Urbanismo y el futuro de Panamá

El futuro de Panamá depende de nosotros

 

Al comienzo de la década del ´90, Desarrollo Costa del Este llevó a cabo el proyecto urbanístico Costa del Este en los terrenos que anteriormente eran el vertedero de basura de la ciudad de Panamá.  Recuerdo que, cuando se realizaba la obra, tuvieron el cuidado de diseñar una urbanización en donde las distintas zonas estaban bien definidas: área industrial, área comercial, área de baja densidad residencial y área de alta densidad comercial.
Las calles y avenidas son amplias, y por supuesto hay parques con área verde para que todos los residentes puedan disfrutar su permanencia en dicha urbanización.  El vertedero de basura desapareció, y hoy día podemos admirar una urbanización bien diseñada, en donde gracias a la iniciativa privada se respeta la zonificación.
A los finales de los años ´90, ICA-Panama, S.A. recibió de parte del Gobierno Nacional la concesión del Corredor Sur.  Este corredor benefició a Costa del Este y al resto de los habitantes de la ciudad capital, ya que permitió que sus residentes pudieran transitar del este al oeste  en un tiempo breve.
El peaje de ese corredor es costoso, y espero que algún día se haga algún reajuste. ICA-Panama, S.A. recibió de parte del Estado el derecho a desarrollar el área denominado Punta Pacífica, en donde anteriormente se encontraba el aeropuerto de Paitilla; además, se acreditó el derecho a rellenar cierta área del mar.  Lamentablemente, este diseño urbanístico es deficiente, ya que no ha previsto el área verde y pública suficiente.  Cuando Punta Pacífica se termine de construir será un desastre residencial, ya que la densidad es muy alta y el tránsito vehicular es un desastre.
En el caso de Fuerte Amador, la ARI construyó la infraestructura para el desarrollo de esta zona, que otrora fuera la gran oportunidad de espacio verde y público para los panameños: sin embargo, luego de la parcelación y venta a promotores para su desarrollo,  esto ha resultado ser otro desastre.  El hecho es por todos conocidos, ya que ciertos promotores han rellenado áreas del mar mayor a la cantidad autorizada.  Además existe una planta de tratamiento de aguas residuales que no funciona.
Las autoridades gubernamentales se han descuidado y al ritmo que va este desarrollo nadie puede predecir cuál va ser el resultado final.  Es triste  ver cómo los promotores, con ayuda de ciertos funcionarios,  han procedido a destruir espacios de gran valor ecológico valioso.
Ahora le toca el turno a las áreas revertidas colindante al Canal de Panamá.  Con frecuencia leemos sobre proyectos que se contemplan construir en esta área.  Además, se aprobó la Ley No. 12 que permite desarrollar potencialmente el 60% de la Cuenca del Canal.  Por casi 90 años los norteamericanos procuraron proteger esta sensible zona.  Ahora los panameños están corriendo para destruirla.  Igualmente están demoliendo edificios por distintos barrios de Panamá para construir torres exageradas.
El futuro del país depende de nosotros; si no hacemos algo al respecto no se podrá disfrutar la ciudad.

Víctor Zakay
Alianza Pro Ciudad

Panamá América, 15 de mayo de 2007

Conservemos nuestro patrimonio natural

Conservemos nuestro patrimonio

Rafael Gutiérrez Wong Arquitecto

 

HEMOS escuchado con preocupación, las pretensiones del Legislativo de vender un área del Parque Camino de Cruces con el fin de obtener fondos para mejorar las instalaciones de sus recintos, método nada digno de quienes deben ser custodio del patrimonio estatal (Ley 10 de 2005).  Por ello, los conservacionistas se han manifestado, y su protesta debe ser escuchada y sopesada por diputados y funcionarios  del gobierno encargados de ordenar el uso territorial, sobre todo, del ya ocupado.

Existen terrenos urbanos sub-utilizados, con infraestructuras inadecuadamente distribuidas para las cuales debieran crearse leyes que incentiven a retomar su uso y desarrollo, en vez de proponer la destrucción de sitios naturales que por ley han sido protegidos. Desproteger esas áreas para ser depredadas innecesariamente, con el mero propósito de obtener fondos alcanzables por medios más juiciosos, es degradante.

Por supuesto que la Asamblea Nacional tiene la potestad de hacer leyes, cambiarlas y acondicionarlas a las necesidades del Estado, pero su principal función es hacerlo pensando en proteger los intereses y bienes activos del mismo, y el ataque al área boscosa será precedente para que similares hechos sigan ocurriendo.  No se necesita mucha inteligencia cuando se obtiene dinero vendiendo lo que se tiene. Vender los terrenos patrimonio del Estado debe hacerse sólo en beneficio del buen desarrollo y progreso, sin perjuicio de condiciones ambientales sanas, necesarias para mejorar la vida de las mayorías, protegiendo el ambiente y condición de nuestro principal recurso, el canal.  El deterioro acelerado a que están llevando sus tierras, aguas y hasta su seguridad de funcionamiento, no lo condicionan a sus necesidades de expansión, sino a la especulación y oportunidad de lucro de un grupo.

Los diputados deben abstenerse de seguir continuando trámites para obtener fondos mediante la simple e irresponsable venta de estos activos del Estado, y buscar en su capacidad legislativa otros medios más inteligentes para obtener los que destinarán a construir lo necesario para la ampliación de su sede; no hacerlo los hace inmerecedores de dichas instalaciones y mejor sería recluir tales cerebros en cualquiera de las ruinas de refugios o edificios recibidos en las áreas revertidas.   Si el que vende ha ofrecido el bien varias veces y no ha recibido propuesta, por supuesto que el participante en tercera licitación o venta directa propondrá menor valor.  ¿Será para beneficiar algún allegado?

El Legislativo, para hacer mejores y nuevas leyes, dice necesitar mejoras a sus instalaciones, construyendo nuevos espacios arquitectónicamente adecuados a los adelantos tecnológicos, que permitirían a los diputados y asesores inspirarse en la planificación de normas y leyes que amplíen el horizonte de progreso a los conciudadanos.

Se supone que las leyes aprobadas en la Asamblea han hecho que «durante los últimos tres años, la economía haya crecido a un ritmo superior al 7%». (Panamá América) generado por el sector privado; sin embargo, ha habido  falta de imaginación para crear una ley que genere los fondos destinables a construir sus espacios «necesarios» sin violentar las leyes protectoras del parque, acción que desdice mucho de los que fueron escogidos y son pagados para proteger los activos del Estado y cuyas iniciativas debieran resultar sesudas. Tal acción sería comparativa con la de los padres irresponsables que, al necesitar medios para llevar adelante a la familia, lo  que se les ocurre es vender el patrimonio familiar.  Como quien dice «para violadores, el padre de la criatura».

La indiferencia popular impide a muchos preocuparse por estos hechos que deterioran cada día el ambiente natural, y por ende, contribuye al calentamiento global, situación que junto con otras decisiones del gobierno, como permitir captura de cetáceos, da marcha atrás de nuestro país en el cumplimiento de propósitos de convenios internacionales para protección al ecosistema mundial. Algunos funcionarios opinan que nuestra oposición al uso de la áreas forestales revertidas obedece a un «síndrome de temor al uso» ocasionando por el largo período de ocupación norteamericana.  Se equivocan, queremos que sigan siendo reserva, ya que es necesario mantener pulmones sanos para el área metropolitana.  Hoy no es necesario usarlas para «urbanizar», menos con el espíritu especulador y poco planificado hacia mejorar el bien de las mayorías del Estado, ya que los gobiernos no han preparado un plan de infraestructuras que las resuelvan durante el crecimiento del desarrollo del área.

Los proyectos que hoy se hacen incrementan problemas de transporte, vialidad, distribución eléctrica y agua potable, tratando de resolver sus problemas sanitarios saturando los sistemas artificiales y naturales existentes, contaminando los afluentes naturales, incluso, vertiendo hacia el Canal. Además, nuestras aprehensiones se deben a que, a pesar de las «encuestas», lo que se observa es que las autoridades encargadas de ordenar el desarrollo regional y urbano en el país demuestran la incapacidad de dar directrices y aplicar normas con criterios correctos que debieran regir para enderezar hacia el uso más adecuado al administrar el recurso territorial, permitiendo, a la iniciativa privada, especular con consecuentes daños permanentes a la verdadera economía del país, con pérdida de tiempo y productividad, constante fuga de divisas ocasionadas por el uso, con deterioro innecesario de áreas ecológicas y de tradicional producción agrícola y ganadera que debieran servir para mantener la creciente población a costos razonables.

No tenemos derecho de privar a nuestras futuras generaciones del mejor uso de estos pulmones.  No podemos derrochar en un momento lo que costó la lucha de varias generaciones, sería egoísta.  No permitamos la venta de terrenos del Parque Natural, debemos conservarlos.

rgutierrez@cwpanama.net

Panamá América, 15 de mayo de 2007

‘No a la violencia ecológica’

‘No a la violencia ecológica’

MARCHA. 150 estudiantes de la facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá (UP) marcharon ayer en contra de cualquier manifestación de violencia e, incluso, contra la agresión ecológica. La actividad, en la que participó el Fer 29 y profesores de la Facultad, terminó en la plaza 5 de Mayo.

«Sí a la ecología, no a la cacería, cuida los árboles», y «alto a la violencia doméstica y en contra de las mujeres» formaron parte de las consignas de los estudiantes.

José Arcia, La Prensa, 13 de mayo de 2007.

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Esta noticia de dos párrafos es muy importante. Destaca que la sociedad panameña desde sus diferentes ángulos sociales y profesionales están internalizando la dimensión ambiental en sus conciencias colectivas.

Esto demuestra que aún a pesar de todo el embrujo de lo superfluo y del consumismo, existen personas que también están internalizando valores muy positivos como la defensa del ambiente.

Burica Press

 

Historia del veneno Dietilene glycol en medicamentos en Panamá

DIETILENE GLYCOL. RASFER INTERNACIONAL CULPA A MEDICOM.

El nexo español de la tragedia

La gerenta general de la firma española, Susi Criado, aseguró que no sabía qué uso le darían a la glicerina.

La empresaria anunció que demandará a Medicom. ‘No nos negamos a dar la cara ante nadie’, advirtió.

 

LA PRENSA/Archivo

JARABE. La Caja de Seguro Social distribuyó la medicina con el químico que usualmente se usa como anticongelante. 849078

Santiago Fascetto
sfascetto@prensa.com

La empresa española no tiene dudas. La gerenta general de Rasfer Internacional, Susi Criado, está convencida de que la «glicerina» que mató a cien personas en Panamá se «transformó» en el químico letal dietilene glycol detrás de las paredes de la local Medicom, a quien le envió 46 bidones de esa sustancia química el 23 de septiembre de 2003.

«En ningún momento Medicom nos aclaró que el producto era para uso medicinal, para fabricar fármacos ni para ninguna otra cosa», dijo Criado a La Prensa, en diálogo telefónico desde España. Según consta en la investigación judicial, la empresa panameña no avisó a Rasfer que la glicerina pura debía ser apta para consumo humano.

«Nosotros ni vemos el producto. El ministerio de la Sanidad no nos autoriza a manipular la mercadería», explicó Criado, quien anunció además que demandará a la firma panameña. «Vamos a demandar a Medicom porque nos hicieron mucho daño», dijo.

Medicina tóxica deja rastros

El dietilene glycol ha figurado en por lo menos ocho envenenamientos masivos en el mundo. Los investigadores calculan que miles de personas han muerto. Si bien en muchos casos el origen preciso del veneno nunca se ha determinado, documentos muestran que, en tres de los últimos cuatro casos, fue fabricado en China, importante fuente de medicamentos apócrifos.

Panamá es la víctima más reciente. El año pasado, los funcionarios gubernamentales del país añadieron, sin su conocimiento, dietilene glycol a 260 mil botellas de medicina para el resfriado, con resultados devastadores. Las muertes de Panamá llevan directamente a compañías chinas.

DIETILENE GLYCOL. JUSTICIA ESPAÑoLA ENCUENTRA INCONGRUENCIAS EN DOCUMENTOS.

Tras los pasos de la inofensiva ‘glicerina’

Susi Criado, de la empresa Rasfer, señaló que el Ministerio de Sanidad Español prohíbe que las importadoras revisen la mercancía recibida de países fuera de la Unión Europea.‘No tenemos laboratorio para tocar el producto’, indicó. La Fiscalía de Barcelona fijó en esa ciudad la jurisdicción de la demanda entablada por los familiares de las víctimas. En España, el juicio por este caso podría tener una duración de hasta cinco años.

LA PRENSA/Ana Renteria

FACSÍMIL. A la izquierda se encuentra el análisis en chino de los productos químicos que mandó a España Fortune Way Company. A la derecha, la traducción al español que hizo Rasfer.

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Redacción de La Prensa
panorama@prensa.com

El veneno recorrió sin control 18 mil 496 kilómetros. Pasó por tres continentes. Se subió a dos barcos de carga y traspasó tres aduanas. A pesar del largo viaje y de las innumerables «barreras» legales, el líquido mortal llegó hasta el estómago de cientos de personas, camuflado de inocente jarabe para la tos que distribuyó la Caja de Seguro Social. Y en otros casos se introdujo sigiloso por medio de una pasta para la piel.

El recorrido del mortal químico dietilene glycol, encubierto de «glicerina pura», es una cadena que aún la justicia no puede liberar, aunque ahora asoman algunas pistas.

La empresa española Rasfer Internacional reetiquetó los 46 bidones de supuesta glicerina que envió a Panamá el 23 de septiembre de 2003, según investigaciones realizadas por autoridades judiciales de España.

La gerenta general de Rasfer Internacional, Susi Criado, admitió que un empleado de la empresa -Joan Ramón Bastlledni- sacó las etiquetas que pegó en los envases la firma importadora china Fortune Way Company y colocó unas de Rasfer con la dirección de Medicom, la firma panameña que recibió la mercadería.

«El resto de las etiquetas del fabricante original con el nombre, lote y demás datos no se tocaron. En ningún momento se abrieron ni manipularon los bidones», remarcó Criado, en declaraciones telefónicas a La Prensa desde España.

Pero, según investigaciones realizadas en España, cuyos resultados están contenidos en la asistencia judicial que solicitó el Ministerio Público panameño, cuando los funcionarios de la Policía española llevaron a cabo la inspección en Rasfer descubrieron que en el documento de embarque del producto hubo un error o alteración en la identificación del número de lote.

En sus documentos de compra-venta de la mercancía remitida a Rasfer, las empresas chinas Fortune Way Company (exportadora) y Taixing Glycerin Factory (productora) identifican el lote de glicerina con el número 13071601.

Y con esa misma numeración, la mercancía fue almacenada en Barcelona, pero Rasfer elaboró otro documento vinculado con la transacción del producto, identificando ese mismo lote con el número 25984. Aún así, la numeración de las etiquetas de la sustancia que llegó a Panamá reconocía el lote 130716101.

«El número 25984 corresponde a nuestra referencia. Es un requisito de nuestra norma ISO para seguir la trazabilidad del producto que siempre realizamos. Pero el producto conserva el número de lote original del fabricante», afirmó Criado.

ESPERANDO EN BARCELONA

La glicerina que llegó a España procedente de China el 3 de septiembre de 2003 fue guardada en el depósito aduanero de la empresa Idyca Operador Logístico, en Barcelona. Y allí estuvo almacenada 18 días antes de iniciar su último tramo del viaje hacia Panamá.

«Los bidones estuvieron en los mismos embalajes de almacenamiento con los que llegó a España», dijo la responsable de la empresa española.

Criado está convencida de que la glicerina pura se «transformó» en veneno tóxico detrás de las paredes de Medicom. «No se puede decir que el fabricante no fabricó glicerina, eso se tiene que demostrar», sentenció.

Otro documento hallado por la Justicia ibérica en Rasfer es el número 936622723, fechado el 15 de septiembre de 2003. Allí se informa a Idyca Operador Logístico que al día siguiente (16 de septiembre de 2006), la empresa aduanera Gimax iba a retirar un lote de 55 kilos de «Ácido Undecilémico», que sería enviado por barco a Medicom.

Esa nota es corregida luego y se aclara que, en realidad, se trata de otras ustancias químicas. En ese embarque viajaron, además, los nueve mil litros de glicerina apócrifa.

La ejecutiva declaró que Rasfer no tenía ninguna obligación de controlar el contenido de los productos químicos que llegaron desde China. «La obligación de analizarlo corresponde al fabricante de la materia prima y a quien utiliza dicha materia prima para elaborar medicamentos», dijo.

Inclusive, Criado sostuvo que el Ministerio de Sanidad de España prohíbe que importadores revisen la mercadería llegada de países no pertenecientes a la Unión Europea. «No tenemos laboratorio ni infraestructura para tocar el producto».

Indicó, además, que no se le dio ningún trato especial al cargamento de glicerina durante el transporte por mar desde China a España. «Se trataba de un producto que no requiere almacenamiento específico ni temperatura concreta para su traslado».

El precio de la muerte

Rasfer pagó a la exportadora Fortune Way Company la suma de 9 mil 900 dólares por la glicerina pura del 99.5% y le cobró a Medicom 11 mil 322 dólares. La transacción le dejó a Rasfer mil 422 dólares.

Pero al final, según Criado, Medicom no les pagó ni un solo centavo, por lo que el 25 mayo de 2004 interpusieron una querella ante el Juzgado Tercero de lo Civil de Panamá.

Aclaró, sin embargo, que desistieron de la acción, porque comprobaron la insolvencia de la empresa panameña. «Nuestro abogado nos dijo: a esta gente no la encontramos, dejen la demanda para no perder más dinero».

Según Valentín Jaén, abogado de Medicom, la empresa española miente.

«Nuestros clientes le pagaron a Rasfer en octubre de 2006 parte de la deuda y fue por ello que Rasfer suspendió la demanda».

«A Taixing no le compramos nunca más. Antes le habíamos comprado alguna pequeña cantidad que vendimos en España. Nunca ha pasado nada», alegó Criado.

Hasta que pasó. Cien personas perdieron la vida, según el Gobierno.

Para los familiares de las víctimas, el número se eleva a

(Con colaboración de José Otero, Santiago Fascetto y Rafael Luna Noguera).

‘Le seguimos comprando a Fortune Way Company’

Las ganancias de Rasfer Internacional descendieron al infierno. «Por la tragedia en Panamá perdimos la mitad de las ventas. Más de seis millones de dólares», expresó Susi Criado, máxima ejecutiva de la empresa con sede en Barcelona. Ese bajón de las operaciones hizo, además, que la firma redujera la nómina de personal.A pesar de la crisis a raíz de la glicerina (que terminó siendo dietilene glycol) que llegó desde China y terminó en Panamá, Criado respaldó al exportador del gigante asiático que le vendió el producto químico.

«Le seguimos comprando a Fortune Way Company. Con esa empresa trabajamos desde hace 10 o 12 años», dijo.El camino que tomaron con Taixing Glycerin Factory -el productor que desarrolló la supuesta «glicerina»- fue otro. «A la fábrica jamás le volvimos a comprar. Aparte, nunca más volvimos a comprar glicerina. A Criado le cuesta nombrar el químico que, mezclado con un inocente jarabe desató la mayor tragedia moderna de Panamá.

No quiere o no puede. «Lo que no me deja dormir es la pena de toda esta gente que por un fallo de no se quién se está muriendo», afirmó, cambiando el tono de voz. El 2 de octubre de 2006 quedará en la memoria de todos los panameños. Ese día se confirmó lo impensado. Un remedio para combatir un mal menor terminó llevando a una cama de hospital a cientos de personas. «Nos enteramos de las muertes en noviembre de 2006, en el momento en que vino la inspección de la Agencia Española de Medicamentos. Sin advertirnos nada, nos pidieron toda la documentación y después de revisarla nos dijeron para qué habían venido», narró.

«A mí, me cambió la vida», concluyó.

A otros también.

El juicio sería en Barcelona

La Fiscalía General de España decidió que será Barcelona la jurisdicción de la demanda entablada contra Rasfer Internacional el 23 de abril pasado por los abogados de los familiares de las víctimas.

Michael Pierce, uno de los juristas, confirmó que el traslado del caso fue aprobado la semana pasada y se espera que la querella sea admitida en breve.

La fiscalía española optó por Barcelona, ya que allí está radicada Rasfer, concretamente en la avenida del Jordán, número 26.

El proceso, según explicó el abogado Alejandro Sanvicente, quien lleva el caso en España, da cuenta de que ahora corresponde a la Fiscalía de Barcelona realizar las investigaciones preliminares y si comprueba que hay elementos probatorios remitir el expediente a los tribunales.

En España, dijo, estos procesos incluyen las demandas penales y civiles, y pueden demorar entre cuatro y cinco años.

Pierce consideró que el caso representa una causa de trascendencia internacional, no solo por la cantidad de víctimas involucradas -por lo menos un centenar de muertos-, sino por la implicación de empresas de tres países: CNSC Fortune Way Company y Taixing Glycerine Factory de China, Rasfer de España y Medicom de Panamá.

«Esperamos que estos países adopten medidas más efectivas para controlar el trasiego de materias primas y medicamentos para el consumo humano», dijo.

Indicó que en algunos países se obliga a los importadores a depositar garantías monetarias, que pierden si hay anomalías con las mercancías, lo que los obliga a revisar sus productos antes de entregarlos.

«El problema en China es que hay miles de corporaciones pequeñas como Taixing Glycerine Factory (que produjo la sustancia contaminada con el dietilene glycol), las cuales no tienen cómo exportar sus productos y por tanto los venden a CNSC Fortune Way Company, la cual sí tiene la capacidad de exportación pero reenvía las materias primas sin verificarlas. Allí está parte del problema. No se hacen responsables en China ni en ninguna otra parte del mundo», acotó Pierce.

Fuente: La Prensa, 15 de mayo de 2007.

 V er además: La historia del dietilen glycol en medicamentos en Panamá publicado por el New York Times