Derecho ambiental: Tesis

Debido a la importancia del tema ambiental y el reforzamiento de la legislación ambiental en Panamá, incluimos a continuación una lista del año 2000, sobre investigaciones de tesis de derecho ambiental realizadas en universidades de Panamá.

El cuadro indica los autores, el título de la tesis, la universidad en la que se hizo, el año, el código de catálogo y en número de páginas.

Burica Press

Tesis de Derecho Ambiental
Autor	Título	Universidad	Año	Código	Págs.
Alemán, Mónica	Una propuesta para la creación de un Código Ambiental en Panamá	UP	1992	T340 Al2	224
Altuna, Roma	El derecho ambiental desde la perspectiva jurídica panameña	UP	1993	T340 Al7	115
Alvarez, Maity	Análisis legal del desarrollo industrial y la contaminación atmosférica en Panamá	UP	1992	T340 Al8	150
Avila, Manuel	Régimen jurídico panameño en la materia de contaminación del medio	UP	1993	T347.79 Av5	112
Barría, Tilsa	Explotación maderera industrial y su regulación en la legislación forestal panameña	UP	1997	T340 B27e	112
Bazán, Rosa	Régimen ecológico en la Constitución	UP	1995	T340 B34	278
Boyas, Yessica	La servidumbre de acueducto y desagüe en la legislación panameña y sus repercusiones en la salud ambiental en Panamá	UP	1997	T347.2 B64	145
Cabrera, Elías E.	El derecho ambiental como política para desarrollo turístico	Usma	1998	T344.076 C117	124
Campos, Vanessa	El estudio del impacto ambiental en Panamá	UP	1998	T340 C15	520
Casasola, Yira	Consideraciones jurídicas sobre la contaminación ambiental por desechos sólidos	UP	1992	T340 C26	200
Castillo V., Oriel O.	Régimen jurídico sobre la protección contra la contaminación de la cuenca hidrográfica del Río Chagres o del Canal	UP	1997	T340 C27r	166
Correa P., Néstor J.	Régimen jurídico del uso de aguas en Panamá	UP	1998	T340 C81r	335
Cueto C., Roberto A.	Perspectivas de un derecho ecológico ante la contaminación ambiental y la explotación de los recursos naturales	UP	1995	T340 C89	155
Cunningham H., Aquiles	Nuevo régimen jurídico de protección forestal	UP	1991	T340 C91	148
De León S., Denia M.	La contaminación de las aguas por las descargas de los residuos industriales y domésticos en Panamá…	UP	1995	T340 D37	166
De Puy V., Miguel A.	El cambio de deuda por naturaleza en la legislación panameña	Usma	1995	T348.8046 D425c	239
Della Togna N., Marisel	Marco legal del manejo intregral de los recursos naturales de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá	Usma	1994	TA348.8046 D357	348
Domínguez G., Evaristo	De la necesidad de adoptar un Código Ambiental y la recopilación de la legislación vigente en materia ambiental	UP	1997	T340 D71	173
Fernández P., Alfonso	Análisis de la eficacia del régimen ecológico en la constitución panameña	UP	1998	T340 F39a	328
Gaona M., José P.	El daño ecológico y la sanción jurídica	UP	1997	T340 G15	214
González, Raul	El regimen jurídico de la fauna silvestre en Panama	Ulacit	1998	T1185 08621	100
González S., Mayté G.	Propuesta de un curso de derecho ambiental para estudiantes de licenciatura	UP	1996	T340 G59	351
Guerra D., Anaís J.	El nuevo régimen forestal de Panamá según la Ley nº 1 de 3 de febrero de 1994	UP	1996	T340 G93c	181
Lara M., Griselda A.	Análisis de la normativa legal del manejo y disposición de los residuos sólidos urbanos (domiciliarios) en la legislación panameña	UP	1996	T340 L32	268
Malca, Shirley	Restricción a la propiedad privada en relación con el medio ambiente	UP	1997	T347.2 M292	201
Mitel, Simone	Análisis penal-criminológico del delito ecológico en Panamá	UP	1991	T343.2 M69	161
Montañez, Rosa I.	Aspectos legales de planificación urbana: su aplicación en Panamá	UP	1997	T336.77 M76
Moore, Victoria	Alternativas de manejo de la tenencia de la tierra en áreas protegidas con énfasis en reservas de biósfera y sitios de patrimonio mundial	UP	1993	T333.1 M78	609
Noriega, Gabriel	Aspectos legales para la conservación de recursos marinos	Usma	1994	T348.8046 N841	436
Olivares, Oris	Centro de estudios y protección del medio ambiente marino en Portobelo	Usma	1995	T727.533372 OL48	256
Pérez, Abel	La contaminación de los mares por los hidrocarburos	UP	1994	T340 P41c	136
Prestán, Yoanny	Marco legal para la ejecución de políticas sobre protección de fauna silvestre en áreas silvestres protegidas	UP	1998	T340 P92	258
Rodríguez, Yesenia	La reforestación en Panamá, aspectos legales y administrativos	UP	1996	T340 R61	173
Sánchez, Thania	Aspectos jurídicos de la protección al bosque tropical	UP	1996	T340 Sa5	503
Sánchez A., Irina	Legislación ecológica en Panamá frente a un marco comparativo internacional con América Latina	Usma	1997	T348.80542 Sa211L	210
Suárez, Sidia	Diagnóstico de la legislación ambiental y su desarrollo en la actual problemática ecológica	UP	1992	T340 Su1	228
Sucre, Carlos	Protección legal del medio ambiente en la Cuenca del Canal de Panamá	Usma	1994	T348.046 Su942	283
Torres H., Janett I.	Marco jurídico e institucional de las áreas silvestres protegidas en Panamá y Centro América	UP	1996	T340 T63	219
Vergara C., Benigno	El ecosistema de manglar en el pacífico de Panamá: su manejo, conservación, su uso y su reglamento	UP	1997	T347.79 V58e	332
Villareal A., Noé	Regulación jurídica del agua como recurso natural	UP	1993	T340 V71	163
Von Chong R., Arnulfo	La conservación del medio ambiente en Panamá	UP	1995	T340 V891	129
Yee M., Sashy M.	Uso y aprovechamiento de las playas en el área de Coronado	UP	1997	T344 Y35	197

Si alguien tiene un listado más actualizado por favor le agradeceremos nos los haga llegar al correo buricapress@gmail.com para actualizar esta lista.

Las mineras y su propaganda

Prosigue la crisis ambiental

El resguardo del patrimonio ambiental, en momentos en que el mundo está a  vuelta  de esquina de un agotamiento de los recursos, pasa a ser una reserva para contingencias de futuros, que todo Estado tiene obligación de crear y preservar. Ya se trate de agua, energéticos, bosques o alimentos, es inadmisible comprometerlos en aventuras económicas de vigencia transitoria.

Los yacimientos de minerales preciosos tienen la especial característica de que su explotación no sólo compromete al recurso específico, sino que la naturaleza de los trabajos, para hacer posible esa explotación, compromete seriamente a otros recursos. De tal manera que para explotar una mina, hay que degradar el entorno por la tala de bosques y la explanación de terrenos, y para procesar el mineral extraído hay que contaminarlo mediante los químicos que se usan. La explotación de yacimientos auríferos ha cambiado radicalmente con respecto a aquella explotación que se nos mostraba en tantas películas del Oeste. Desde el hallazgo de pepitas en aluviones, hasta la explotación de minas en túneles o socavones, era  lógico que esto fuera posible por el hallazgo de ricas vetas cuyos rastros era necesario seguir mediante el esforzado trabajo en túneles.

En la actualidad, después de años de incansable extracción y saqueo de la entraña terrestre, parece no haber más vetas que seguir. Para sustituir este procedimiento los modernos rastreos mediante fotografía aérea y espectrofotometría, permite ahora radiografiar una montaña y diagnosticar su composición en materiales nobles y otros no tanto. Al final es posible, mediante topadoras, arrasar una montaña para obtener el material de una sortija. Esta devastación es la que se produce mediante la minería de tajo abierto. No es el caso de este escrito entrar a dilucidar si nuestro país puede renunciar o no a la actividad minera; pero lo que sí es seguro, es que la minería a cielo abierto debe ser proscrita de los planes de desarrollo del país, por cuanto que para ella pueda realizarse en nuestro territorio debe ser practicada en áreas boscosas. No es el mismo caso del litoral del Pacífico sudamericano, en donde este tipo de minería se practica en suelos desérticos, en los que  la modificación del paisaje no opera con igual intensidad. Es por ello que, ante la campaña mediática emprendida por la minera de Petaquilla, basta para entender que algo muy turbio y dañoso se debe estar produciendo para que necesite ser encubierta con tan grande cortina de humo propagandística. A lo anterior sumase ahora la pretensión, de otra compañía, de prospectar yacimientos auríferos en el sur de Soná y tendremos un panorama más completo de cómo estas transnacionales tan peligrosas concurren sobre nuestro  país, como si huyeran recibido una señal de que nuestro patrimonio natural ha sido puesto en subasta. La ciudadanía debe oponerse con firmeza a este tipo de proyectos.

Juan Carlos Mas C.
Médico

ACP no defiende la cuenca del Canal

La destrucción de la Cuenca

Desde hace varios años  Panamá ha venido realizando una serie de estudios técnicos y científicos relacionados con la conservación de los recursos naturales de la Cuenca Hidrográfica del Canal, siendo el primero de éstos el Plan Maestro de Usos del Suelo para la zona y la cuenca hidrográfica de la vía interoceánica (1979).  El último de estos estudios, «Proyecto de Monitoreo de la Cuenca del Canal-2000.  Informe Final», concluye que dentro de las acciones antropogénicas que son motivo de preocupación en torno a la salud ambiental de la Cuenca se encuentran la urbanización y las actividades comerciales.

El Informe del Grupo de Trabajo sobre la Cuenca del Canal de Panamá (Sumario Ejecutivo) (1986), coordinado por el Dr. Stanley Heckadon, y el documento «La Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá: Prioridades y Acciones Recomendadas para su Manejo Integral (1995)», coordinado por el Ing. Jaime Johnson, no sólo coinciden en que la urbanización es una amenaza para los recursos naturales de la Cuenca del Canal, sino que se constituyeron en el principal antecedente del mandato constitucional consagrado en el Artículo 316 de Nuestra Carta Fundamental y que, como alguien atinadamente dijo, «(…) busca evitar que las decisiones adoptadas en relación con los bienes del Canal y de sus recursos naturales se vean afectados por los desórdenes e improvisaciones de orden político», al otorgarle a la ACP la responsabilidad, de manera «privativa», de la conservación de los recursos hídricos de la Cuenca del Canal.

En desarrollo del mandato constitucional nace toda una normativa destinada a proteger los recursos naturales que garantizan el buen funcionamiento del Canal y el abastecimiento de agua para la población, tales como la Ley No. 19 de 11 de julio de 1997, «Por la cual se organiza la Autoridad del Canal de Panamá», y los Acuerdos No. 53 de 29 de enero de 2002, «Por el cual se aprueba el Reglamento del Uso de Área de Compatibilidad con la Operación del Canal y de las Aguas y Riberas del Canal», y No. 116 de 27 de julio de 2006, «Por el cual se aprueba el Reglamento sobre Ambiente, Cuenca Hidrográfica y Comisión Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá», ambos de la Junta Directiva de la ACP.

Frente a ese panorama jurídico, la Administración de la ACP ha dado muestras de negligencia al permitir la aprobación de la Ley No. 12 de 2007, que favorece el desarrollo de actividades económicas y de generación de empleos de carácter comercial y residencial en la Cuenca del Canal.  ¿Por qué el Administrador de la ACP no adoptó una postura más crítica en un debate legislativo con serias implicaciones sobre los recursos naturales adyacentes al Canal?

En un acto de desprecio a un esfuerzo intergeneracional destinado a velar por la sostenibilidad de los recursos naturales necesarios para el funcionamiento del Canal, la aplanadora legislativa del gobernante Partido Revolucionario Democrático aprobó en tercer debate, en plena madrugada del 31 de diciembre de 2006, un cuerpo normativo que a todas luces es incompatible con la conservación de la Cuenca del Canal.  Tristemente, al final prevaleció la política de la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, instancia gubernamental que se ha burlado del Plan Regional para el Desarrollo de la Región Interoceánica, un instrumento de ordenamiento territorial adoptado mediante Ley No. 21 de 1997 que recomienda orientar el crecimiento urbano fuera de la Cuenca del Canal, a fin de garantizar la disponibilidad y calidad de los recursos naturales necesarios para el funcionamiento del Canal de Panamá y el abastecimiento de agua para la población.

Ante la posible construcción de una autopista energética que, en mi opinión, es incompatible con la conservación de la Cuenca del Canal, instamos a la Junta Directiva de la ACP y a los organismos no gubernamentales y de cooperación internacional con intereses en la Cuenca del Canal, entiéndase Cáritas Arquidiocesana, Fundación Natura y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a pronunciarse en torno a este entuerto legislativo, producto de una gestión gubernamental que se ha caracterizado por la improvisación y la ausencia total de planificación.

José H. Santos Aguilera
Abogado y ambientalista

Bosques en venta es gula y falta de valores

Patrimonio natural en venta

El acto de venta en subasta pública de terrenos, ahora comprobados pertenecen al Parque Nacional Camino de Cruces, por la Asamblea Nacional, siendo proponente el Diputado Rogelio Paredes, es una evidencia de que nuestro país no tiene suficientes valores que demuestren respeto profundo por el patrimonio natural, y  demuestra nulo interés científico, y en particular ecológico, por quienes debieran legislar para salvaguardar nuestros patrimonio natural y biodiversidad.

Por razones políticas y tácticas se completó la Vía de la Amistad,  por donde está el terreno en venta, en la década de 1980.  Los norteamericanos hacían uso de ese sendero  desde  1940 para trasladar residuos y basura al área del terreno en venta por la Asamblea, hecho que demuestran mapas logísticos y topográficos de la antigua Reserva Militar de Clayton, cuyos terrenos que debieron pasar en su totalidad al Parque Nacional Camino de Cruces.   Si no creen, busquen en los mapas y archivos del Departamento de Defensa y de Estado, y en los Archivos Nacionales de Estados Unidos. Ningún promotor inmobiliario inteligente, y mucho menos uno que haya sido alumno mío,  compraría un terreno para desarrollar proyectos inmobiliarios donde probablemente hay residuos tóxicos y hasta cancerígenos, ya que recordemos que fue en Clayton y su Reserva Militar que operó el Centro de Pruebas Tropicales (Tropic Test Center) que llevó a cabo innumerables pruebas, las cuales mermaron la vida de centenares de soldados norteamericanos y la fauna y flora del área entre la II Guerra Mundial y el conflicto de Vietnam, dejando incontables residuos tóxicos. El área en cuestión fue el vertederos de residuos de Clayton.

 

 La presencia de sustancias peligrosas en vertederos en las áreas del Canal ha sido materia de conflicto y discusión desde antes de los Tratados Torrijos-Carter.  Mal haría un promotor inmobiliario ser parte de esta perniciosa trama sin terminar. 

 

Con las dudas reales que el sector inmobiliario nacional ha provocado con toda razón a nivel internacional, lo último que un promotor querría ahora es mancharse con sustancias militares tóxicas.  Nadie en Europa o Estados Unidos querrá comprar una apartamento o residencia de lujo sobre vertederos de residuos militares tóxicos. En el peor de los casos, el promotor intentaría proponer un relleno similar al de Costa del Este, pero semejante destrucción en los límites del Parque Nacional Camino de Cruces acabará sin duda con ese parque y con el Parque Nacional Metropolitano y con el patrimonio de todos.

En situación similar se encuentran el terreno recientemente vendido al Colegio Javier y el ocupado por el Ministerio de Vivienda en Clayton, que están enclavados en el Parque Camino de Cruces como una mordida venenosa y altamente tóxica. El atentado de venta del Parque Nacional Camino de Cruces es consecuencia directa de la orgía inmobiliaria que viene socavando nuestro patrimonio cultural e histórico, y ahora se enrumba a destruir nuestro patrimonio natural.   Ese es el discurso de algunos de los arquitectos que apoyan a los promotores que desean especular insaciablemente con nuestros recursos patrimoniales; según ellos la ciudad tiene que crecer desarrollando -léase talando y arrasando-  los parques nacionales Camino de Cruces y Metropolitano. Si quiere conocer estos parques, apresúrese porque pronto un puñado de  desarrollistas los acabarán y los harán el patio exclusivo de las propiedades de sus compradores privados.

Azael Barrera
Docente

El Panamá América, Usted Decide

A consulta pública Estudio de Impacto Ambiental de Ampliación del Canal

Se inicia consulta para Estudio de Impacto Ambiental de Ampliación del Canal
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PANAMA | ACAN-EFE – 1 agosto de 2007

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) iniciará mañana la consulta pública para el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), categoría III, del proyecto de ampliación de la vía interoceánica, informaron hoy fuentes oficiales.

El proceso se extenderá durante 20 días e incluirá dos foros en las ciudades de Panamá y Colón, donde serán construidas las esclusas para el paso de buques de mayor calado, como los pospanamax.

Durante el periodo señalado, el documento estará disponible para consulta de la ciudadanía en las oficinas de la Administración de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), en la ciudad de Panamá, destaca un comunicado de la ACP.

Los comentarios y recomendaciones sobre el EsIA deberán remitirse de manera formal a la Administración General de la ANAM dentro de los 20 días hábiles que permanecerá abierta la consulta pública.

Los dos foros públicos en los cuales se presentarán los resultados del estudio se realizarán en el poblado de Gatún, en Colón, el domingo 26 de agosto próximo, y en el Centro de Capacitación de la ACP, en Panamá, el domingo 2 de septiembre próximo.

El EsIA del proyecto de Ampliación del Canal fue elaborado por la empresa panameña URS Holdings Inc.,filial de la estadounidense URS Corporation, en consorcio con la Fundación de la Universidad de Panamá, la Fundación de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y la consultora estadounidense Entrix, a la que la ACP adjudicó el contrato para este trabajo en febrero pasado.

La ampliación del Canal de Panamá tiene un coste de 5.250 millones de dólares y será construida en un periodo de ocho años (2007-2014).