insatisfechas, la región necesita prepararse para una nueva transición urbana. La información consta en el Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe, informe que será presentado hoy en Rio de Janeiro y Ciudad de México.

El gráfico ilustra casos como la Ciudad de Panamá que concentra el 39% de la población total de país y genera 61% del PIB nacional y Lima con el 29% de la población peruana y produce el 52% del PIB. Esto demuestra que existe un problema de la concentración de la población, generalmente por falta de oportunidades y servicios en el resto de las ciudades y el campo de esos países.

El lanzamiento en México se realiza dentro del marco de la XXI Asamblea General de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI).

El informe “Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012” reúne, por primera vez, estadísticas e informaciones completas sobre el proceso de urbanización y los diferentes aspectos que determinan la calidad de vida en sus áreas urbanas.

La transición urbana en la región se ha caracterizado por su velocidad. Si bien ha supuesto mayores oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida para amplios sectores de población, ha tenido un alto costo social, económico y ambiental.

“Para avanzar hacia un modelo de ciudades más sostenibles, más compactas, que doten a nuestras zonas urbanas de una mayor movilidad y eficacia energética, es preciso reafirmar el interés colectivo en la planificación urbanística, trabajar en políticas de cohesión social y territorial, así como en políticas nacionales urbanas, y aplicar reformas al marco legal e institucional”

Joan Clos, Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat).

La publicación apunta algunos de los desafíos que tienen por delante las áreas urbanas y posibles respuestas para afrontarlos teniendo en cuenta la heterogeneidad regional.

Los datos estadísticos e informaciones recabados por el informe muestran que:

1. América Latina y el Caribe reúne casi un 80% de su población (468 millones de personas) en áreas urbanas y, de este porcentaje, la mitad reside en ciudades de menos de 500.000 habitantes.
2. Tras décadas de crecimiento continuo, las tasas de población urbana tienden a la estabilidad. El crecimiento urbano ha dado lugar a nuevos conglomerados, como las áreas metropolitanas o las megarregiones urbanas, que aglutinan múltiples municipios y ofrecen nuevas oportunidades de desarrollo, pero también requieren sistemas de gobierno innovadores y coordinados.
3. Más de dos tercios de la riqueza de la región procede de las ciudades. Además, ha aumentado el potencial y la participación económica de centros urbanos secundarios.
4. Pese a la disminución de las tasas de pobreza en la región, una de cada cuatro personas en áreas urbanas es pobre y los índices de desigualdad de la región se sitúan entre los más altos del mundo. Las ciudades de la región son ciudades divididas social y físicamente. Esa división se manifiesta en la desigualdad de ingreso y la segregación entre la ciudad “formal” y la “informal”.
5. Existe un déficit acumulado de viviendas con estándares mínimos para ser habitadas y más de 111 millones de personas todavía viven en tugurios (el 24% de la población urbana). La región ha logrado mejoras en el acceso a agua y saneamiento, pero aún necesita avanzar para cumplir el compromiso de universalizar ambos servicios y garantizar su asequibilidad, frecuencia y calidad.
6. La escasa planificación y las debilidades de las políticas urbanas han tenido como consecuencia la expansión de las ciudades siguiendo un modelo poco sostenible, con ausencia de espacios públicos accesibles para todos, que privilegia el automóvil en detrimento del transporte en común y mantiene o refuerza la segregación social y espacial.
7. Las ciudades registran altos índices de violencia e inseguridad, que parecen desbordar la capacidad de respuesta de los gobiernos. Aunque la violencia no se da en todas las áreas ni es homogénea en una misma ciudad, la gravedad de sus consecuencias exige esfuerzos coordinados a todos los niveles de gobierno.
8. Se constatan iniciativas importantes para la protección ambiental, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la prevención y respuesta a los desastres naturales. Sin embargo, existe poca conciencia de cómo la urbanización poco o mal planificada aumenta el riesgo a desastres.
9. Los países de la región han dado un impulso decisivo al proceso de democratización y descentralizado numerosas competencias, pero muchos municipios son incapaces de autofinanciarse y carecen de los recursos humanos, institucionales y económicos para su buen gobierno.

El informe señala que, después de décadas en que los gobiernos parecían incapaces de responder a las demandas del crecimiento urbano acelerado, se anuncia una nueva transición en la que el desafío será, no tanto responder a las necesidades en términos de cantidad, sino con mayor calidad, equidad y sostenibilidad.

Existe abundante conocimiento y experiencia en la región para impulsar políticas urbanas orientadas al desarrollo económico y la inclusión social. Para avanzar en esa dirección, es preciso invertir más esfuerzos en el monitoreo de las ciudades y adaptar los mecanismos de planificación, gestión y gobierno a las nuevas realidades del desarrollo urbano.

En un contexto de restricciones económicas y limitación de recursos, la publicación subraya la importancia de la gestión del suelo y el aprovechamiento por los poderes públicos (o municipales) de las plusvalías urbanas para invertir en infraestructuras y servicios. Asimismo, recomienda el fortalecimiento de los mecanismos que permiten orientar los mercados inmobiliarios en defensa del interés colectivo.

Fuente: ONU Habitat

UNESCO evaluó cuatro sitios de Patrimonio Mundial en Panamá

Burica Press, 23 de julio de 2012. El Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desarrolló su 36a sesión del 24 al de junio al 6 de julio, en San Petersburgo,Rusia y ha publicado de manera oficial las decisiones allí adoptadas. Estas decisiones deben ser acatadas por todos los países involucrados y los estados con patrimonio deben someterse a estas decisiones vinculantes.

En la sesión 36, la UNESCO a través del Comité de Patrimonio Mundial tomaron cuatro decisiones sobre Sitios de Patrimonio Mundial en Panamá. Evaluaron el Estado de Conservación del Parque Internacional La Amistad, el Parque Nacional Isla de Coiba, las Forticaciones de Portobelo y San Lorenzo y el Conjunto Monumental de Panamá Viejo y Distrito Histórico de Panamá (Casco Viejo).

Fortificación San Fernando en la Bahía de Portobelo, Colón, Panamá. Han declarado que las Fortificaciones del Caribe de Panamá, San Lorenzo y Portobelo están en peligro y requieren medidas de manejo y conservación urgentes. Si el Estado panameño no sigue los lineamientos de la UNESCO del 2011 al 2015, ambos sitios serían excluidos de la Lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Foto: BD Panamá

A continuación presentamos el texto traducido al español de las decisiones del Comité de Patrimonio Mundial y cuyas recomendaciones deben ser adoptadas por el Estado de Panamá con el fin de cumplir con los preceptos legales que amparan el acuerdo mundial sobre Sitios de Patrimonio Mundial, tanto naturales y culturales.

Han declarado que las Fortificaciones del Caribe de Panamá, San Lorenzo y Portobelo están en peligro y requieren medidas de manejo y conservación urgentes. Si el Estado panameño no sigue los lineamientos de la UNESCO del 2011 al 2015, ambos sitios serían excluidos de la Lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Declararon además que el Parque Internacional La Amistad está a un paso de ser incluido el próximo año en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro, debido a que no se han realizado estudios, ni informes que validen los planes de represas, minería y pastoreo en dicho Parque. También mostraron gran preocupación por la situación actual caótica de Manejo del Parque Nacional Coiba y su estado de conservación.

Finalmente solicitaron al gobierno de Panamá explicaciones sobre proyectos que afectan el Patrimonio Cultural de Panamá Viejo y el Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá. El gobierno mandó representantes a dicha reunión a desmentir los informes de la UNESCO que daban cuentas del inicio de obras de carretera que afectarían gravemente el entorno del Casco Viejo de la Ciudad de Panamá.

Desde el 2008 la UNESCO ha estado monitoreando de cerca el Estado de Conservación de Sitios de Patrimonio Mundial de la Humanidad. La sociedad civil ambientalista y los defensores del patrimonio cultural han denunciado  ante la UNESCO, las decisiones de gobierno que han estado afectando de manera directa estos sitios de interés mundial.

Panamá como Estado ha sido reacia a atender las demandas de UNESCO y en gran medida han desestimado, ignorado y aplazado peticiones directas que esta organización les ha hecho. Panamá está obligada a salvaguardar el valor universal de los Sitios de Patrimonio inscritos, de acuerdo a las regulaciones internacionales mandatorias al respecto.

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Patrimonio de la Humanidad – 36 COM (WHC-12/36.COM/19)

Original: Inglés / Francés

DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LALA CULTURA

CONVENCIÓN DESOBRE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL Y NATURAL

COMITÉ DEL PATRIMONIO MUNDIAL

trigésimo sexto período de sesiones

de San Petersburgo, Federación Rusa 24 Junio ​​- 6 de julio de 2012

DECISIONES ADOPTADAS POR PANAMÁ POR EL COMITÉ DEL PATRIMONIO MUNDIAL EN SU 36a

(San Petersburgo, 2012)

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31. Cordillera de Talamanca-La Amistad reservas y Parque Nacional La Amistad (Costa Rica /
Panamá) (N 205bis)
Decisión: 36 COM 7B.31
El Comité del Patrimonio Mundial,
1. Habiendo examinado el Documento WHC-12/36.COM/7B.Add,
2. Recordando la Decisión 35 COM 7B.29, aprobada en su 35 ª reunión (UNESCO, 2011),

3. Acoge con satisfacción los ejemplos de la cooperación transfronteriza en la planificación del manejo, para hacer frente a las peticiones del Comité del Patrimonio Mundial, y en llevar a cabo misiones sobre el terreno;

4. Lamenta que el Estado Parte de Panamá no era capaz de invitar a una misión de monitoreo reactivo a la propiedad, como se pidió en la Decisión 35 COM 7B.29,

5. Expresa su profunda preocupación por el Estado Parte de la intención declarada de Panamá para completar la represa Bonyic sin un examen previo de los resultados de la continua evaluación ambiental estratégica, y pide al Estado Parte de Panamá para poner en marcha las medidas adecuadas de mitigación en el CHAN- 75 y Bonyic presas para superar las barreras a la circulación de las especies acuáticas a lo largo de los cursos de agua afectados, y también poner en marcha un programa a largo plazo un seguimiento eficaz y largo plazo para medir el grado en que las medidas de mitigación son eficaces;

6. También pide a los Estados Partes a presentar una copia de la Evaluación Ambiental Estratégica al Centro del Patrimonio Mundial tan pronto como se haya completado,

7. Expresa su preocupación por la falta de progresos en el desarrollo y la implementación de un enfoque sistemático con respecto al ganado vacuno en la propiedad, y en la situación sin resolver acerca de los permisos de exploración de minerales que quedan en Costa Rica, y pide además a los Estados Partes para abordar estas cuestiones;

8. Pide, además, que ambos Estados Partes en conjunto inviten a una misión de monitoreo reactivo de la UICN a la propiedad, antes de su 37ª reunión en 2013, que deberá evaluar las amenazas planteadas por la construcción de represas en curso en Panamá, la evolución de las potenciales amenazas planteadas por las represas en construcción, la minería en Costa Rica, el proyecto de carretera previsto para atravesar la propiedad desde Boquete hasta Bocas del Toro, y los efectos del ganado vacuno en la propiedad, y para hacer una recomendación sobre la posible inscripción de la propiedad en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro;

9. Pide además, los dos Estados Partes de Costa Rica y Panamá a presentar al Centro del Patrimonio Mundial, al 1 de febrero de 2013, un informe conjunto sobre el estado de conservación de la propiedad, incluida la paralización de la construcción de represas que pueden afectar el Valor Universal Excepcional de la propiedad, un informe sobre los progresos realizados en la Evaluación Ambiental Estratégica transfronteriza de las represas, un informe sobre los progresos realizados en la resolución de problemas de tenencia de la tierra y uso de la tierra, así como en los otros puntos planteados anteriormente, para su examen por el Comité del Patrimonio Mundial en su 37a período de sesiones de 2013, con el fin de tener en cuenta, y confirmar el peligro real o potencial sobre el valor universal excepcional y la posible inscripción de la propiedad en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.

REFERENCIA
informe de Decisiones  36 ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial ( San Petersburgo, 2012) Página 80 a 81

33. Parque Nacional Coiba y su zona especial de protección marina (Panamá) (N 1138
rev)
Decisión: 36 COM 7B.33
El Comité del Patrimonio Mundial,
1. Habiendo examinado el Documento WHC-12/36.COM/7B.Add,
2. Recordando la Decisión 35 COM 7B.33, aprobada en su 35 ª reunión (UNESCO, 2011),
3. Lamenta que el Estado Parte no presentó un informe sobre el estado de conservación de la propiedad, según lo solicitado por el Comité del Patrimonio Mundial en la Decisión 35 COM 7B.33,

4. Toma nota de que no está claro si el Plan de Manejo para la Zona Especial de Protección Marina se ha finalizado y aprobado como ya se ha instado por el Comité del Patrimonio Mundial en la Decisión 35 COM 7B.33, y considera que la falta de capacidad de manejo de la propiedad, si no es bien conducida, es probable que afecte negativamente su Valor Universal Excepcional,

5. Pide al Estado Parte que confirmar con urgencia la situación del Plan de Manejo de la Zona Especial de Protección Marina, y que informe sobre el progreso en la realización de una Evaluación de Eficacia del Manejo independiente, con el fin de informar sobre la aplicación efectiva del Plan de Gestión y regulación de la pesca, tanto para Parque Nacional de Coiba y su Zona de Protección Especial,

6. Reitera su petición al Estado Parte a elaborar y aplicar un desarrollo de las zonas costeras y la política de conservación a fin de asegurar que los impactos acumulativos de desarrollo costero de la zona del Valor Universal Excepcional de la propiedad se aborden con eficacia, y alienta al Estado Parte para desarrollar esta política sobre la base de una Evaluación Ambiental Estratégica del potencial de desarrollo de la zona costera;

7. Toma nota que el Estado Parte no presentó una Solicitud de Asistencia Internacional revisada para la remoción del ganado de la isla de Coiba, e insta al Estado Parte a volver a presentar una petición revisada con arreglo a las recomendaciones formuladas por el Centro del Patrimonio Mundial y la UICN en el momento de la presentación;

8. Acoge con satisfacción la presentación del Estado Parte de una Declaración Retrospectiva del Valor Universal Excepcional revisada, y también insta al Estado Parte a presentar una versión final en el marco de la Presentación de Informes Periódicos en América Latina y el Caribe,

9. Pide también al Estado Parte a presentar al Centro del Patrimonio Mundial, al 1 de febrero de 2013, un informe sobre el estado de conservación de la propiedad, y sobre los progresos realizados en las cuestiones antes mencionadas, incluyendo las presiones de aumento de la pesca, para su examen por el mundo El Comité del Patrimonio en su 37 ª reunión en 2013.

REFERENCIA

informe de Decisiones  36 ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial (San Petersburgo, 2012) Página 82 a 83

102. Fortificaciones de la costa caribeña de Panamá: Portobelo-San Lorenzo
(Panamá) (C 135)
Decisión: 36 COM 7B.102
El Comité del Patrimonio Mundial,
1. Habiendo examinado el documento WHC-12/36.COM/7B,
2. Recordando la Decisión 35 COM 7B.129, aprobada en su 35 ª reunión (UNESCO, 2010),
3. Toma nota de la limitada aplicación de actividades llevadas a cabo por el Estado Parte con
respecto al delicado estado de conservación del bien,
4. Reitera su profunda preocupación por el estado de conservación de la propiedad, en particular, la degradación significativa y acelerada del tejido histórico que repercute directamente en su Valor Universal Excepcional, y la falta de avances significativos en el tratamiento de las condiciones de decadencia de la propiedad,

5. Insta al Estado Parte a finalizar los procesos relacionados con el establecimiento de límites, zonas de amortigüamiento y los reglamentos relacionados con el de los dos componentes de la propiedad inscrita, y que los presente dentro del proceso de inventario retrospectivo de los informes periódicos de la región de América Latina y el el Caribe,

6. Considera que el Estado Parte no ha cumplido con todas las peticiones expresadas por las Decisiones anteriores Comité del Patrimonio Mundial, y que por lo tanto, la propiedad está en peligro, de conformidad con el capítulo IV.B de las Directrices Prácticas y decide inscribir las fortificaciones en la costa caribeña de Panamá: Portobelo-San Lorenzo (Panamá) en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro;

7. Aprueba el siguiente estado deseado de conservación de la propiedad, para su futura eliminación de la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro:

a) La aprobación y la plena aplicación de un plan de emergencia, una evaluación integral de riesgos estructurales y mecánicos, la estrategia de conservación preventiva y medidas de mantenimiento en San Lorenzo y Portobelo,

b) Leyes nacionales y políticas para la conservación del patrimonio construido en San Lorenzo y Portobelo, definidos y en su lugar,
c) consolidación y conservación a largo plazo a través de planes anuales para los componentes de la propiedad inscrita,
d ) Un sistema de manejo operativo y participativo, incluyendo la relacionada con el plan de uso público, aprobado e implementado,
e) El Plan de Manejo totalmente integrado dentro de los planes de desarrollo territorial y urbano,
f) Invasión y presión urbana debidamente controlada,
g) Los límites y la zona de amortiguamiento de todos los componentes de la propiedad de Patrimonio de la Humanidad, deben estar aclarados con precisión.
h) Los presupuestos para la preparación, implementación y seguimiento del manejo  de las estructuras y las medidas de conservación deben estar garantizados.
8. También adopta las siguientes medidas correctivas y los plazos para su ejecución:
a) se llevarán a cabo inmediatamente (desde septiembre 2012 hasta marzo 2013)

(i) evaluación de riesgos completa para todas las estructuras y materiales construidos, y un plan de emergencia para todos los componentes de la propiedad en coherencia con las recomendaciones de la misión de monitoreo reactivo y marcos de tiempo definidos y la eliminación gradual de su aplicación finalizada,

(ii) Las disposiciones operativas de gestión y presupuesto para su aplicación
garantizada,
(iii) Los presupuestos para la ejecución del Plan de Emergencia (primera etapa)
garantizados,
(iv) Las usurpaciones y la presión urbana adecuadamente controlados y la reforestación se ha llevado a cabo,

(v) Instalación de la Oficina Técnica en Portobelo para asegurar la aplicación de las medidas de conservación y los acuerdos de gestión establecidos y en funcionamiento,

b) se llevará a cabo dentro de un año (en septiembre 2013)
Primera fase del Plan de Emergencia implementado:
Protección
(i) Los límites y zonas de amortigüamiento para cada uno de los componentes de la
propiedad definidos,
ii) las medidas reglamentarias de las zonas de seguridad establecidas para controlar
el desarrollo y combatir las amenazas finalizadas y aprobadas,
(iii) Los indicadores de seguimiento como una herramienta para evaluar el estado de conservación del patrimonio fortificado construido se han puesto ejecución,
gestión y ordenación
(iv) Desarrollo de un Plan de Manejo iniciado,

(v) Las actividades de sensibilización en las comunidades locales para identificar oportunidades de turismo ecológico y cultural para contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades circundantes llevadas a cabo en plena coherencia con las medidas de conservación de la propiedad,

c) que se llevarán a cabo dentro de dos años (en septiembre de 2014):
Segunda fase de Plan de Protección de Emergencia iniciado
(i) las leyes y políticas nacionales para la conservación del patrimonio construido en San
Lorenzo y Portobelo desarrolladas,
la gestión y planificación

(ii) el Plan de Manejo de la propiedad, incluyendo disposiciones programadas y con presupuesto para la conservación, la conservación preventiva y el mantenimiento del patrimonio construido, el uso público y gestión de riesgos finalizado, aprobado y adoptado,

(iii) Gestión, desarrollo territorial y urbano planes integrados,
(iv) los planes de conservación anuales para cada uno de los componentes de la propiedad inscritos, desarrollados y en su lugar,
d) se llevará a cabo dentro de dos o tres años (en septiembre de 2015):
(i) Aplicación del Plan de Emergencia terminado,
(ii) Las disposiciones operativas de gestión y presupuesto para continuar la ejecución del Plan de Manejo aprobado deben estar asegurados,

9. Pide al Estado Parte a presentar al Centro del Patrimonio Mundial una estimación financiera de los costos asociados con la implementación de cada una de las medidas correctivas, e invita al Estado Parte a considerar una solicitud de asistencia internacional del Fondo del Patrimonio Mundial para el apoyo técnico,

10 . Insta también al Centro del Patrimonio Mundial y los órganos consultivos, así como otros órganos competentes, a cooperar con el Estado Parte para aplicar las medidas correctivas adoptadas;

11. Pide también al Estado Parte a presentar al Centro del Patrimonio Mundial, el 1 de febrero de 2013, un informe actualizado sobre el estado de conservación de la propiedad y la aplicación de la anterior, para su examen por el Comité del Patrimonio Mundial en su 37ª reunión en 2013.

Referencias
Decisiones informe – 36 ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial (San Petersburgo, 2012) Página 140-142

103. Sitio Arqueológico de Panamá Viejo y distrito histórico de Panamá (Panamá) (C
790bis)
Decisión: 36 COM 7B.103
El Comité del Patrimonio Mundial,
1. Habiendo examinado el Documento WHC-12/36.COM/7B.Add,
2. Recordando la Decisión 35 COM 7B.130, aprobada en su 35ª reunión (UNESCO, 2011),

3. Reitera su profunda preocupación por el estado de conservación de la propiedad, en particular las cuestiones no atendidas, incluyendo la eficacia del sistema de gestión, el riesgo de colapso de edificios históricos en el Centro Histórico y los impactos potenciales relacionados con el proyecto de Cinta Costera,

4. Recuerda también el informe presentado por la misión de monitoreo reactivo de octubre de 2010, y señala que los temas críticos no han sido ampliamente tratados y sostenibles, y que algunas de las recomendaciones fueron descartadas,

5. Observa también que las medidas solicitadas por el Comité del Patrimonio Mundial en su 35ª reunión sobre las mejoras legales y cuestiones de gestión están todavía en la fase de planificación, y pide al Estado Parte adopte, con carácter de urgencia, la aplicación de las siguientes acciones:

a) Revisar el proyecto de ley para reforzar el papel de las instituciones responsables de la protección del Patrimonio Mundial en el proceso de toma de decisiones para cualquier intervención en el Patrimonio Mundial,

b) presentar oficialmente una política global y respaldada legalmente, para la protección de la propiedad y zona de amortiguamiento, incluyendo la zona marítima y la aplicación relacionada con sus medidas reglamentarias,

c) Mejorar la coordinación en el proceso de toma de decisiones entre la Dirección de Patrimonio Cultural y el Patronato de Panamá Viejo para asegurar las medidas apropiadas para la preservación de los dos componentes de la propiedad,

d) Presentar tres copias impresas y electrónicas del Plan de Manejo actualizado,
6. Acoge con satisfacción el hecho de que el trabajo sobre el viaducto aún no ha comenzado, de acuerdo con la decisión adoptada por el Comité en su reunión 35ª;

7. Observa además que el Estado Parte no haya cumplido plenamente con las peticiones expresadas por la Comisión en la Decisión 35 COM 7B.130 y considera que la continuación del proyecto Cinta Costera III o Viaducto debe ser objeto de un estudio de impacto en cuanto a su valor universal excepcional, en virtud de los criterios actualmente inscritos;

8. Pide también al Estado Parte a presentar una versión actualizada del Plan de Gestión de acuerdo a los requerimientos formulados por la Comisión en su Decisión 35 COM 7B.130, así como una estrategia integral de tráfico urbano de transporte, incluidas las opciones alternativas para la Cinta Costera III,

9 . Pide además al Estado Parte a presentar al Centro del Patrimonio Mundial, el 1 de febrero de 2013, un informe sobre el estado de conservación de la propiedad y sobre la aplicación de lo anterior, para su examen por el Comité del Patrimonio Mundial en su 37 ª reunión en 2013.

Referencia
Las decisiones- 36 ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial (San Petersburgo, 2012) página 143-144

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Ambientalistas defienden a Bahía de Panamá en la Corte

Grupos de la sociedad civil defienden a Bahía de Panamá en la Corte

Presentan argumentos en apoyo a una decisión del Estado Panameño en el caso de conservación del refugio de vida silvestre

Ciudad de Panamá, Panamá — Hoy, en el día internacional del manglar, dos organizaciones de la sociedad civil anunciaron su apoyo al Estado Panameño en el juicio iniciado por desarrolladores requiriendo la nulidad de la protección de la Bahía de Panamá. Las organizaciones, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), presentaron un documento legal de amicus curiae que contiene detalles sobre argumentos legales internacionales y nacionales en los cuales se sobrepone la protección legal establecida mediante Resolución expedida por la autoridad ambiental Panameña.

Los desarrolladores, Panama Bay Development y Compañía Lefevre, presentaron las demandas para promover la construcción y desarrollo de vastos complejos turísticos en la zona. El turismo extensivo en el área traerá impactos ambientales devastadores para este ecosistema sensible.

La costa de la Bahía de Panamá contiene miles de manglares pristinos, los cuales son sitios importantes de anidación para especies de las que depende la industria pesquera Panameña. Cada kilómetro de cubierta de manglar costero genera cerca de los $100,000 USD para el país anualmente.

Millones de aves utilizan la Bahía de Panamá como hábitat, especialmente en los meses de migración desde el norte (septiembre, octubre y noviembre).

Los manglares también ayudan a la protección de los efectos del cambio climático global a través del amortiguamiento de la costa de las tormentas tropicales cada vez más frecuentes y siendo ecosistema que secuestra carbono de la atmósfera en sus raíces. Un bosque de mangle puede secuestrar casi 50 veces más carbono que un bosque tropical del mismo tamaño, razón por la cual se hace una prioridad de conservación de manglares si los países quieren mitigar las catástrofes del cambio climático.

El área protegida de Bahía de Panamá tiene una extensión aproximada de 85,652 hectáreas, casi un tercio del Parque Nacional Coiba en Panamá. La Bahía de Panamá es uno de los sitios más biodiversos del mundo y es un hábitat esencial para las aves migratorias y especies amenazadas como jaguares y tortugas caguamas o amarillas.

“De frente a cada vez más tormentas tropicales devastadoras y ponderosas, derivadas del cambio climático, la destrucción de manglar es una de las peores decisiones que un país como Panamá podría hacer,” dijo Anna Cederstav, co-directora de AIDA.

En palabras de Sandra Moguel, asesora legal de AIDA en México, “El artículo cuarto de la Constitución de Panamá obliga a la observancia de las reglas de derecho internacional en el territorio, por lo que las obligaciones contraídas a través de la Convención Ramsar de Humedales de Importancia Prioritaria y la Convención de la Diversidad Biológica—ambas ratificadas por Panamá—deberán tomarse en consideración al decidir si se revierte la Resolución mediante la cual se crea el área protegida de Bahía de Panamá.”

“La creación o declaración de un área protegida en ningún momento constituye una expropiación. Lo que hace e proteger y garantizar el derecho al medio ambiente sano contenido en la Constitución Política Panameña,” dijo María Acuña, abogada del CIAM.

La Bahía de Panamá con 48,919 hectáreas fue incluida en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de la Convención de Ramsar el 20 de octubre de 2003. En 2005 fue designada, en la categoría más alta, como “Sitio de Importancia Hemisférica” por la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (48,919ha)39. En el año 2009 fue declarada oficialmente como un área protegida oficial del Estado Panameño con la Resolución ANAM-AG- 0072 -2009 y publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 26221 del 11 de febrero de 2009.

Los límites del Área Protegida Humedal Bahía de Panamá comprende los ambientes terrestres, fluviales, lacustres, estuarinos y marino costeros de la porción de la costa de la Bahía de Panamá entre Costa del Este, en la Ciudad de Panamá, distrito de Panamá, hasta el estero de la comunidad de Chimán en el distrito de Chimán en la Provincia de Panamá, colinda al norte con parte de los corregimientos de Parque Lefevre, Juan Díaz, Tocumen, Pacora, Chepo, Santa Cruz de Chinina, Pásiga, Unión Santeña y Chimán, al este con parte del corregimiento de Chimán, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con parte del corregimiento de Parque Lefevre; formando parte de los Distritos de Panamá, Chepo y Chimán, Provincia de Panamá.